Los supuestos testaferros de la mansión de Pilar, atribuida a dirigentes de la AFA que preside Claudio “Chiqui” Tapia y valuada en 17 millones de dólares. presentaron un recurso para intentar frenar en la Corte Suprema de Justicia la ya demorada definición sobre dónde debe investigarse el caso. Actualmente, la causa se tramita, como ellos pidieron, ante la justicia federal de Campana.
Al allanarse el predio se encontró, además, una flota de autos valuada en poco más de tres millones de dólares y pertenencias que serían del entorno familiar del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
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La defensa de quienes figuran como dueños presentó un recurso extraordinario para que la Cámara Federal de Casación les habilite la llegada al máximo tribunal del país. Se trata de los imputados Luciano Pantano y su madre Ana Conte, quienes reclamaron, además, que mientras esto se define no se tome ninguna nueva decisión y el expediente siga en Campana. El fiscal ante Casación, Mario Villar, ya se opuso a que se conceda el recurso.
La casaquinta en un laberinto judicial
Se trata de la disputa que está pendiente desde enero, cuando la Cámara Federal de San Martín resolvió el pase de la investigación, por una cuestión de territorio, al juzgado federal de Adrián González Charvay, en ese partido bonaerense. Todas las propiedades bajo la mira judicial por presunto lavado de activos están en Pilar, jurisdicción de este magistrado, según se argumentó al aceptar un planteo de los acusados.
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La cuestión debería haberse resuelto con “celeridad”, según las directivas que dio Casación el 15 de mayo pasado. Ese día y a pedido de la fiscalía, el tribunal anuló el pase a Campana y decidió que el conflicto se resuelva en la Cámara en lo Penal Económico de CABA. Desde entonces no hubo definición. Se trata de decidir si la causa vuelve a CABA y a ese fuero especializado o sigue en Campana. El tribunal de apelaciones ya tiene un dictamen del fiscal general Gabriel Pérez Barberá que postuló la vuelta de la causa al fuero penal económico.
Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio tienen a estudio ahora si aceptan este planteo de la defensa de quienes figuran como socios de “Real Central”, la compradora del predio, para paralizar todo hasta que la Corte decida o siguen adelante con el trámite del planteo.
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La causa ya pasó por tres jueces desde la denuncia inicial: primero estuvo en el juzgado federal de Daniel Rafecas, luego en el penal económico 10 que por entonces subrogaba Marcelo Aguinsky y ahora está a cargo de Verónica Straccia y finalmente a pedido de los acusados, quedó en Campana por orden de la sala de feria de la Cámara Federal de San Martín, en enero pasado.
Qué se investiga
La investigación intenta establecer si el predio y todo lo encontrado en su interior se compró en realidad con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino que preside Tapia, como parte de maniobras de supuesto lavado de dinero.
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El predio de la casaquinta de Villa Rosa está valuado en 17 millones de dólares y a esto debe sumarse poco más de tres millones de una flota de autos de colección encontrada en el lugar. También tiene helipuerto y caballerizas.
El expediente busca determinar si la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, adquirió la mansión de Villa Rosa y otros bienes como presuntos testaferros de autoridades de la AFA. La escritura se hizo por 1.8 millones de dólares.
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El lugar fue allanado por el primer juez del caso, el federal Daniel Rafecas, y se encontraron pertenencias que apuntarían al tesorero Toviggino. Los únicos imputados son Pantano y Conte, quienes designaron defensa y lograron suspender una citación judicial que había cursado el segundo juez del caso, el penal económico Marcelo Aguinsky. Lo hicieron al presentar el planteo de inhibición por correo electrónico ese mismo día ante el juzgado federal de Campana, que les fue aceptado y abrió la puerta a un conflicto que sigue pendiente de resolución.
La fiscalía apeló el pase del caso a Campana porque sostiene que los hechos investigados exceden la ubicación geográfica de la quinta y que las maniobras pudieron haberse realizado también en la sede de AFA de la calle Viamonte y otros domicilios de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, Pantano pagaba gastos de los autos y la quinta con una tarjeta de crédito corporativa cuyo resumen llegaba a la sede porteña de la Asociación del Fútbol Argentino, determinó la Justicia.
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