
La frase “derecho de admisión” parece propia de un boliche o un espectáculo -y no suele tener buena fama-, pero también es visible en otros entornos. ¿Puede un colegio privado decidir que un alumno no continúe al año siguiente? Sí, existe esa facultad, pero con límites mucho más estrictos que los de una relación comercial ordinaria (o el ingreso a una disco). En materia educativa están en juego el derecho a aprender, la igualdad, la no discriminación y el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Este universo lleva a analizar el caso con especial cuidado.
No hay una ley nacional que reconozca a los colegios un derecho de admisión absoluto. La Ley de Educación Nacional 26.206 garantiza a los alumnos una educación integral e igualitaria y el derecho a concurrir a la escuela hasta completar la educación obligatoria. La Ley 26.892, sobre convivencia escolar, exige que las sanciones sean educativas, graduales y proporcionales, y prohíbe aquellas que atenten contra el derecho a la educación o impidan la continuidad del alumno en el sistema educativo. Esto no implica un derecho a permanecer para siempre en un establecimiento determinado, pero sí excluye decisiones puramente discrecionales.
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En la Ciudad de Buenos Aires hay, además, una regla específica. La Ley 2681 establece que los establecimientos privados incorporados a la enseñanza oficial no pueden negar “sin causa” la matriculación o rematriculación. La causa no puede contrariar derechos constitucionales; la negativa de rematriculación debe notificarse fehacientemente antes del 31 de octubre y, si la familia pide explicaciones, el colegio debe fundamentarla por escrito dentro de los diez días hábiles. Es importante remarcarlo: esta es una norma de la Ciudad de Buenos Aires, no una regla nacional.
También importa distinguir el primer ingreso de la continuidad de una trayectoria ya iniciada. La jurisprudencia ha denominado a este último supuesto “derecho de admisión impropio”: allí la negativa merece un escrutinio más estricto, porque implica apartar al alumno de su grupo de pertenencia y alterar una trayectoria escolar consolidada.
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Un fallo reciente muestra bien el límite. Un alumno con dislexia llevaba más de once años en el mismo colegio. La institución decidió no rematricularlo invocando problemas disciplinarios y falta de acompañamiento familiar. En octubre de 2026, la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil consideró insuficiente esa explicación: no encontró acreditada una causa objetiva y suficientemente grave ni que se hubieran implementado adecuadamente los ajustes que exigía su dificultad de aprendizaje. Para el tribunal, la medida configuró un ejercicio abusivo del derecho de admisión y generó un daño moral indemnizable.
La discriminación agrega otro límite decisivo. La Ley 23.592 obliga a dejar sin efecto el acto que arbitrariamente menoscabe derechos sobre bases igualitarias y a reparar los daños ocasionados. El fallo de la Sala M aplicó además un criterio probatorio relevante: si el alumno aporta indicios suficientes para presumir una motivación discriminatoria, corresponde al establecimiento acreditar que la decisión respondió a una razón objetiva y razonable, ajena a esa discriminación. En casos de dificultades específicas del aprendizaje, como la dislexia, la Ley 27.306 también exige medidas destinadas a favorecer la enseñanza y la inclusión.
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¿Qué debería existir, entonces, para que una negativa sea jurídicamente defendible? Una causa real, objetiva y suficientemente seria; una decisión proporcionada y coherente con las reglas de convivencia; antecedentes y medidas previas documentados; respeto por el derecho del alumno a ser oído y, cuando corresponda, por los ajustes razonables; ausencia de motivos discriminatorios; y cumplimiento de las formalidades de la jurisdicción. Una discusión aislada o una explicación construida después del conflicto difícilmente alcanzan.
No existe, entonces, una patente general que permita a un colegio elegir arbitrariamente quién se queda y quién se va. Los establecimientos privados pueden defender su proyecto educativo y preservar la convivencia, dentro de las facultades que reconozca la legislación aplicable. Lo que no pueden hacer es convertir esa potestad en una puerta lateral para discriminar, aplicar una sanción desproporcionada o excluir a quien el propio sistema educativo obliga a incluir.
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