
Elizabeth Rosana Pérsico, maestra de la Escuela Primaria 37 de Lomas de Zamora, obtuvo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que declaró inconstitucional, para su caso, el límite de 50 años para acceder a la titularidad docente. La decisión le permitirá inscribirse en los listados oficiales del ciclo lectivo sin que su edad sea un impedimento y exhortó al Poder Ejecutivo y a la Legislatura provincial a revisar la norma.
La docente trabaja como maestra de grado en ese establecimiento desde 2011 y tenía 54 años cuando inició la demanda. La restricción le impedía postularse para cargos titulares pese a su experiencia, porque no reunía las excepciones previstas por el Estatuto del Docente.
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El tribunal recordó que ya había cuestionado la misma disposición en numerosos antecedentes judiciales desde 2002, con pronunciamientos posteriores hasta 2026. Ante la continuidad de esos planteos, pidió al Poder Ejecutivo y a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que debatan, dentro de un plazo razonable, la revisión o derogación del artículo.
El límite de 50 años para el ingreso como titular
La controversia se centró en el artículo 57, inciso e), de la ley 10.579, modificada por la ley 12.770. La regla fija una edad máxima de 50 años para el primer ingreso con carácter titular en una rama de enseñanza.

Sin embargo, el estatuto contempla excepciones para quienes aspiren a cargos en el tercer ciclo de Educación General Básica, Educación Polimodal y Educación Superior. También exceptúa a quienes acrediten funciones docentes durante los últimos cinco años en el mismo nivel y modalidad, por un período equivalente al excedente de edad y sin haber obtenido beneficios jubilatorios.
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El decreto reglamentario 2485/92 establece que la edad se computa al momento de la inscripción anual. Para calcular la experiencia exigida, dispone sumar los períodos no simultáneos trabajados en los cinco años anteriores y considerar como un año calendario las fracciones de seis meses o más.
Pérsico fue excluida del listado oficial destinado a definir los cargos titulares porque superaba el máximo etario y no quedaba comprendida en aquellas excepciones. La Dirección General de Cultura y Educación deberá abstenerse de impedir su inscripción en los listados oficiales por esa razón.
La resolución no le otorga de manera automática un cargo titular. Le garantiza, en cambio, la posibilidad de participar del procedimiento de ingreso en igualdad de condiciones, sin una exclusión basada exclusivamente en su edad.
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La edad como criterio discriminatorio
El juez Daniel Soria sostuvo que la edad “no revela por sí sola la falta de idoneidad para acceder al ejercicio de la docencia” ni permite presumir que afectará los fines de la educación pública. El magistrado señaló que la propia ley admite el desempeño de docentes mayores mediante sus excepciones.
La sentencia consideró que la diferencia entre quienes tienen más o menos de 50 años carece de una justificación suficiente cuando existen aspirantes con idéntica capacitación. También advirtió que la limitación no puede superarse siquiera con la acreditación de aptitud profesional e idoneidad para el cargo.
Para la Corte, esa previsión vulnera el derecho al trabajo, la igualdad ante la ley y la dignidad humana. El pronunciamiento declaró la inconstitucionalidad del artículo 57, inciso e, y su inaplicabilidad al caso de Pérsico, y ordenó que pueda integrar los listados oficiales de la docencia.
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La Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires se había allanado al pedido de inconstitucionalidad, con base en los precedentes del máximo tribunal provincial. El procurador general también había considerado procedente hacer lugar a la demanda.

Los jueces Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres, Mario Kohan y Ricardo Carral acompañaron la solución de fondo. Torres discrepó únicamente sobre las costas: entendió que debían imponerse a la demandada porque no removió el obstáculo legal pese a las declaraciones previas de inconstitucionalidad.
La exhortación a los poderes Ejecutivo y Legislativo no supone una derogación automática del artículo ni establece un plazo concreto para modificarlo. La norma continúa vigente, aunque la Corte volvió a cuestionar su constitucionalidad y reclamó una revisión legislativa.
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