El jury contra Alfredo López entró en su etapa final: qué puede resolver el tribunal

El futuro del suspendido juez federal de Mar del Plata Alfredo López quedó en manos del Jurado de Enjuiciamiento, que ingresó en la etapa de deliberación luego de concluir las audiencias de prueba y los alegatos. El tribunal deberá resolver si el magistrado incurrió en mal desempeño y corresponde su destitución o si, por el contrario, rechaza la acusación y ordena su regreso al frente del Juzgado Federal N.º 4 de Mar del Plata.

López enfrenta un juicio político por una serie de mensajes publicados en la red social X, que la acusación considera discriminatorios contra el pueblo judío y el Estado de Israel. El caso se convirtió en uno de los procesos disciplinarios de mayor repercusión de los últimos años y es el primero en el que un juez federal puede ser removido por hechos de esta naturaleza.

Con el debate ya finalizado, el Jurado quedó en condiciones de dictar sentencia. Fuentes ligadas al proceso estimaron ante Infobae que el veredicto podría conocerse entre el 19 y el 24 de agosto, aunque la fecha todavía no fue fijada oficialmente.

Qué debe resolver el Jurado

El tribunal deberá determinar si la conducta atribuida al magistrado configura mal desempeño, una de las causales previstas por la Constitución Nacional para remover a los jueces inferiores.

Si considera acreditada la acusación, dispondrá su destitución. En caso contrario, rechazará el pedido de remoción y el juez federal deberá ser reintegrado a sus funciones.

El reglamento establece que, una vez finalizado el debate, el Jurado debe deliberar en sesión secreta, pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por las partes y dictar un fallo fundado dentro de un plazo máximo de veinte días hábiles.

El cuerpo está integrado por los jueces Marcelo Gastón Bartumeu Romero y Néstor Pablo Barral; la representante de la abogacía Ana Beatriz Fernández; los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Zulli; y las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López.

La composición vigente contempla dos jueces de Cámara, cuatro legisladores y un representante de la matrícula federal.

Las acusaciones

El proceso se originó a partir de denuncias promovidas por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo, y los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda.

La acusación, sostenida durante el jury por el senador Luis Juez y el abogado Alberto Maques -ambos integrantes del Consejo de la Magistratura-, afirmó que López desarrolló un "patrón de hostilidad" hacia los judíos, el sionismo y el Estado de Israel mediante publicaciones incompatibles con las exigencias de prudencia e imparcialidad propias de la función judicial.

Entre los mensajes incorporados al expediente figura uno en el que, junto a una fotografía del gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, escribió: “¿Usarán la Torá o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene?”.

También fueron analizadas una encuesta sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”, un pedido de difusión contra la “judiada interna y externa”, una referencia a “estos fariseos” al mencionar al Foro Argentino contra el Antisemitismo y la respuesta “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar” dirigida a otro usuario.

Para los acusadores, no se trató de expresiones aisladas ni de críticas limitadas a las políticas del gobierno israelí, sino de una conducta reiterada que afectó la confianza pública y la imagen de imparcialidad que debe preservar un magistrado. En el alegato final solicitaron la destitución del cargo.

La defensa

López reconoció como propios los mensajes, pero negó que constituyeran expresiones antisemitas o discriminatorias. Su defensa alegó que el proceso representaba una “persecución ideológica” y planteó que el juicio político buscaba sancionar opiniones personales protegidas por la libertad de expresión.

“Mis acusadores y los supuestos ofendidos no promovieron ninguna denuncia de carácter civil o penal. Si en 40 años no tuve imputaciones de esta naturaleza, ¿qué ha ocurrido entonces? ¿Me he convertido en un antisemita repentino? ¿O bien ha ocurrido un hecho público y notorio que es el genocidio en Gaza a manos del Estado de Israel?”, expresó el magistrado durante su descargo.

La defensa también sostuvo que el juicio político no podía utilizarse para sancionar “opiniones personales” y afirmó que “lo que está en juego son principios de la independencia judicial y la libertad de expresión en asuntos públicos”.

En esa línea, pidió diferenciar las críticas dirigidas contra las políticas del Estado de Israel de las expresiones discriminatorias contra una comunidad religiosa y aseveró que las publicaciones del magistrado se referían al conflicto en Medio Oriente y a decisiones de la Corte Penal Internacional.

López también afirmó que sus acusadores debieron “buscar con lupa” sus publicaciones porque, según planteó, no encontraron un mensaje que atacara de manera general a la comunidad judía.

Con todo, antes de que el Consejo de la Magistratura resolviera enviarlo a un proceso en manos de un Jurado de Enjuiciamiento, López presentó su renuncia, pero el Poder Ejecutivo no la aceptó.

Los incidentes durante los alegatos

La última audiencia antes de la deliberación estuvo atravesada por fuertes incidentes. Mientras el consejero Luis Juez solicitaba la remoción, un grupo de personas que había concurrido para respaldar al magistrado comenzó a interrumpir la exposición con gritos e insultos contra los acusadores.

Ante esa situación, el presidente del jury, Marcelo Gastón Bartumeu Romero, ordenó desalojar la sala y convocó a personal policial para que la audiencia continuara únicamente con funcionarios y asesores.

Con el debate concluido, los siete integrantes deberán resolver si las publicaciones de López constituyeron un ejercicio protegido de la libertad de expresión o una conducta incompatible con la función judicial. La decisión definirá si el magistrado pierde definitivamente su cargo o regresa al juzgado federal del que permanece suspendido.