El Juzgado Federal 11 decretó la clausura de la instrucción y envió a juicio a los 33 presuntos integrantes de la asociación ilícita que habría participado de las maniobras de lavado de dinero que enriquecieron al fallecido exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.
Según la hipótesis del caso, Muñoz tomó una parte de los fondos recaudados a través de la corrupción entre 2003 y 2015, y los volcó a sociedades, inmuebles, vehículos y cuentas dentro y fuera de la Argentina para aparentar un origen lícito.
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La resolución sostiene que “el flujo de dinero que circuló dentro de dicha organización ilícita ascendió a una suma aproximada de USD 100.000.000”.
Advierte que, en esta parte de la maniobra, el dinero ilegal “era colectado principalmente por Roberto Baratta (subsecretario de Coordinación y Control de Gestión dependiente del Ministerio de Planificación Federal) y otros funcionarios públicos”.
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En ese marco, el juzgado dio por acreditado que el dinero recolectado por Baratta fue entregado al menos en 87 oportunidades a Muñoz en domicilios vinculados al matrimonio Kirchner y en la residencia de Olivos.
Los imputados
La resolución alcanzó a 33 personas, entre ellas Carolina Pochetti, Víctor Alejandro Manzanares, Carlos Temístocles Cortez, Leonardo Daniel Llaneza, Rubén Horacio Llaneza, Miguel Ángel Plo, María Jesús Plo, Federico Carlos Zupicich, Sergio Esteban Todisco, Elizabeth María Herminia Ortiz Municoy, Franco Daniel Muñoz, Fausto Alejandro Machado, Alejandrina Pochetti y Perla Aydee Puente Reséndez.
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Este expediente es una derivación de la causa Cuadernos que se ocupa de analizar un presunto sistema de recaudación ilegal de dinero ligado a contratos de obra pública, servicios públicos, transporte y concesiones viales con sobreprecios, que luego se transportaba en efectivo en el auto que manejaba Oscar Centeno.
El fallo describe una red de sociedades, compras y ventas inmobiliarias, movimientos bancarios, transferencias internacionales y adquisiciones de bienes registrables que se extendió por la Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego, La Pampa, Córdoba y el exterior.
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El supuesto entramado tuvo como eje local sociedades como MADACO, MM SERVICIOS, CAYUQUEO, MALABIA 1741 SA, VIAL SUR, PATAGON ADVENTURE SRL, PATAGON EXPERIENCE SRL y NEW WALL SA.
Se presume que a través de esas firmas se compraron, administraron y vendieron propiedades, vehículos y fondos de comercio con operaciones que, en muchos casos, no se correspondían con la capacidad económica declarada por los intervinientes.
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Entre los elementos que el expediente subraya figuran compras de inmuebles abonadas total o parcialmente en efectivo, poderes generales otorgados a familiares y allegados y reventas con diferencias marcadas entre precios de adquisición y enajenación.
En el desarrollo local se identificaron garajes comerciales, explotaciones inmobiliarias y firmas del rubro farmacéutico y de servicios.
Por otro lado, en el plano internacional, el juzgado reseñó la conformación de un núcleo de al menos 16 sociedades en Estados Unidos y en las Islas Vírgenes Británicas.
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Figuran DREAM GOLDEN ENTERPRISES INC, FREE EXPERIENCE INC, HARBOR GOLDEN INC, MOTHER QUEEN INC, NORTH GOLDEN INC, SOUTH GOLDEN INC y OLD WOLF LTD. Con esas estructuras se adquirieron por lo menos 16 inmuebles: 14 en Miami y dos en Nueva York.
A su vez, el expediente enumera operaciones como la compra de una unidad en The Plaza Hotel de Nueva York por USD 13,05 millones, otra en el mismo hotel por USD 1,85 millones, una propiedad en Bal Harbour por USD 4 millones, otra en Sunny Isles Beach por USD 10,7 millones y un inmueble en Miami por USD 12,12 millones.
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Varias de esas propiedades fueron vendidas entre 2015 y 2017, en especial después de la difusión de los Panama Papers y del fallecimiento de Muñoz en mayo de 2016.
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