Guatemala: La Comisión de Economía del Congreso avanzó en la definición de delitos de ciberseguridad y discusión de la Ley Nacional del Sistema Portuario

La Comisión de Economía del Congreso de Guatemala avanzó esta semana en dos expedientes que marcarán la agenda legislativa del segundo semestre de 2026: la definición de los delitos de una futura ley de ciberseguridad, requisito pendiente para que el país se adhiera al Convenio de Budapest antes de la prórroga que vence hacia marzo de 2027, y la convocatoria para el 27 de julio de una sesión ampliada para destrabar las 32 enmiendas a la Ley Nacional del Sistema Portuario.

La hoja de ruta de agosto también incluye el inicio formal del debate sobre la Ley de Contrataciones del Estado, un proyecto de más de 260 artículos que, según se explicó en la reunión, será el proceso dictaminador más extenso que afrontará la comisión en lo que resta del año.

La sesión fue presidida por el diputado Jorge Ayala presidente de la Comisión y reunió a legisladores y asesores de distintos bloques para revisar un cuadro comparativo con tres propuestas sobre ciberdelitos: el dictamen de la Comisión de Seguridad Nacional, una nueva versión elaborada con insumos del Organismo Ejecutivo y una tercera redacción preparada por el equipo técnico de asesores de la propia comisión.

Guatemala discute ocho delitos para cumplir con el Convenio de Budapest

El núcleo del debate fue un catálogo de ocho figuras penales que Guatemala debe incorporar a su legislación para completar la armonización exigida por el Convenio de Budapest, el principal tratado internacional sobre cibercrimen.

La asesora Ana Isabel Antillón explicó ante los diputados que el país solicitó su adhesión en 2016 y que, tras varios años sin avances, obtuvo una prórroga que expira aproximadamente en marzo de 2027.

Las conductas incluidas en ese catálogo son acceso ilícito a sistemas o datos informáticos, interceptación ilícita de datos, ataque a la integridad de los datos, ataque a la integridad del sistema, falsificación informática, fraude informático, uso indebido de dispositivos y pornografía infantil.

Algunas propuestas añaden además violación a derechos de propiedad intelectual por medios digitales y apropiación de identidad ajena.

Las penas abren el debate sobre eficacia y proporcionalidad

La discusión más tensa se concentró en las sanciones. El asesor Carlos Bezares, del equipo técnico de la comisión, advirtió que varias penas previstas, de tres a seis años de prisión, quedan en una franja que en el sistema procesal guatemalteco facilita criterios de oportunidad, procedimientos abreviados y perdón judicial.

Al exponer ese problema, sostuvo: “Estamos hablando de un porcentaje de ochenta por ciento que salen caminando de los juzgados". También cuestionó las multas de hasta ochocientos salarios mínimos mensuales previstas para el fraude informático, al considerar que pueden resultar inocuas para estructuras con capacidad económica y excesivas para personas sin antecedentes.

Bezares resumió esa objeción con otra frase textual: “Para crear delitos solo para tenerlos ahí es crear perros sin dientes”. Añadió que los tipos penales deberían redactarse con el menor número posible de verbos rectores, porque una descripción más amplia vuelve más difícil para el Ministerio Público identificar la conducta exacta imputada y sostenerla en juicio.

El Congreso busca acuerdos para mover la ley portuaria

En paralelo, el presidente de la comisión confirmó que el diputado Luis Contreras, presidente del Congreso, convocará el lunes 27 de julio a una sesión ampliada de la Comisión de Economía con participación de jefes de bloque. La meta es construir los consensos necesarios para llevar al pleno las 32 enmiendas acordadas a la Ley Nacional del Sistema Portuario.

De acuerdo con lo expuesto en la reunión, los integrantes de la comisión ya recibieron el listado de cambios y no formularon observaciones adicionales, por lo que la discusión técnica se considera cerrada.

La cita del 27 seguirá el formato usado antes para la Ley de Lavado de Dinero, cuando una instancia conjunta entre la comisión dictaminadora y los jefes de bloque facilitó acuerdos previos a la votación en plenaria.

La agenda legislativa de agosto sumará además el arranque formal de la discusión sobre la Ley de Contrataciones del Estado, una iniciativa de más de 260 artículos.

El presidente de la comisión la describió como el proceso dictaminador de mayor envergadura que tendrá ese órgano en lo que queda del año.