El empresario farmacéutico Hugo Sigman prestó declaración en la causa que investiga supuestas irregularidades en la adquisición de vacunas durante la pandemia de COVID-19. Conectado vía Zoom desde su lugar de residencia en Madrid, presentó un escrito y pidió ser sobreseído.
En su descargo, Sigman sostuvo que no hay prueba suficiente para vincular a las firmas mAbxience o Elea Phoenix con una maniobra para favorecer negocios privados o bloquear la llegada de Pfizer a la Argentina.
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Para la defensa, los hechos investigados ocurrieron en un contexto excepcional, durante 2020 y 2021, cuando existía una escasez mundial de vacunas, medicamentos, respiradores, insumos hospitalarios y personal capacitado, mientras la demanda internacional superaba ampliamente la capacidad de producción disponible.
De acuerdo con sus argumentos, en ese escenario, el problema de los fabricantes de vacunas “no era encontrar compradores, sino producir suficientes dosis para abastecer una demanda global extraordinaria, casi infinita”.
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Como puntos centrales, el empresario de 83 años detalló que mAbxience produjo el principio activo de AstraZeneca, pero no vendió vacunas al Estado argentino ni obtuvo beneficios vinculados con la cantidad de dosis compradas por la Argentina. En tanto, Elea Phoenix participó técnicamente de una parte del ensayo clínico de Sinopharm, pero no intervino en su comercialización ni obtuvo beneficios derivados de las compras realizadas por el Estado.
Sobre la demora inicial en el acuerdo con Pfizer, dijo que estuvo relacionada con las condiciones jurídicas exigidas por la compañía y el marco legal argentino, y no con una exigencia de incorporar un “socio local”.
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En esta línea, Sigman destacó que la imputación se construye sobre inferencias y una valoración fragmentaria de los hechos, por lo que corresponde el sobreseimiento.
Los detalles de la presentación
El texto que le envió al tribunal describe que AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim impulsaron un esquema para ofrecer una vacuna contra el COVID-19 a precio accesible en América Latina. Como referencia, indica un valor de USD 4 por dosis, frente a USD 12 o más en otras vacunas.
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Detalló que como la farmacéutica no contaba con plantas propias en la región para cubrir todas las etapas, contrató a mAbxience, con planta en Garín, provincia de Buenos Aires, para fabricar el principio activo. La formulación y el llenado de viales quedaron a cargo del laboratorio mexicano Liomont.
El punto central de esa secuencia es que mAbxience, según el documento, no vendió vacunas al Estado argentino ni participó de su comercialización, distribución o adjudicación. Tampoco intervino en los ensayos clínicos ni en el registro sanitario de la vacuna, tareas que correspondieron a AstraZeneca.
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El documento añadió que la contratación para producir principio activo era independiente de la cantidad de vacunas que después adquirieran la Argentina u otros países latinoamericanos.
Al referirse a la participación de Elea Phoenix con la vacuna Sinopharm, la defensa precisó que fue “exclusivamente técnica y estuvo limitada a una parte del ensayo clínico de fase III realizado en la Argentina, como parte de un estudio desarrollado en varios países”.
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Agregó que Elea Phoenix no intervino en las negociaciones entre el fabricante chino y el Estado argentino, ni en la venta o distribución de la vacuna Sinopharm.
Otro punto de la presentación señaló que existe un antecedente que resulta “incompatible” con la hipótesis de un interés económico destinado a perjudicar a Pfizer o impedir el ingreso de su vacuna contra el COVID-19 a la Argentina.
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Para fundamentarlo reveló que “Pfizer, Elea Phoenix y Sinergium Biotech mantienen una relación de colaboración desde 2011 para la manufactura local de la vacuna Prevenar 13”.
El caso
La investigación, a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Carlos Stornelli, busca establecer si las decisiones del gobierno de Alberto Fernández sobre la adquisición y provisión de dosis de vacunas contra el COVID-19 respondieron a criterios sanitarios o si existieron motivaciones económicas que beneficiaron a determinados laboratorios y sus socios locales.
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La hipótesis apunta a que el Estado no avanzó con Pfizer pese a que las negociaciones habrían comenzado en julio de 2020. En cambio, suscribió contratos con AstraZeneca el 6 de noviembre de 2020, con Sputnik V el 9 de diciembre de 2020 y con Sinopharm el 10 de febrero de 2021.
En este expediente también están imputados el infectólogo Pedro Cahn, la ex ministra de Salud Carla Vizzotti, la exasesora presidencial Cecilia Nicolini y exfuncionarios del Ministerio de Salud vinculados con las contrataciones.
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