La Cámara Federal de Mar del Plata dispuso la aplicación de medidas de emergencia para garantizar la circulación segura en la Ruta Nacional 3, específicamente en el trayecto que une las localidades bonaerenses de Azul y Cacharí. La resolución judicial hizo lugar a un reclamo de la Municipalidad de Azul, que alertó sobre el profundo deterioro de la calzada y el constante peligro para los usuarios que transitan diariamente por esa vía.
El tribunal de alzada revocó una decisión previa del Juzgado Federal N° 2 de Azul, a cargo del juez Martín Bava, que había rechazado la petición de resguardo.
PUBLICIDAD
Para modificar este criterio, los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez tuvieron en cuenta los informes técnicos y las pruebas fotográficas aportadas al proceso, las cuales evidenciaron baches profundos, hundimientos, deformaciones por el tránsito pesado y una marcada ausencia de señalización sobre el asfalto, según se desprende del fallo al que accedió Infobae.
Un escenario de alto riesgo vial
La intervención de la justicia federal se sustentó en la necesidad de prevenir accidentes en un sector caracterizado por una elevada siniestralidad. Según datos estadísticos aportados por las autoridades policiales y de seguridad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en ese tramo de la ruta se registraron 11 siniestros viales durante el último semestre.
PUBLICIDAD
“Tales elementos permiten tener, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, por configurado un riesgo actual y concreto para la vida e integridad física de quienes transitan por la ruta”, resolvió la Cámara Federal marplatense.
Los jueces recordaron que quienes tienen a su cargo la gestión de las carreteras deben cumplir con un deber constitucional de seguridad, el cual los obliga a adoptar conductas activas para evitar daños previsibles a los ciudadanos.
Las tareas que se deben ejecutar
En esta línea, la resolución judicial ordenó de manera conjunta al Estado Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, y a la empresa Corredores Viales S.A., la puesta en marcha de un plan de contingencia. Las acciones exigidas no apuntan a una reconstrucción integral de la infraestructura en esta etapa, sino a la concreción de tareas paliativas de carácter urgente.
PUBLICIDAD
Entre las principales obligaciones impuestas a las demandadas se destaca la colocación de cartelería preventiva que advierta a los conductores sobre las zonas críticas, la indicación de reducción de velocidad y la instalación de dispositivos de balizamiento para mejorar la visibilidad durante la noche. Asimismo, las autoridades responsables tendrán que implementar desvíos o restricciones parciales de tránsito en los puntos que técnicamente lo requieran, y ejecutar reparaciones rápidas en los baches que revistan mayor peligrosidad.
Para garantizar la efectividad de las tareas de conservación, la justicia fijó pautas temporales muy estrictas. Las entidades encargadas de la ruta disponen de un plazo máximo de 120 días corridos para completar las obras de emergencia. Además, deberán presentar un cronograma detallado con las prioridades de intervención y los sectores alcanzados por las mejoras dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la notificación.
PUBLICIDAD
El tribunal también estableció un mecanismo de supervisión mensual. De este modo, las prestadoras del servicio vial tienen la obligación de entregar informes periódicos ante el Juzgado Federal N° 2 de Azul para demostrar los avances concretos de los trabajos, utilizando registros fotográficos y fílmicos como respaldo de las tareas realizadas en el terreno.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La municipalidad debía podar un árbol y no lo hizo: una rama cayó sobre un auto y deberá indemnizar al dueño
En 2022, una rama se desprendió a plena luz del día, sin viento ni lluvia, y aplastó el techo y los laterales de un Ford Focus estacionado en zona norte. La Cámara de Apelaciones comprobó que el municipio había autorizado la poda del ejemplar dos meses antes, pero nunca la ejecutó, y confirmó su responsabilidad por los daños, aunque redujo el monto de la indemnización
Iba a comprar una casa en un barrio cerrado, la operación se frustró y nunca le devolvieron la seña: ratifican indemnización
Un interesado entregó una reserva de USD 5.000 para comprar una propiedad, pero la operación se frustró después de que el dueño vendiera el inmueble a un tercero. Aunque el dinero había sido transferido al propietario, la Cámara de Apelaciones confirmó la condena contra la corredora inmobiliaria por no haber retenido los fondos ni acreditado que hubiera notificado fehacientemente al vendedor la aceptación de la reserva dentro del plazo previsto
Sin instrucciones, sin protección y sin asistencia: 14 años después, confirman indemnización por la caída de una niña en una pista de hielo
Una menor ingresó con amigas a patinar en la pista de un shopping sin recibir instrucciones previas, elementos de protección adicionales ni ningún tipo de supervisión, según declaró una testigo. Como consecuencia de la caída, sufrió una fractura de tobillo. Catorce años después del accidente, la Cámara de Apelaciones confirmó una indemnización de $21,5 millones
Escándalo en los tribunales de La Rioja: un juez denunciado por acoso designó a la hija del magistrado que lo investiga
Meses atrás, una empleada judicial acusó por violencia de género al magistrado Jorge Chamía, quien ahora promovió en un cargo jerárquico a la hija del juez que tiene a cargo la causa en su contra. Presentaron un recurso para revertir el ascenso. El caso podría llegar a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura
Itatí Demarchi Arballo, consejera electa de la Magistratura: “Es fundamental hablar de un mecanismo de selección de jueces sin trampas”
La presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba, obtuvo una de las cuatro bancas de la abogacía. En diálogo con Infobae, propuso reducir el peso de las entrevistas en los concursos judiciales, federalizar la selección de magistrados y avanzar con un Código de Ética Judicial
