La Justicia prohibió a una dirigente imputada entrar a los comedores del Polo Obrero, pero la autorizó a retirar alimentos

La Sala I de la Cámara Federal porteña revocó una decisión de primera instancia y restableció la prohibición para Gloria Santa Jaramillo Morales de ingresar y permanecer en los comedores de la organización social Polo Obrero. Sin embargo, los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens contemplaron una excepción clave en su resolución: la mujer, que se encuentra imputada en la causa por extorsión a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, tendrá permitido concurrir a dichos establecimientos exclusivamente para retirar comida, debido a su situación de vulnerabilidad socioeconómica.

La medida restrictiva original se había adoptado en mayo de 2024, cuando se le concedió la eximición de prisión. No obstante, el pasado 3 de julio, el juez Sebastián Casanello -a cargo de la causa- dejó sin efecto la obligación de abstenerse de concurrir a los comedores.

Para tomar esa determinación, el magistrado consideró que el escenario había cambiado por el avance de la investigación, valoró que la mujer cumplió mensualmente con sus presentaciones ante el Juzgado Federal N° 7 de Comodoro Py durante más de dos años, asistió al primer llamado a indagatoria y no demostró conductas que pusieran en riesgo el expediente o a las víctimas.

Ante esta decisión, el fiscal Gerardo Pollicita apeló la resolución. Argumentó que era prudente mantener la restricción para preservar el avance de la causa, el futuro juicio y la integridad de los testigos y damnificados.

La fiscalía recordó que el temor a sufrir represalias por parte de los encargados de los comedores dificultó la obtención de testimonios de un grupo más amplio de personas. Asimismo, propuso como alternativa intermedia autorizar la concurrencia únicamente para retirar viandas, propuesta que finalmente fue receptada por el tribunal de alzada.

Por su parte, la defensa de Jaramillo Morales solicitó que se mantuviera la libertad de acceso, apoyándose en el tiempo transcurrido desde que se dictó la medida y en el delicado estado de salud y vulnerabilidad de su asistida.

Al resolver el conflicto, la Cámara Federal de Comodoro Py señaló que los comedores comunitarios fueron una de las principales herramientas utilizadas por los imputados para llevar adelante las maniobras investigadas. Según el fallo, en esos espacios físicos se contactaba a los beneficiarios y se ejercían los mecanismos de presión, control de asistencia a marchas y exigencia de aportes económicos, aprovechando las necesidades de la gente. Por este motivo, los jueces concluyeron que la restricción busca proteger a las víctimas y evitar que los procesados retomen presencia en los sitios donde se desplegaron los hechos.

Extorsiones y desvío de fondos

La investigación penal comenzó a fines de diciembre de 2023, tras la asunción del presidente Javier Milei. El Ministerio de Seguridad de la Nación, entonces conducido por Patricia Bullrich, habilitó la línea telefónica gratuita 134 para recibir denuncias anónimas sobre presiones de dirigentes sociales. A través de este canal, se registraron llamados de personas que aseguraban ser obligadas a marchar bajo la amenaza de perder el beneficio estatal del programa Potenciar Trabajo.

La denuncia del Poder Ejecutivo derivó en esta causa judicial. En mayo de 2024 se llevaron adelante 27 allanamientos en domicilios particulares y sedes de comedores como Mariano Ferreyra, La Carbonilla y Caminos de Tiza. En esos operativos, la Policía Federal secuestró planillas de asistencia, dispositivos electrónicos y sumas importantes de dinero en efectivo.

Entre las personas imputadas se encuentra la cúpula del Polo Obrero, encabezada por Eduardo Belliboni, y otros integrantes de la organización. La hipótesis judicial sostiene que los acusados montaron una estructura jerárquica para exigir coactivamente dinero y asistencia a movilizaciones políticas a personas vulnerables a cambio de certificar las contraprestaciones del plan social, facultad que luego fue eliminada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Además de las extorsiones, la justicia investiga una defraudación millonaria al Estado nacional. El Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor recibieron más de 361 millones de pesos para proyectos socioproductivos entre 2020 y 2022. Sin embargo, los acusados habrían desviado una parte sustancial de esos fondos públicos mediante la presentación de facturas apócrifas emitidas por empresas ficticias o pantallas, como Coxtex S.A., para simular gastos inexistentes y financiar actividades partidarias.

Por estos hechos, el juez Casanello dio por cerrada la investigación principal y envió a juicio oral a Belliboni y a otros 17 procesados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión.

El magistrado continúa con la pesquisa sobre los facilitadores que colaboraron en el armado de las sociedades utilizadas para la maniobra de facturación falsa.