El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi completó una nueva ronda de indagatorias en la causa que investiga el presunto hackeo de teléfonos, espionaje y robo de identidad de jueces de la Corte Suprema y de Comodoro Py.
En el avance de la pesquisa encontró razones para volver a interrogar a Elías Nuñes Pinheiro, Ariel Pedro Zanchetta y a Tomás Patricio Hvalica, en relación a su supuesta responsabilidad en el delito de asociación ilícita. Tras escuchar sus descargos, el magistrado quedó en condiciones de definir su situación procesal sobre esta nueva imputación.
PUBLICIDAD
La hipótesis del caso sostiene que Nuñes Pinheiro era el encargado informático de duplicar las líneas telefónicas que lograba hackear.
Zanchetta, un ex policía federal que se habría desempeñado como agente inorgánico de la antigua AFI, habría utilizado la información obtenida de los dispositivos para llevar adelante otros delitos.
PUBLICIDAD
En tanto, Hvalica sería el joven que creó el sitio DARK PFA, el lugar desde donde se podía acceder a la base de datos de la deep web de cualquier persona que se eligiera.
Fuentes ligadas al caso revelaron que tanto Zanchetta como Nuñes Pinheiro se remitieron a sus declaraciones anteriores y negaron conocer a Hvalica o formar parte de organización delictiva, sin responder preguntas.
PUBLICIDAD
Por su parte, Hvalica se negó a declarar, a la vez que solicitó la exención de prisión, que fue concedida, con la obligación de comparecer ante el tribunal una vez por mes.
Mientras tanto, el juzgado aguarda el informe definitivo de una serie de peritajes digitales que quedaron pendientes. Esa tarea quedó a cargo de la División Análisis de Evidencia Digital Forense de Gendarmería Nacional Argentina.
PUBLICIDAD
En la lista de los damnificados figuran: el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sus colegas Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti; los integrantes del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a Cristina Kirchner, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
También hay dos miembros de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; los jueces de la Cámara Federal Pablo Bertuzzi y Roberto Boico, otros magistrados como Daniel Rafecas, los fiscales federales Franco Picardi, Carlos Stornelli y Gerardo Pollicita, entre otros.
PUBLICIDAD
La imputación
En agosto de 2023, la justicia resolvió el procesamiento de Elías Nuñes Pinheiro y Ariel Zanchetta como autores de los delitos de violación de sistemas de confidencialidad y de comunicaciones y fraude.
La sospecha es que Nuñes fue quien se ocupó de cambiar los chips en los teléfonos de los jueces, lo que permitió que otros integrantes de la organización tomasen el control de las líneas. En su descargo, el hacker de origen misionero afirmó que solo obtenía datos y los facilitaba a un usuario identificado como “ElJuanxd” a través de Telegram.
PUBLICIDAD
Por cada trabajo cobró en ese momento entre unos $12.000 o $15.000 pesos con criptomonedas. Sin embargo, no pudo brindar la identidad del usuario que adquirió sus servicios.
Parte de la información que utilizaba Nuñes Pinheiro para intervenir las líneas de teléfono se la brindaba un banco de datos privado que pagaba el usuario “Arjunin”, quien resultó ser Ariel Zanchetta.
PUBLICIDAD
En cuanto a Tomás Patricio Hvalica, alias @pr1sox, quedó identificado como el creador del sitio DARK PFA, una plataforma que ofrecía acceso a bases de datos oficiales. Esa página era la que usaba Nuñes Pinheiro para obtener los datos que le permitían ejecutar los hackeos.
Suspensión de juicio a prueba
En paralelo, la jueza María Araceli Martínez homologó un acuerdo de juicio abreviado o probation con el hacker Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien admitió que interfirió el teléfono del ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.
PUBLICIDAD
La magistrada porteña condenó a Nuñes Pinheiro a 3 años de prisión en suspenso, por acceder ilegítimamente a datos informáticos restringidos, sustraer documento público y entorpecer las comunicaciones.
En compensación, tendrá que cumplir 150 horas de tareas no remuneradas en favor del Estado en el lugar que disponga la oficina de ejecución.
Antes de homologar la probation, el Juzgado Penal 29 solicitó certificar el expediente por el supuesto espionaje ilegal a jueces, que tramita en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi. La revisión de las actuaciones concluyó que si bien la conducta analizada tiene semejanzas, no se trataba de la misma situación, ni de los mismos damnificados.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Una obra social deberá indemnizar con $32 millones a una afiliada por la demora en la atención de una fractura de tobillo
La Justicia comprobó el retardo en autorizar una tomografía y una consulta con un traumatólogo. En cambio, rechazó la demanda por mala praxis contra el médico tratante y desvinculó del caso a su aseguradora
Fue con su familia a un hotel spa, sufrió quemaduras de segundo grado en el sauna y deberán indemnizarla
Una huésped sufrió una quemadura en un brazo durante una estadía en 2018. La Cámara Comercial confirmó la condena al establecimiento por las secuelas físicas y el daño estético ocasionados. Además, ordenó reintegrarle el 50% del valor de la estadía
El jury contra Alfredo López entró en su etapa final: qué puede resolver el tribunal
El juez federal de Mar del Plata está suspendido por publicaciones consideradas antisemitas. El Jurado de Enjuiciamiento deberá decidir si lo destituye por mal desempeño o si lo repone en el cargo. Cuándo podría conocerse el veredicto
Un niño se quebró la pierna mientras jugaba en una calesita y la Justicia fijó una indemnización de casi $25 millones
El menor sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné en un juego que presentaba deficiencias de mantenimiento. La Cámara de Apelaciones elevó de manera considerable la indemnización a cargo del municipio
El atentado de Montoneros al comedor de la Policía Federal: qué debe resolver Casación
La Sala I tiene bajo estudio los recursos contra el fallo que reabrió la causa y citó el antecedente de la AMIA para ponderar la gravedad del atentado y el deber estatal de investigarlo
