Quién es Marta Pascual, la jueza que frenó la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en territorio bonaerense

La jueza Marta Pascual que suspendió este lunes por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires es titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de ese departamento judicial.

Su trayectoria en la Justicia y en las políticas públicas vinculadas con niñez y adolescencia comenzó mucho antes del fallo que ahora la volvió una figura central de la discusión provincial.

Nació y creció en Almirante Brown, es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con posgrados en Derecho Público y Magistratura.

Más de 35 años de trayectoria en niñez y adolescencia

Hace más de 35 años que Pascual está vinculada con áreas de niñez y adolescencia. Desde fines de la década del 80 comenzó a trabajar en problemáticas ligadas a la vulnerabilidad infantil, una experiencia que luego la acercó a la función pública bonaerense.

En esa etapa trabajó junto a Hilda “Chiche” González de Duhalde y ocupó cargos en organismos provinciales dedicados a las políticas de niñez, adolescencia y desarrollo humano.

Su recorrido incluyó el Consejo Provincial del Menor y la Familia, luego el Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano, y culminó con su designación como ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires.

También estuvo al frente de áreas vinculadas con centros de contención, institutos y refugios para niños y adolescentes en la Provincia, en una etapa en la que el abordaje estatal sobre menores en conflicto con la ley penal ya formaba parte del debate público.

Con el cambio de siglo pasó al Poder Judicial bonaerense, donde accedió a un juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, el fuero que interviene en delitos cometidos por menores de edad en la provincia.

Una carrera judicial y académica enfocada en justicia juvenil

La jueza también trabajó como consultora de UNICEF y ocupó la presidencia de la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia, desde donde representó a la Argentina en encuentros de América Latina, Europa y Asia.

Durante décadas, su labor estuvo vinculada con políticas de infancia y adolescencia en la Justicia, la gestión pública y el ámbito académico. En 2025, recibió el Doctorado Honoris Causa de la universidad nacional con sede en Almirante Brown, una distinción que destacó su trayectoria en el derecho, la justicia social y la defensa de los derechos humanos, con foco en niñez y adolescencia.

En el plano académico, dirige la carrera de Especialización en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, fue docente en distintas universidades nacionales e internacionales, publicó más de 30 trabajos especializados y participó como conferencista y jurado en congresos sobre justicia restaurativa, derechos humanos y niñez.

Justicia restaurativa e inclusión social

Uno de los proyectos que impulsó desde Lomas de Zamora es Involucrados, una iniciativa de justicia restaurativa para jóvenes en conflicto con la ley penal. El programa articula al Poder Judicial con el municipio de Almirante Brown y la universidad para promover que los adolescentes reparen el daño causado y reconstruyan sus vínculos con la comunidad.

Su actividad fuera de los tribunales también incluyó proyectos de inclusión social y formación de adolescentes, entre ellos la Red de Potreros Digitales, orientada a capacitar en tecnología a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La decisión que la llevó ahora al centro de la escena judicial bonaerense se apoya en una objeción concreta: la magistrada puso en duda que la provincia pueda ampliar el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal sin crear primero las condiciones necesarias para hacerlo.

Recientemente, en un reportaje radial, la jueza aseguró: “No estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad. No romantizo a los chicos que salen con un arma. Hay una sensación de que con esta ley le damos más seguridad a la gente, pero no vamos a crear más seguridad” y agregó “tenemos que tener los mecanismos para poder implementar la ley”.