“No estoy de acuerdo con el encierro que impone esta ley”, reconoció la jueza que suspendió la reforma penal juvenil

La jueza bonaerense Marta Elba Pascual defendió la suspensión por 60 días del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, una decisión que en su resolución estuvo apoyada en la falta de infraestructura necesaria para aplicar la norma, pero que luego en declaraciones públicas quedó acompañada por objeciones de fondo al criterio de encierro previsto para adolescentes involucrados en delitos de distinta gravedad.

Titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, Pascual sostuvo que la medida busca abrir un período de revisión para definir con qué recursos y bajo qué criterios podrá instrumentarse la ley en territorio bonaerense. En esa línea, remarcó que el habeas corpus que derivó en el fallo fue presentado por Hogares de Cristo, organización a la que describió como una de las pocas que hoy ofrece respuestas para jóvenes con consumos problemáticos.

El fallo puso el eje en las condiciones materiales para aplicar la norma

Según explicó en una entrevista con Radio Rivadavia, la suspensión apunta a habilitar una mesa de trabajo para evaluar “cuáles son los recursos y de qué forma vamos a aplicar esta ley”, con participación de instituciones sociales, religiosas, especialistas y familiares de víctimas. El planteo, de acuerdo con su explicación, se concentró en las condiciones de implementación del nuevo régimen en la provincia.

La magistrada sostuvo además que en Buenos Aires ya existen herramientas para disponer la privación de la libertad de menores de 16 años en casos graves. En ese sentido, indicó que la legislación bonaerense permite aplicar medidas de seguridad y aseguró que hay “aproximadamente 80” adolescentes alcanzados por ese tipo de decisiones. A partir de ese diagnóstico, rechazó la idea de que su resolución implique dejar sin respuesta hechos como homicidios u otros delitos violentos.

En sus declaraciones, Pascual amplió el planteo y cuestionó el encierro como respuesta general

Más allá del fundamento centrado en la infraestructura, Pascual sumó en sus declaraciones públicas diferencias de criterio con el alcance de la norma. “No estoy de acuerdo con que la reja y el castigo sean la solución para chicos que cometen delitos”, afirmó, al advertir que su principal objeción se vincula con la posibilidad de que el nuevo régimen también alcance hechos de menor entidad.

Como ejemplo, mencionó el caso de un chico que rompió un vidrio y sostuvo que, a su entender, la ley podría habilitar restricciones severas también en situaciones de ese tipo. La jueza planteó que para casos como el robo de un celular o daños menores deberían desarrollarse programas restaurativos, con participación de organizaciones barriales, dispositivos de tratamiento, escuelas y equipos interdisciplinarios.

“En lo personal, estoy de acuerdo. Esta es una cuestión de política criminal que nuestros legisladores resolvieron. Lo que no estoy de acuerdo es en el encierro que me va a imponer esta ley. Lo que creo que tenemos que trabajar con prácticas restaurativas”, definió. En esa línea, resumió su postura con otra fórmula: “A homicidio, rejas. Robo de celular, tratamiento con los Hogares de Cristo”.

La jueza dijo que no cuestiona la imputabilidad, sino la respuesta prevista para delitos menores

Pascual también buscó despegarse de las críticas que presentan su resolución como una señal de permisividad frente al delito juvenil. “No romantizo el mal”, subrayó, y recordó que en su juzgado intervino en causas por hechos graves y dictó condenas severas.

Además, señaló que sus decisiones están sujetas a revisión por instancias superiores y reiteró que su desacuerdo no pasa por la imputabilidad en sí misma, sino por la obligación de aplicar penas de encierro en todos los casos comprendidos por la norma. “Estoy de acuerdo con la imputabilidad. Lo que no estoy de acuerdo es en el encierro que me va a imponer esta ley”, afirmó.

Hacia el final de la entrevista, agregó que durante los 60 días fijados en su resolución convocará a Hogares de Cristo, iglesias evangélicas, madres de víctimas y otros actores para diseñar alternativas diferenciadas según la gravedad de cada hecho.

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