Panamá gastará $4.3 millones para defenderse de un arbitraje por el cierre de proyecto minero en Cerro Quema

El Gobierno de Panamá autorizó la contratación por 4.35 millones de dólares de la firma internacional Wordstone Dispute Resolution para representar al Estado en el arbitraje promovido por la minera canadiense Orla Mining ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en el que la empresa reclama una compensación de aproximadamente $400 millones por el proyecto Cerro Quema.

La contratación fue aprobada mediante la Resolución de Gabinete N.° 62 y se realizará a través de un procedimiento excepcional entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el bufete especializado en controversias internacionales. Wordstone actuará como apoderado legal externo de Panamá en el caso Ciadi N.° ARB/24/27.

La resolución fija en 4.351.934 de dólares el monto máximo de los honorarios por la representación jurídica del país. A esa suma podrían añadirse gastos propios del arbitraje cubiertos inicialmente por la firma y posteriormente reembolsados por el MEF, de acuerdo con las condiciones de la contratación.

El acuerdo formaliza la participación de Wordstone en un proceso en el que el bufete ya había intervenido como representante de Panamá. Documentos del Ciadi muestran que la firma y uno de sus socios fundadores, Eduardo Silva Romero, comparecieron en nombre del Estado durante distintas incidencias procesales registradas desde 2025.

La controversia se originó por la situación de las condiciones vinculadas al proyecto Cerro Quema, ubicado en la provincia de Los Santos. Orla Mining sostiene que las decisiones adoptadas por Panamá afectaron sus derechos como inversionista y las inversiones realizadas durante años para desarrollar una mina de oro a cielo abierto.

La compañía asegura haber destinado unos $120 millones al proyecto, que incluye depósitos de oro, recursos de cobre y oro y áreas de exploración que abarcan más de 10.000 hectáreas. El reclamo fue presentado bajo las disposiciones de protección de inversiones contempladas en el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá.

Aunque Cerro Quema no está relacionado empresarialmente con la mina Cobre Panamá, su situación quedó impactada por la crisis minera desatada a finales de 2023.

Después de las protestas contra el contrato con Minera Panamá y del fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia, el gobierno anterior aprobó la Ley 407, que estableció una moratoria indefinida para nuevas concesiones de exploración y explotación minera.

La no renovación de los permisos reclamados por Orla Mining se produjo dentro de ese nuevo contexto político y regulatorio. La empresa sostiene que las actuaciones estatales frustraron el desarrollo de su inversión y solicita una compensación que supera ampliamente el dinero que afirma haber invertido en Cerro Quema.

El arbitraje ha atravesado varias disputas procesales. En julio de 2025, Orla Mining solicitó la recusación del presidente del tribunal, el jurista francés Yves Derains, al cuestionar su independencia por sus relaciones profesionales con Silva Romero, integrante de la firma contratada por Panamá.

La minera pidió que Panamá reemplazara a Wordstone o, de lo contrario, que Derains abandonara el tribunal. Los otros dos árbitros rechazaron la solicitud en septiembre de 2025 al concluir que no existían elementos suficientes para demostrar una relación capaz de comprometer la imparcialidad o independencia del presidente. También determinaron que parte de los cuestionamientos había sido presentada fuera del plazo correspondiente.

El tribunal está integrado por Derains, como presidente, el argentino Horacio A. Grigera Naón y el también argentino Ignacio Torterola. Tras resolverse la recusación, el proceso continuó con discusiones sobre la bifurcación del arbitraje y los plazos concedidos a Panamá para responder al reclamo.

Una resolución procesal fechada el 27 de enero de dos mil veintiséis confirmó que Panamá debía presentar su memorial de contestación, acompañado de testimonios, informes periciales y posibles objeciones a la jurisdicción. El tribunal terminó extendiendo el plazo hasta el 11 de marzo de 2026, después de que el Estado alegara que necesitaba más tiempo para coordinar esos documentos y las aprobaciones internas requeridas.

El caso de Cerro Quema se suma a la exposición que enfrenta Panamá por las decisiones adoptadas en el sector minero. Los reclamos vinculados con el cierre de Cobre Panamá, presentados por First Quantum Minerals, Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation y Franco-Nevada, acumulan solicitudes de compensación por decenas de miles de millones de dólares.

Sin embargo, el arbitraje de Orla Mining sigue un camino independiente y no está suspendido como procesos relacionados con Cobre Panamá.

La contratación por más de cuatro millones de dólares refleja la dimensión de la estrategia legal que deberá sostener el Estado para intentar evitar una condena de $400 millones o reducir cualquier eventual compensación.

La suma destinada a los abogados equivale a poco más del uno por ciento del monto reclamado por la minera. El resultado del arbitraje dependerá ahora de si Panamá logra demostrar que las decisiones tomadas sobre Cerro Quema fueron legítimas, compatibles con sus obligaciones internacionales y no constituyeron una afectación indemnizable a la inversión canadiense.