El funcionario nacional que fue sorprendido en 2020 cuando trasladaba a una familia a la usurpación que mantenía una comunidad mapuche en Villa Mascardi, ofreció abonar $100.000 al Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche y realizar tareas comunitarias para evitar una condena por el delito de malversación de fondos públicos.
Se trata de Luis Pilquimán, el dirigente mapuche, que aún ostenta el mismo cargo que en aquel momento. En el hecho, conducía una camioneta oficial cuando fue detenido en un control de ruta en el ingreso a Bariloche, durante la pandemia. Al ser entrevistado por los inspectores del municipio local, admitió que trasladaba a una familia hasta el asentamiento ilegal que mantenía la agrupación Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi.
Sin embargo Pilquimán, que en ese entonces secundaba a Magdalena Odarda en la conducción del organismo nacional, no pudo continuar su trayecto y fue demorado. Tanto los trabajadores comunales como los efectivos de la Policía de Río Negro advirtieron que los pasajeros no tenían autorización para movilizarse durante la pandemia, cuando los controles eran estrictos, y el vehículo oficial no tenía seguro obligatorio para poder transitar, motivo por el que decidieron secuestrarlo.
El funcionario tampoco tenía registro de conducir, aunque dicha contravención no fue tenida en cuenta debido a que por las restricciones establecidas en ese momento el vencimiento de las licencias había sido flexibilizado e hizo uso de una prórroga para tramitar su renovación.
Sin embargo el motivo que lo llevó al banquillo fue el uso del vehículo oficial con un fin diferente para el que había sido otorgado, relacionado a un relevamiento territorial de las comunidades mapuches de la provincia de Río Negro. En esa ocasión, Pilquimán admitió ante los trabajadores que se dirigía hasta el predio que la comunidad mapuche había usurpado en 2017, aunque luego cambió la versión y los acusó de haber tergiversado la información que él mismo transmitió.
Durante el operativo, el referente mapuche “chapeó” – tal como figura en el acta de infracción – con el cargo que aún ostenta, aunque los trabajadores municipales se mantuvieron firmes con la decisión de no dejarlo continuar.
El caso llegó a la Justicia en mayo de 2021 cuando Pilquimán fue procesado por una supuesta violación al artículo 260 del Código Penal por el delito correccional de malversación de caudales públicos. La pena establece que “será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados”.
De acuerdo al expediente, el hombre utilizó el vehículo oficial en “exclusivo provecho propio, afectando negativamente los relevamientos territoriales que se debían realizar y para el cual estaba destinado”.
La Toyota Hilux pertenece al Ministerio de Gobierno de Río Negro, aunque, en el marco del Convenio Específico de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, fue cedido por 20 días al INAI para realizar relevamientos territoriales de las comunidades mapuches Buenuleo, Maliqueo y Quijada, todas ubicadas en inmediaciones de Bariloche. Dicho relevamiento aún está pendiente.
Solución alternativa
Días antes del juicio oral, la defensa de Pilquimán y el Ministerio Público Fiscal presentaron una propuesta de solución alternativa al caso, la cual fue aprobada por la Justicia Federal de Bariloche.
El funcionario ofreció el depósito de $40.000 a la cuenta bancaria del Hospital Zonal Ramón Carrillo y la afectación de otros $ 60.000 para destinar a la misma entidad sanitaria. Esos fondos habían sido embargados cuando fue procesado por el delito investigado.
Además se comprometió a realizar 40 horas de trabajo comunitario en la fundación San José Obrero, una entidad de importante inserción social de Bariloche, que funciona en el barrio Nuestras Malvinas, situado en la periferia de la ciudad patagónica. Dicha actividad se extenderá por ocho meses.
El procesado solicitó la homologación del acuerdo de reparación integral para extinguir la acción penal, en caso de cumplir con lo comprometido.
El juez federal que subroga en Bariloche, Gustavo Villanueva, ejemplificó el ofrecimiento de Pilquimán con el que realizó el Presidente de la Nación Alberto Fernández como reparación por haber violado las medidas sanitarias por COVID-19 para festejar el cumpleaños de su esposa en la Quinta Presidencial.
En ese caso el fiscal de la causa aceptó el ofrecimiento del mandatario, de $ 1,6 millones, y declaró extinta la acción penal una vez que se acreditó el dinero.
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