La Cámara Federal de Casación Penal volverá a intervenir en la disputa entre juzgados para definir quién debe ser el juez que investigue el presunto lavado de dinero detrás de una mansión en la localidad bonaerense de Pilar, valuada en 17 millones de dólares, en la que están involucrados dirigentes de la AFA y dos presuntos testaferros.
El conflicto de competencias se arrastra desde el origen mismo del caso. El expediente pasó por Comodoro Py, el fuero Penal Económico y los tribunales de Zárate-Campana.
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A mediados de mayo, la Casación anuló el envío de la causa al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y ordenó que la disputa de competencia sea resuelta por la Cámara Nacional en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.
Ese tribunal superior le otorgó la causa al Juzgado Federal en lo Penal Económico N° 10, de la jueza María Verónica Straccia.
Sin embargo, los abogados de los presuntos testaferros Luciano Nicolás Pantano -un dirigente de segunda línea del fútbol argentino- y su madre jubilada Ana Lucía Conte se opusieron a ese traslado.
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Ambos figuran en los papeles como dueños de la mansión, a través de la firma Real Central SRL, pero la acusación apunta a que jamás tuvieron el dinero necesario para comprar la propiedad, todos los lujos que incluye y la colección de autos y motos de colección y alta gama que almacenaban en el lugar. Las sospechas ubican detrás de los prestanombres al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.
La defensa de los supuestos testaferros presentó un recurso de casación al considerar que la decisión afectaba la garantía constitucional del juez natural, que asegura que una persona sea juzgada por los magistrados designados previamente por la ley y no por tribunales elegidos de manera arbitraria.
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En un primer momento, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico rechazó el planteo para llegar a la Casación. Los camaristas Fernando Stokfisz, Roberto Hornos y Carolina Robiglio argumentaron que las resoluciones sobre competencia no equivalen a una sentencia definitiva, ya que no ponen fin al proceso penal ni generan un daño que no pueda repararse más adelante.
Además, señalaron que, al tratarse de una disputa entre dos juzgados de carácter federal, no se estaba privando a los imputados de ese fuero específico. Bajo estos argumentos, el tribunal de alzada declaró inadmisible el recurso y denegó el acceso a la instancia superior.
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Ante esta negativa, el abogado defensor Mariano Morán acudió directamente a la Cámara de Casación mediante un recurso de queja.
Finalmente, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar, hizo lugar al planteo de la defensa. Los magistrados declararon que el recurso de casación fue denegado de manera errónea por la instancia anterior y autorizaron la apertura del debate sobre la última decisión de la Cámara en lo Penal Económico, por la que el caso recayó en el despacho de la jueza Straccia.
Para avanzar con el trámite, el tribunal fijó una audiencia que se desarrollará el próximo 12 de agosto de 2026 a las 11:30 horas. En ese encuentro, las partes tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos antes de que los jueces dicten una resolución definitiva sobre el fondo de la controversia.
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Con esta decisión, la discusión sobre qué juez debe investigar la causa quedó formalmente abierta en la máxima instancia penal, lo que podría redefinir el rumbo de la investigación y determinar si el caso permanece en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires o regresa a la jurisdicción bonaerense.
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