El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó la declaración indagatoria de 34 personas que recibieron dosis contra el coronavirus de manera presuntamente irregular durante la pandemia. La medida alcanza al expresidente Eduardo Duhalde, a su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, al periodista Horacio Verbitsky, al exministro de Relaciones Exteriores Jorge Taiana y al diputado Eduardo Valdés, entre otros beneficiados que accedieron a la inmunización sin cumplir con los requisitos de prioridad establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación.
La resolución de este requerimiento quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien deberá determinar si cita a comparecer a los acusados.
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De concretarse, esta será la segunda tanda de indagados en la causa Vacunatorio VIP, cuyo primer capítulo ya fue elevado a juicio. La lista inicial de procesados alcanzó a varios funcionarios, incluido el ex ministro de Salud, Ginés González García, quien falleció en 2024.
El dictamen fiscal consideró que los beneficiarios no adoptaron un rol pasivo, sino que resultaron partícipes necesarios del delito de peculado de bienes, una figura penal que reprime al funcionario que desvía recursos públicos bajo su custodia y que, en este caso, prevé penas de entre dos y diez años de prisión para quienes colaboraron con la maniobra.
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Taiano sostuvo que los imputados aceptaron las dosis de la vacuna Sputnik V, a pesar de que sabían que no integraban los grupos estratégicos habilitados en aquel momento de escasez.
De acuerdo con la presentación judicial, la conducta de los acusados afectó la distribución de un recurso sumamente limitado en el peor momento de la crisis sanitaria.
Los tres hechos bajo investigación
La fiscalía estructuró la acusación en torno a tres episodios específicos de desvío de vacunas. El primero de ellos ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando se retiraron diez dosis asignadas al Hospital Posadas para trasladarlas a la sede del Ministerio de Salud. En la antesala del despacho del entonces ministro González García, se montó un vacunatorio improvisado donde se inocularon Horacio Verbitsky, Jorge Taiana, Eduardo Valdés, entre otras personas. La mayoría de ellos fue registrada falsamente en el sistema oficial bajo la categoría de “Personal Estratégico”.
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El segundo suceso aconteció el 1 de febrero de 2021, fecha en la que un lote de cinco dosis viajó directamente hacia el domicilio particular de Eduardo Duhalde, ubicado en la localidad de Lomas de Zamora.
El exsubsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, concurrió personalmente para aplicar las inyecciones al exmandatario, a su esposa “Chiche”, a sus hijas María Eva y Juliana, y a su secretario privado Carlos Alberto Mao, siempre según el dictamen fiscal.
El fiscal Taiano resaltó que la modalidad domiciliaria estaba reglamentada exclusivamente para individuos con impedimentos físicos de traslado, situación que no se constató en el caso de Duhalde y su entorno.
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El tercer escenario analizado comprende la aplicación irregular de 36 dosis en las instalaciones del Hospital Posadas entre fines de diciembre de 2020 y febrero de 2021. En este grupo se detectó la inmunización de Patricia Alsua (esposa del entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini), del exintendente Hugo Curto junto a su cónyuge Filomena Burgos, entre otros.
“Varios de estos beneficiarios fueron anotados de forma mendaz como trabajadores de la salud”, a pesar de que el propio personal de primera línea del centro médico aún no había completado su esquema de vacunación", indicaron.
El recorrido de la causa
El expediente judicial se inició en febrero de 2021, luego de una investigación periodística del diario Clarín y la revelación del propio Verbitsky, que relató cómo logró saltarse la fila en una entrevista radial. Aquella confesión provocó la renuncia inmediata de Ginés González García.
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Anteriormente, la jueza Capuchetti archivó las actuaciones respecto a los vacunados al considerar que no habían cometido ningún delito, bajo el argumento de que las resoluciones ministeriales permitían avanzar simultáneamente entre las distintas etapas de prioridad.
Sin embargo, la Cámara Federal porteña revocó ese archivo y ordenó profundizar la investigación sobre quienes recibieron las dosis para evitar que quedaran eximidos de responsabilidad penal por haber obtenido un provecho ilegal.
Por su parte, el primer tramo de la causa, que investiga a los funcionarios públicos que facilitaron el desvío de los insumos médicos, ya fue elevado a juicio oral. En ese proceso serán juzgados por abuso de autoridad y peculado los exfuncionarios Alejandro Costa, Alejandro Maceira y Marcelo Guille.
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