Casación cambió la integración para revisar recursos de Bailaque en causas vinculadas al narcotráfico y una presunta extorsión

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que tribunales colegiados deberán revisar una serie de impugnaciones vinculadas con Marcelo Bailaque, el exjuez federal de Rosario acusado en distintas causas por presuntas irregularidades cometidas durante su función. Las decisiones alcanzan a dos expedientes diferentes que todavía tienen cuestiones probatorias y procesales pendientes antes del juicio.

En ambos casos, el camarista Daniel Petrone había sido sorteado para intervenir de manera unipersonal. Sin embargo, consideró que las impugnaciones debían quedar en manos de una integración colegiada y devolvió los expedientes a la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal para que continúe el trámite bajo ese criterio. Los pronunciamientos no resuelven todavía ninguno de los planteos de fondo. La definición alcanzó, por ahora, a la forma en que deberá integrarse el máximo tribunal penal del país para analizarlos.

Bailaque estuvo al frente del Juzgado Federal N°4 de Rosario hasta el 1° de julio de 2025, cuando se hizo efectiva la renuncia que había presentado al cargo y que fue aceptada por el Poder Ejecutivo. Para entonces ya enfrentaba distintas investigaciones penales por su actuación como magistrado.

Uno de los expedientes es el FRO 9010/2024, vinculado con la actuación del exjuez en investigaciones relacionadas con Esteban Lindor Alvarado, uno de los nombres centrales del narcotráfico rosarino.

En ese caso, el Ministerio Público Fiscal acusó a Bailaque de haber favorecido los intereses de personas vinculadas con la organización de Alvarado mientras tenía a su cargo investigaciones sobre esa estructura. De acuerdo a la acusación, el entonces juez habría demorado el avance de una causa iniciada en 2013 y rechazado distintas medidas impulsadas por los fiscales, entre ellas intervenciones telefónicas y cautelares sobre bienes de las personas bajo investigación.

La fiscalía también puso el foco en la relación de Bailaque con un contador que, además de ser su asesor personal, prestaba servicios a personas y sociedades vinculadas con Alvarado. A partir de ese vínculo, el MPF le atribuyó al exmagistrado haber actuado en connivencia con el profesional para favorecer los intereses procesales de los investigados. En ese tramo fue acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de persecución penal y prevaricato.

La causa llegó a Casación después de una serie de decisiones adoptadas durante el control de la acusación, la etapa previa al juicio oral en la que las partes discuten, entre otros puntos, la validez de planteos procesales y qué pruebas podrán utilizarse durante el debate.

En ese trámite, Elida Vidal, jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que intervino como integrante del Colegio de Jueces de Revisión, modificó parcialmente una decisión anterior de Aníbal Pineda, también integrante de ese tribunal. La defensa de Bailaque cuestionó luego distintos aspectos de esa resolución y llevó el planteo a Casación.

Entre las cuestiones pendientes aparecen discusiones sobre qué prueba podrá utilizarse en un eventual juicio, incluida la exclusión de determinados testimonios requeridos por la defensa y de información solicitada a empresas telefónicas.

Cuando el recurso ingresó a Casación, la Oficina Judicial dispuso inicialmente que fuera tratado por un solo juez. Petrone, que resultó sorteado, revisó esa integración antes de fijar la audiencia y concluyó que correspondía una composición colegiada.

El camarista explicó que el Código Procesal Penal Federal (CPPF) no contiene una regla específica que determine si Casación debe actuar con uno o varios magistrados cuando funciona como “tribunal intermedio” frente a decisiones adoptadas por los colegios de jueces de revisión.

Ante la ausencia de una regla concreta, sostuvo que debía realizarse una interpretación integral del sistema procesal. Ese análisis, afirmó, llevaba a “propiciar la composición del tribunal de manera colegiada”, teniendo en cuenta la instancia en la que se encuentra el expediente y el alcance de las cuestiones sometidas a revisión.

También recordó que la propia Cámara de Casación ya había intervenido anteriormente en ese mismo expediente con una integración colegiada.

La segunda resolución corresponde al legajo FRO 15287/2024, en el que también está imputado Santiago Busaniche, escribano santafesino señalado por la acusación como operador judicial en una presunta maniobra de corrupción vinculada con Bailaque.

Ese expediente responde a una trama diferente. La fiscalía sostiene que Bailaque habría participado junto con Busaniche, el empresario Fernando Whpei y el entonces funcionario de la AFIP Carlos Vaudagna en una maniobra para impulsar actuaciones administrativas y judiciales contra los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto y exigir dinero a cambio de no perjudicarlos. De acuerdo con la acusación, a Iglesias le reclamaron USD 200.000 y habría entregado USD 160.000 entre 2019 y 2022. En ese esquema, Busaniche está acusado de haber instigado distintos delitos atribuidos a Bailaque y Vaudagna.

En esa causa confluyen impugnaciones de las defensas, del Ministerio Público Fiscal y de la querella contra decisiones adoptadas también durante el control de la acusación.

La defensa de Bailaque cuestionó, entre otras cosas, la utilización de evidencia obtenida a partir de la extracción forense de un teléfono celular y decisiones relacionadas con la continuidad de la querella y de la demanda civil. La defensa de Busaniche objetó, por su parte, aspectos de las acusaciones y la validez de un acuerdo de colaboración incorporado al expediente. En ese expediente existe además una discusión sobre qué código procesal debe aplicarse y qué efecto debe tener el recurso extraordinario presentado por la defensa de Bailaque.

El juez Pineda había entendido que la concesión de ese recurso tenía efecto suspensivo y que, llegado determinado momento procesal, el expediente debía quedar detenido hasta que la Corte Suprema de Justicia resolviera qué régimen correspondía utilizar. Esa interpretación fue cuestionada por los acusadores y también quedó sometida a revisión.

Para Petrone, ese antecedente reforzaba la necesidad de una integración colegiada. La resolución anterior de Casación que había concedido el recurso extraordinario de Bailaque había sido adoptada por varios magistrados. Por eso entendió que las nuevas impugnaciones debían ser examinadas del mismo modo, ya que sus consecuencias “trascienden a esta incidencia y se proyectan sobre la totalidad del legajo”.

El camarista también advirtió un escenario de “asimetría”: mientras algunas impugnaciones admitidas eran remitidas a un juez individual, otras vías recursivas vinculadas con decisiones semejantes eran tratadas con intervención colegiada.

Las dos resoluciones compartieron, así, un mismo criterio: las impugnaciones deberán ser examinadas por tribunales colegiados. Con esa definición, quedarán ahora pendientes las discusiones sobre la prueba y los cuestionamientos formulados durante el control de la acusación, además de la controversia que, en uno de los expedientes, ya llegó a la Corte Suprema para determinar qué régimen procesal corresponde aplicar.