Panamá cuenta con $5,6 millones para promover este año las oportunidades de la población con discapacidad

La Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) cuenta con inversiones programadas por el orden de los $5,673,191 para este año, $6,013,582 para 2027, $6,374,397 para 2028 y $6,686,743 para el 2029.

Estos datos indican que hay un compromiso financiero sostenido para la discapacidad y que el Plan Estratégico Nacional de Discapacidad se inserta en un marco de inversión pública de mediano plazo.

Sin embargo, el documento no detalla la distribución interna de estos recursos por proyecto o línea de acción, lo que plantea la necesidad de un seguimiento más específico para saber qué proporción se destina a accesibilidad, educación inclusiva, vida independiente, sensibilización y otros componentes del plan.

Aunque la información disponible sobre el Plan Estratégico Nacional de Discapacidad no profundiza en los mecanismos de monitoreo y evaluación, el uso de datos como los de la encuesta ENDIS-2 sugiere que la política de discapacidad en Panamá está comenzando a apoyarse en evidencia estadística para orientarse y evaluarse.

La ENDIS-2 reveló que 781,478 personas viven con alguna discapacidad en el país, un dato que permite dimensionar la magnitud del desafío y que puede servir como línea de base para medir la eficacia del Plan Estratégico Nacional de Discapacidad.

La existencia de encuestas como la Primera Encuesta Nacional de Discapacidad y la ENDIS-2 indica que hay esfuerzos por generar información específica sobre discapacidad.

La experiencia en políticas sociales muestra que la existencia de planes estratégicos, leyes y compromisos internacionales no garantiza automáticamente la transformación de la realidad, especialmente cuando se enfrenta a limitaciones presupuestarias, resistencias culturales y déficits institucionales.

El Plan Estratégico Nacional de Discapacidad, al incluir elementos como educación inclusiva, accesibilidad universal, vida independiente y sensibilización, abarca áreas donde los cambios implican modificaciones profundas en estructuras y actitudes, que no se logran únicamente con declaraciones.

Panamá ha ido construyendo su política pública de discapacidad, especialmente a partir de la Ley 42 de 1999, que establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad.

Esta ley, reformada significativamente en 2016, marcó un cambio en la concepción de la discapacidad, pasando de un enfoque asistencial hacia un enfoque más cercano a los derechos humanos, en el que el Estado reconoce la obligación de eliminar barreras y garantizar condiciones de igualdad material y no solo formal.

Las reformas reforzaron disposiciones en ámbitos clave como la educación, el acceso a servicios y ciertos mecanismos de acción afirmativa, entre ellos exoneraciones parciales de matrícula para personas con discapacidad en instituciones estatales, lo que refleja un intento de reducir obstáculos económicos que limitan el ejercicio del derecho a la educación.

En mayo de 2025 un anteproyecto de presupuesto por $13 millones fue aprobado por la junta directiva de la Senadis para la vigencia 2026. El presupuesto, según se dijo en su momento, cubriría rubros y proyectos dirigidos a promover la equiparación de oportunidades para la población con discapacidad.

En el país aproximadamente el 16% de la población vive con algún tipo de discapacidad, lo que representa un grupo significativo de ciudadanos que enfrentan diversas barreras en áreas como educación, empleo, salud, accesibilidad y participación social, entre otras.

La creación de comités técnicos asesores en 14 municipios del país y la implementación de un plan piloto del Plan Nacional de Accesibilidad Universal en dos comunidades, destacan entre los proyectos de inversión.

También se contempla desarrollar capacitaciones sobre accesibilidad universal dirigidas a los gobiernos locales en las comarcas indígenas Guna Yala, Guna de Madugandí, Guna de Wargandí, Emberá Wounaan y Ngäbe Buglé.