La causa contra el exjuez Marcelo Bailaque por presunta extorsión llegará a Casación tras quedar suspendida antes del juicio

El juez Aníbal Pineda, integrante de la Cámara Federal de Rosario, habilitó este martes la revisión de la medida que había suspendido el avance hacia el juicio oral en una de las causas contra el exjuez Marcelo Bailaque. La decisión cuestionada había frenado el expediente por la presunta extorsión a los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto hasta que la Corte Suprema defina qué código procesal corresponde aplicar. El planteo de la Fiscalía será analizado ahora por la Cámara Federal de Casación Penal.

La controversia se originó el 25 de agosto, cuando el camarista Pineda resolvió que el proceso podía avanzar hasta el eventual dictado del auto de apertura a juicio, pero que desde ese momento debía quedar suspendido mientras el máximo tribunal se pronunciara sobre la aplicación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) o del régimen anterior.

En aquella resolución, el camarista ordenó que debía “suspenderse la tramitación del presente legajo” y mantener la causa bajo la jurisdicción del Colegio de Jueces de Garantías hasta que la Corte determinara “qué código procesal penal resulta aplicable”. La Fiscalía quedó habilitada, mientras tanto, para continuar investigando a terceras personas vinculadas con el expediente.

El caso es una de las investigaciones más avanzadas contra Bailaque. Según la acusación fiscal, desde su juzgado se habría impulsado y direccionado una causa contra Iglesias y Oneto con el propósito de presionarlos para que entregaran dinero a cambio de evitar consecuencias judiciales. La maniobra habría comenzado en 2019.

En febrero de este año, el Ministerio Público Fiscal formalizó la acusación y estimó en 10 años de prisión la pena que requerirá para Bailaque si el caso llega al juicio oral. La presentación dio paso a la audiencia de control de la acusación, instancia previa en la que se determina si el proceso queda en condiciones de ser enviado a debate y bajo qué términos.

Fue durante ese tramo procesal cuando surgió la discusión que ahora llegará a Casación. La Fiscalía se opuso a la suspensión y sostuvo que el artículo 49 del CPPF establece, como regla, que una cuestión de competencia no paraliza la investigación preparatoria ni el control de la acusación, salvo respecto de determinadas decisiones finales.

Para los acusadores, extender esa excepción a la etapa posterior implica introducir una suspensión que la legislación no contempla. También advirtieron que la medida podría afectar la estrategia de persecución penal, provocar un juzgamiento fragmentado de hechos relacionados y mantener el proceso detenido durante un período incierto.

En su recurso, los fiscales afirmaron que la decisión les ocasiona un “gravamen actual, concreto, de magnitud institucional y de imposible reparación ulterior”. Además, señalaron que el paso del tiempo puede deteriorar la prueba y afectar el derecho a obtener una resolución dentro de un plazo razonable.

La Fiscalía puso especial énfasis en la situación de Bailaque, quien permanece detenido. Según el planteo, la suspensión podría prolongar su privación de libertad durante un lapso indeterminado sin actividad procesal concreta encaminada a llevar la causa a juicio.

Al resolver este martes, Pineda consideró que el planteo debía quedar abierto a la revisión de una instancia superior. Sostuvo que la paralización puede equipararse por sus efectos a una sentencia definitiva porque, una vez alcanzada la apertura a juicio, “hace imposible la continuación de la causa judicial sobre estos tres acusados por el Ministerio Público Fiscal”.

El camarista aclaró, sin embargo, que habilitar el recurso no supone aceptar los argumentos de fondo de la acusación. Al analizar el planteo de arbitrariedad, consideró que su resolución anterior tenía fundamentos jurídicos y se apoyaba en las circunstancias discutidas durante la audiencia.

Finalmente, concedió la impugnación y remitió las actuaciones a Casación, que deberá decidir si corresponde mantener la suspensión o permitir que el expediente continúe hacia el juicio oral.

Quién es Marcelo Bailaque

Marcelo Martín Bailaque desarrolló prácticamente toda su carrera dentro del Poder Judicial. Se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Rosario en 1987, comenzó como secretario judicial en 1989, luego fue defensor oficial y, desde 1997, juez de Instrucción.

En febrero de 2008 asumió como titular del Juzgado Federal N.º 4 de Rosario, desde donde intervino durante años en investigaciones vinculadas con narcotráfico, lavado de activos y criminalidad económica.

Su trayectoria como magistrado terminó en 2025, cuando ya enfrentaba distintas investigaciones penales y avanzaba un expediente disciplinario en el Consejo de la Magistratura. Presentó su renuncia y, tras perder los fueros, comenzó a hacerse efectiva la prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria.

Según la acusación, la maniobra comenzó con una denuncia anónima que vinculó a los empresarios rosarinos Claudio Iglesias y Jorge Oneto con operaciones de lavado de dinero provenientes del narcotráfico y con el clan Los Monos. A partir de esa presentación se abrió una causa penal en el juzgado de Bailaque que, de acuerdo con los fiscales, habría sido utilizada para presionarlos y exigirles dinero a cambio de aliviar su situación judicial.

La trama también alcanza a Carlos Vaudagna, por entonces responsable regional de la AFIP en Rosario, y al empresario Fernando Whpei. Para los fiscales, Vaudagna tuvo intervención en la denuncia que terminó judicializada en el juzgado de Bailaque, mientras que Whpei se presentó ante Iglesias y Oneto como alguien capaz de destrabarles el problema judicial. En ese contexto, la acusación sostiene que se les reclamaron inicialmente USD 200.000 y que Iglesias terminó entregando USD 160.000 en distintos pagos.

El Ministerio Público atribuyó a Bailaque, dentro de esta trama, delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos.

El exjuez enfrenta además otras acusaciones. Una de ellas analiza su actuación en una investigación contra Esteban Lindor Alvarado, condenado por narcocriminalidad, mientras que otro tramo se relaciona con el presunto direccionamiento de fondos judiciales de una cooperativa portuaria.

En ese escenario, Casación deberá resolver ahora una cuestión que puede definir el ritmo del proceso: si esta causa puede continuar hacia el debate o debe permanecer suspendida hasta que la Corte Suprema determine bajo qué régimen procesal corresponde tramitarla.