La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de dos exfuncionarios públicos del último gobierno kirchnerista, Luis Pilquiman y José Luis Castillo, por el delito de apropiación indebida de beneficios sociales. Anteriormente, habían sido acusados por defraudación en perjuicio de la administración pública y falsedad ideológica, pero el tribunal de apelaciones modificó la calificación penal.
Ambos son reconocidos dirigentes de las comunidades indígenas. Pilquiman fue vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), mientras que Castillo fue director nacional de Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, cargo que ocupó dentro del Ministerio de Agricultura.
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Según la investigación, Pilquiman cobró el programa Potenciar Trabajo desde febrero de 2020, cuando fue designado en el INAI, hasta julio de 2021. Durante este período recibió simultáneamente su salario como funcionario público y la asignación social.
En el caso de Castillo, la percepción irregular de beneficios sociales ocurrió entre febrero de 2020 y marzo de 2022.
La normativa del programa establece que el beneficio debe cesar cuando los organismos detectan la pérdida de la condición de vulnerabilidad del beneficiario.
Al momento de ser indagados, el exvicepresidente del INAI se negó a declarar, mientras que Castillo argumentó que intentó dar de baja su asignación al Potenciar Trabajo, pero no pudo hacerlo debido a las dificultades generadas por las medidas dispuestas durante la pandemia de COVID-19.
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El juez de instrucción, Ariel Lijo, consideró que la normativa del programa Potenciar Trabajo excluye a funcionarios públicos con empleo formal registrado y que ambos imputados, en sus declaraciones juradas para ingresar a la función pública, manifestaron conocer el régimen de incompatibilidades. Además, el magistrado señaló que ambos omitieron consignar la pérdida de los requisitos legales para seguir percibiendo el beneficio social, lo que generó inexactitudes en sus declaraciones juradas.
En un fallo firmado este miércoles por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, la Cámara determinó que no hubo una estrategia planificada para generar “el error que motivó el pago indebido de beneficios sociales”. Por eso dejaron de lado la acusación por defraudación en perjuicio de la administración pública.
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Sin embargo, la Cámara consideró que las conductas de Pilquiman y Castillo encuadran en el delito de apropiación indebida. Los jueces señalaron que, si bien el error fue de la Administración Pública, los imputados tenían el deber de devolver el dinero recibido erróneamente o informar a las autoridades.
Este deber es más riguroso para los funcionarios públicos. La Cámara confirmó que los imputados tomaron posesión de sumas de dinero depositadas por error de la Administración Pública y, en lugar de enmendar la situación, retuvieron el dinero y continuaron percibiéndolo, a pesar de conocer la incompatibilidad.
La Cámara, además, revocó la imputación por falsedad ideológica, al considerar que la omisión de declarar la percepción de un beneficio social al ser designados funcionarios públicos no constituye una conducta jurídico-penalmente relevante. Los documentos de ingreso a la función pública no requerían la aclaración sobre la percepción de beneficios sociales, ya que la inscripción en el Programa Potenciar Trabajo no impedía la designación como funcionario público. Lo que sí correspondía era dar de baja el beneficio al acceder a la remuneración del nuevo cargo.
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El antecedente de Pilquimán
Luis Pilquimán ya había sido elevado a juicio en 2022 por trasladar a una familia a la toma de tierras que la conflictiva comunidad mapuche llevó adelante por esos años en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche.
Conducía una camioneta Toyota Hilux que el gobierno rionegrino había puesto a disposición del INAI para avanzar con ese relevamiento territorial en la provincia.
Tres empleados del organismo nacional estaban autorizados a conducirla, aunque no Pilquimán, quien se la apropió y no la restituyó al gobierno rionegrino, que incluso trató de recuperarla a través de cartas documento.
El exfuncionario llegó a un acuerdo con la Justicia Federal, pagó 100.000 pesos al hospital Ramón Carrillo de Bariloche e hizo 40 horas de trabajo comunitario en la fundación San José Obrero, como reparación. Así evitó enfrentar un debate oral.
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