La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la continuidad de los fiscales Diego Velasco y Juan Argibay Molina en una causa que investiga al ex juez federal Marcelo Bailaque y al abogado y escribano Santiago Busaniche por su presunta participación en la extorsión a dos empresarios santafesinos.
El tribunal declaró inadmisible la impugnación contra el rechazo de la recusación y sostuvo que no se trató de una resolución equiparable a sentencia definitiva ni de un supuesto que permitiera habilitar una cuestión federal.
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La defensa de Busaniche había cuestionado la actuación de los fiscales Velasco y Argibay Molina en el proceso, así como su actividad requirente y la estrategia probatoria desplegada en sustento de la teoría del caso.
En agosto pasado, la Cámara Federal de Rosario confirmó la decisión del juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz, que había rechazado el planteo de recusación presentado por la defensa de Santiago Busaniche.
Los votos
Los jueces Carlos Mahiques y Gustavo Hornos consideraron que las resoluciones sobre planteos de recusación, por su naturaleza y efectos, no constituyen sentencias definitivas ni se encuadran en los supuestos previstos por el artículo 356 del Código Procesal Penal Federal.
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Para los magistrados, los argumentos de la defensa de Santiago Busaniche se basaron en cuestionamientos generales a la actuación de los fiscales, a su actividad acusadora y a la estrategia probatoria desplegada en el caso.
Según señalaron, esas discrepancias no demostraron arbitrariedad, defectos graves en la resolución cuestionada ni la existencia de una cuestión federal que habilitara la intervención de la Casación Penal.
Por ese motivo, Mahiques y Hornos propusieron declarar inadmisible la impugnación presentada por la defensa, con imposición de costas.
Por su parte, el juez Daniel Antonio Petrone adhirió a esa postura al considerar que existían decisiones coincidentes del juez de garantías y de los jueces con funciones de revisión.
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El caso
El expediente se enfoca en una serie de presuntas actuaciones administrativas y judiciales orientadas a impulsar causas contra Claudio Iglesias y Jorge Oneto con el objeto de presionarlos y afectar su actividad empresarial.
En este caso están imputados el abogado Santiago Busaniche, el ex juez federal Marcelo Bailaque, el ex funcionario de la AFIP Carlos Vaudagna y Fernando Whpei. Están acusados de los delitos de prevaricato, en concurso ideal con allanamiento ilegal, y falsedad ideológica de documento público reiterada.
La pesquisa sostiene que Busaniche presuntamente utilizaba sus influencias y nexos con exfuncionarios de la AFIP, actual ARCA, como Carlos Vaudagna, para ordenar la elaboración de informes falsos destinados a incriminar y extorsionar a directivos de empresas.
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Por otra parte, Busaniche también está imputado en la causa Attila, que analiza una operatoria vinculada con la autorización para adquirir USD 10 millones al tipo de cambio oficial, en un contexto de restricciones cambiarias.
En ese expediente, aparece mencionado como presunto intermediario entre el juez federal Gastón Salmain y el financista Fernando Whpei.
En marzo pasado, la Cámara Federal de Rosario confirmó su procesamiento y, posteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de sus abogados.
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