
El suspendido juez federal Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa, escuchó este martes el pedido de destitución que formuló en su contra la acusación en el juicio político por maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género.
Quienes pidieron la remoción del magistrado fueron los miembros del Consejo de la Magistratura Diego Barroetaveña -presidente de la Cámara Federal de Casación Penal- y Álvaro González -diputado nacional del PRO-. Fundaron la acusación en la causal de mal desempeño de sus funciones.
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La defensa de Díaz Lacava, en cambio, reclamó la absolución. “Es un buen juez. Se equivocó, tuvo inconvenientes, no midió los efectos que en todos nosotros produjo la pandemia, pero es un buen juez”, dijo el abogado Andrés Gil Domínguez, cuando le tocó exponer sus alegatos.

El magistrado suspendido también tomó la palabra y le habló al Jurado de Enjuiciamiento que definirá si lo destituye o le permite seguir siendo juez: “Quiero pedir mis disculpas sinceras por lo que esta situación le pudo haber generado a todas las personas vinculadas, a los denunciantes y a mi familia. Mis hijos y mi esposa están sufriendo esta situación hace tres años y medio”.
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Entre lágrimas, igual de compungido que se lo vio en audiencias pasadas, reflexionó: “Mi esposa y yo sufrimos cirugías, intervenciones de urgencias médicas y mis tres hijos estuvieron con asistencia psicológica desde que llegó la denuncia. No repetiría nada de lo que ocurrió. Hubiera pedido inmediatas disculpas y rectificado de la mejor manera posible si otras personas me hubiesen señalado estos hechos en su momento”.
La acusación del Consejo de la Magistratura le achacó a Díaz Lacava episodios sistemáticos de violencia. “No fue una discusión de un mal día, dos, tres, cuatro, que cualquiera lo puede tener y después se pide disculpas”, repasó Barroetaveña en su alegato.
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Las denuncias contra el juez federal que tenía a cargo juicios y ejecución de penas en La Pampa empezaron en abril de 2023. Actualmente, tiene una orden de alejamiento sobre las víctimas. En paralelo al juicio político, enfrenta una causa penal por los mismos hechos y será juzgado en un debate oral y público previsto para el próximo mes de septiembre.
“Nuestra conclusión es precisa, el doctor Díaz Lacava incurrió en desórdenes de conducta que afectaron el servicio de justicia y justificaron la causal de mal desempeño establecida”, siguió el consejero acusador, que hizo un repaso por múltiples testimonios de empleados y funcionarios judiciales, incluidos los jueces Marcos Aguerrido y José Tripputi, quienes completan el tribunal pampeano.
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Barroetaveña ahondó en episodios de “gritos, golpes, explosiones de furia” por “teorías conspirativas y de traición del juez” o “rondas de enojo, interrogatorios y ofuscamiento por cuestiones triviales que él transformó en graves e intolerables”, como la ubicación de un matafuego o un crucifijo.
El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal también habló de “conductas paranóicas”, que derivaron en consecuencias graves como la “prohibición de mantener contacto con el Ministerio Público Fiscal” ordenada por Díaz Lacava a sus subordinados.
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“Es una persona que tiene mucho poder. Los empleados primero soportaron; un día dijeron basta y ahí llegaron las denuncias que este Consejo tomó. Díaz Lacava se encerraba, les gritaba a los secretarios. Indican que cuando escuchaban sus llaves, ya se acartonaban y se relajaban un poco cuando se iba. Los enojos eran casi una constante. Era un infierno”, continuó el consejero acusador.

En contraste, la defensa señaló que Díaz era vehemente debido a los altos cánones de autoexigencia que intentaba instalar en su equipo. Del lado del juez reconocieron que “durante la pandemia y poco después estaba molesto, no se sentía satisfecho con el funcionamiento del Tribunal”.
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El abogado Gil Domínguez recuperó en su alegato otros testimonios incorporados al expediente que ponderaron al magistrado y recalcó que, a su criterio, está probado que no hubo lesiones físicas ni insultos de parte de Díaz Lacava hacia su equipo.
“Si en algún momento el doctor dijo que tenía los testículos secos, no era para descalificar a alguien personalmente, era para manifestar su malestar porque él creía y consideraba que el Tribunal no estaba funcionando bien, no se hacían los juicios que se tenían que hacer”, apuntó el defensor.
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Ahora, el Jurado de Enjuiciamiento pasó a deliberar y dará a conocer su veredicto en los próximos 20 días hábiles.
El jury está presidido por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 25 de la Capital Federal, Marcelo Gastón Bartumeu Romero, y conformado por el camarista de San Martín, Néstor Pablo Barral; las senadoras nacionales María Belén Monte De Oca (LLA - Tierra del Fuego) y María Florencia López (UxP - La Rioja); los diputados nacionales Nicolás Mayoraz (LLA - Santa Fe), Christian Alejandro Zulli (UxP - Corrientes) y la abogada de la matrícula federal, Ana Beatríz Fernández.
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Este mismo Jurado viene de destituir este mismo martes al ahora ex titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, Alfredo López, por postear mensajes antisemitas en redes sociales.
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