
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la condena contra las empresas responsables de un barrio privado y de su vigilancia por un robo a mano armada ocurrido en una vivienda del complejo. La sentencia de primera instancia había fijado una reparación total de $20,9 millones para la pareja demandante, con intereses y costas.
El caso se originó por un asalto ocurrido durante la madrugada del 29 de noviembre de 2018 en un barrio cerrado del partido bonaerense de Campana. Según la demanda, tres hombres armados ingresaron al predio tras excavar un túnel por debajo del cerco perimetral. Luego habrían accedido a la casa por una ventana de la planta baja que no tenía rejas.
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Los reclamantes —de 40 y 41 años de edad al momento del robo— sostuvieron que los asaltantes irrumpieron en el dormitorio mientras dormían, los ataron de pies y manos y les exigieron dinero y joyas. También afirmaron que uno de ellos recibió golpes con la culata de un arma. De acuerdo con la presentación judicial, los delincuentes se llevaron dinero, aparatos electrónicos, ropa, herramientas, tarjetas, documentos y otros objetos personales.

La pareja dirigió su reclamo contra las sociedades desarrolladoras y administradoras del emprendimiento, además de la compañía contratada para prestar la vigilancia. Argumentó que la seguridad del perímetro, el control de accesos y la vigilancia permanente habían sido elementos ofrecidos al momento de adquirir el lote y que esos servicios integraban las expensas que abonaban como residentes.
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Las demandadas reconocieron que habían contratado a una firma externa para la seguridad del barrio. Sin embargo, plantearon que habían controlado de manera adecuada la prestación y que el ingreso mediante una excavación constituía un hecho imprevisible e inevitable. Con ese argumento, buscaron desligarse de las consecuencias del robo por considerar que se trataba de un caso fortuito.
La empresa de seguridad no compareció al expediente y fue declarada rebelde. En cambio, las otras dos sociedades también presentaron una reconvención para reclamar expensas y cuotas tributarias adeudadas, aunque ese planteo fue rechazado antes del dictado de la sentencia de fondo. La discusión central quedó concentrada en determinar si existieron fallas en el servicio de vigilancia y si esas deficiencias guardaban relación con el asalto.
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La jueza de primera instancia tuvo por acreditado que los demandantes eran propietarios y residentes del barrio, así como la ocurrencia del robo. También consideró aplicable la normativa de defensa del consumidor, al entender que existía una relación entre quienes recibían y pagaban por un servicio de seguridad y las empresas que lo ofrecían, administraban o ejecutaban.
El fallo inicial dio especial relevancia a una pericia sobre seguridad ciudadana. El especialista concluyó que el sistema presentaba falencias que facilitaron el ingreso y la actuación de los delincuentes. Entre otros puntos, señaló que no había constancias de un centro de monitoreo exclusivo, que las cámaras no contaban con un sistema de respaldo eficaz y que no se había probado de manera suficiente cómo funcionaban los sensores instalados en el perímetro.
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Según ese informe, la zona por la que se produjo la intrusión tenía problemas de visibilidad. Un contenedor colocado del lado exterior generaba un punto ciego sobre una parte del alambrado, mientras que la iluminación y la vegetación del sector dificultaban la detección de movimientos. La pericia añadió que la base de hormigón del cerco no estaba enterrada a una profundidad que hubiera vuelto más compleja la excavación bajo el perímetro.

El experto también indicó que el sensor del área no emitió una alerta cuando se produjo el ingreso. La sentencia de primera instancia sostuvo que controles periódicos de autodiagnóstico podían haber permitido advertir ese desperfecto antes del robo. Para la jueza, la falta de documentación sobre el plan de seguridad, los recursos técnicos, la distribución de cámaras y sensores y los protocolos de vigilancia debía pesar contra las empresas que estaban en mejores condiciones de aportar esos elementos.
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Con esos fundamentos, el juzgado entendió que el asalto no podía ser considerado un hecho ajeno, imprevisible o inevitable para quienes tenían a su cargo la seguridad del barrio. La resolución destacó que el objeto del servicio consistía, precisamente, en prevenir el ingreso no autorizado de terceros. Por eso, concluyó que las fallas detectadas impedían aceptar la defensa basada en un caso fortuito.
La indemnización incluyó $6 millones para cada integrante de la pareja por incapacidad sobreviniente, a partir de las secuelas psicológicas constatadas en las pericias. Ambos fueron diagnosticados con un cuadro de estrés postraumático y se les asignó un 15% de incapacidad psíquica. Además, la sentencia reconoció $4 millones para cada uno por daño extrapatrimonial y montos por los bienes sustraídos durante el asalto.
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En la apelación, la Sala A de la Cámara Civil confirmó la responsabilidad y la cuantía de los rubros que habían sido cuestionados de manera insuficiente. Los jueces señalaron que varios agravios carecían de una crítica concreta contra la sentencia de primera instancia, por lo que declararon desiertos los recursos sobre incapacidad, daño extrapatrimonial y daños materiales. Así, quedaron firmes las sumas otorgadas por esos conceptos.
El tribunal de alzada coincidió en que la tercerización de la vigilancia no liberaba a las empresas que habían asumido contractualmente ese servicio ante los residentes. Dos de los integrantes de la sala, no obstante, formularon una precisión jurídica: consideraron que el caso debía analizarse como un incumplimiento contractual y no a partir del régimen de responsabilidad por servicios defectuosos previsto en la ley de defensa del consumidor.
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Bajo ese criterio, la Cámara sostuvo que el compromiso de brindar seguridad no implicaba garantizar que jamás ocurriría un robo, pero sí adoptar las medidas razonables y diligentes para prevenir intrusiones. La sala entendió que la prestación fue deficiente por las fallas del sensor, la ausencia de imágenes disponibles, las dificultades de visibilidad y las condiciones del cerco. También señaló que la posibilidad de un ingreso subterráneo no era un método delictivo imprevisible.
La única modificación introducida por la Cámara alcanzó a los intereses previstos para una eventual falta de pago de la condena. La jueza había dispuesto que, si las demandadas incurrían en mora, se aplicara una doble tasa activa bancaria. El tribunal consideró prematuro resolver esa cuestión porque todavía no existía incumplimiento y dejó sin efecto ese tramo de la sentencia. Las costas de la apelación quedaron a cargo de las demandadas, mientras que los honorarios serán fijados más adelante.
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