Las defensas de los tres hackers que fueron procesados por integrar una presunta asociación ilícita que se dedicó a espiar a magistrados federales acudieron a la Cámara Federal para pedirle que revoque la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Se trata de Tomás Patricio Hválica, Elías Ezequiel Núñez Pinheiro y Ariel Pedro Zanchetta, investigados como autores de los delitos de violación de sistemas de confidencialidad y de comunicaciones, y de fraude.
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El eje de la apelación discute que la hipótesis del caso considera acreditado que los tres imputados integraron una asociación ilícita sin precisar el acuerdo asociativo, quién lo habría propuesto o el rol de cada uno.
En esta línea, la defensa de Elías Ezequiel Núñez Pinheiro sostuvo ante la Cámara Federal que el procesamiento por asociación ilícita se apoya en “conjeturas” y no en pruebas concretas.
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El abogado Sebastián Miguel Noguera planteó que, si no existe demostración individualizada del acuerdo delictivo, el procesamiento por el artículo 210 del Código Penal debe caer y también la ampliación del embargo.
En su planteo argumentó que, en el caso concreto de Núñez Pinheiro, el auto de procesamiento no identifica “una comunicación concreta” entre él y los otros imputados para constituir una organización, ni individualiza “reparto de ganancias, instrucciones o coordinación estable entre los tres”.
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El recurso incluye un planteo subsidiario contra la ampliación del embargo a $5.000.000 para cada imputado o que se lo reduzca si se elimina la calificación más grave, por el delito de asociación ilícita.
Antecedentes
El juez Martínez de Giorgi agravó la situación de Tomás Patricio Hválica, Elías Ezequiel Núñez Pinheiro y Ariel Pedro Zanchetta al procesarlos sin prisión preventiva por integrar una presunta asociación ilícita dedicada al espionaje de jueces federales.
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Según el fallo, la estructura operó entre febrero de 2022 y mayo de 2023 contra varios magistrados, a través de un esquema de tres etapas: la obtención ilegítima de datos personales, el control de líneas telefónicas mediante la modalidad conocida como sim swapping y el acceso no autorizado a aplicaciones como WhatsApp, Telegram y Facebook.
En esa estructura le atribuyó a Hválica el rol de proveedor de accesos, a Núñez Pinheiro el de ejecutor material y a Zanchetta el de recolector de información personal de funcionarios judiciales.
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Hválica está sindicado como quien administraba el sitio web y el grupo de Telegram “Dark PFA”, desde donde se ofrecían accesos e información de bases de datos del Registro Nacional de las Personas.
En cuanto a Zanchetta, aparece como quien aportó para la maniobra datos personales sobre Hornos y Borinsky brindados por SudamericaData Group SRL.
Los damnificados directos identificados en la resolución son los jueces de la Cámara Federal de Casación Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Marcelo Hornos, y los integrantes del tribunal oral que juzgó la causa Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Fabián Basso.
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El caso de Giménez Uriburu sumó un perjuicio patrimonial, porque durante la intrusión se habrían enviado solicitudes de dinero a contactos del juez mediante sus aplicaciones de mensajería.
También se registró consultas sobre los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, y sobre Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Silvio Robles, Ricardo Bustos Fierro y Ernesto Kreplak.
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