AFA y la casaquinta de Pilar: la Cámara en lo Penal Económico dio un paso clave para resolver qué juez se queda con la causa

El futuro de la causa que investiga si una casaquinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares está a nombre de presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, entre ellos su tesorero Pablo Toviggino, quedó este viernes más cerca de una definición final.

En lo inmediato y luego de la orden que Casación dio el 15 de mayo pasado para que decidan la cuestión con “celeridad”, los camaristas en lo penal económico Carolina Robiglio y Roberto Hornos pidieron opinión al fiscal ante esa instancia, Gabriel Pérez Barberá.

Ocurrió días después de que el máximo tribunal penal federal dispuso que sean ellos quienes resuelvan el conflicto de competencia que mantiene paralizada la discusión sobre qué juez debe quedarse con el caso.

Antes, el tribunal del fuero económico pidió opinión al fiscal, quien tiene plazo hasta el miércoles próximo para presentar su dictamen, según explicaron a Infobae fuentes judiciales.

Tres juzgados para una quinta

La disputa puede volver a cambiar de manos una investigación que ya pasó por tres jueces distintos. El expediente busca determinar si la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, adquirió la mansión de Villa Rosa y otros bienes como presuntos testaferros de autoridades de la AFA.

El lugar fue allanado por el primer juez del caso, el federal Daniel Rafecas, y se encontraron pertenencias que apuntarían al tesorero Toviggino. Los únicos imputados son Pantano y Conte, quienes designaron defensa y lograron suspender una citación judicial que había cursado el anterior juez del caso, el penal económico Marcelo Aguinsky. Lo hicieron al presentar el planteo de inhibición por correo electrónico ese mismo día ante el juzgado federal de Campana, que les fue aceptado.

El 15 de mayo pasado, Casación anuló el envío de la causa a ese juzgado a cargo del juez federal Adrián González Charvay, una decisión que había tomado durante la feria judicial de enero el camarista de San Martín Alberto Lugones. La nulidad no se basó en el fondo del planteo sino en una cuestión formal: como el expediente estaba radicado hasta entonces en el fuero penal económico porteño, debía ser la Cámara Nacional en lo Penal Económico la encargada de resolver el conflicto de competencia y no la Federal de San Martín.

Ahora el tribunal deberá elegir entre posturas contrapuestas. Por un lado, la defensa de los supuestos testaferros reclamó que la investigación siga en Campana porque los bienes están ubicados en Pilar, dentro de esa jurisdicción.

Esta postura fue la aceptada por González Charvay, quien le pidió el expediente a Aguinsky. Como este último juez se negó, el conflicto lo zanjó el Tribunal de San Martín a favor del magistrado de Campana, quien lleva el caso desde entonces.

Del otro lado, la fiscalía apeló y sostiene que los hechos investigados exceden la ubicación geográfica de la quinta y que las maniobras pudieron haberse realizado también en la sede de AFA de la calle Viamonte y otros domicilios de la ciudad de Buenos Aires vinculadas a posibles operaciones de lavado de dinero.

Si la Cámara decide devolver el expediente al fuero penal económico, la causa quedará a cargo de María Verónica Straccia, quien reemplazó a Aguinsky en el juzgado donde estaba radicada la investigación, el penal económico 10, que está vacante. Una tercera posibilidad sugerida por el fiscal ante Casación Mario Villar, sería que retome la investigación el primer juez que intervino, el federal porteño Daniel Rafecas.

La quinta, los autos y el helipuerto

La pesquisa apunta además a una flota de autos de colección hallada en un galpón dentro del predio, que cuenta con helipuerto y caballerizas. Los investigadores intentan establecer si todos esos bienes pertenecen en realidad a algún dirigente de la AFA que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La decisión de Casación fue adoptada por mayoría por los jueces Angela Ledesma y Javier Carbajo. En disidencia votó Mariano Borinsky, quien consideró inadmisible la apelación fiscal y advirtió que se estaba generando una “solución dilatoria” contraria a los principios de economía y celeridad procesal.

Mientras continúa la discusión sobre la competencia, González Charvay avanzó en Campana con nuevas medidas de prueba para reconstruir el origen del dinero utilizado para comprar la propiedad, la colección de vehículos de lujo, caballos árabes y construir el helipuerto.

Cuando el expediente estuvo en manos del juez Aguinsky se detectó que Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de AFA cuyo resumen llegaba a la sede porteña en la calle Viamonte con la que se pagaban entre muchos otros gastos los telepases de los autos guardados en el predio.

Por orden de Rafecas se tasó la propiedad y todo lo hallado en su interior y los peritos oficiales concluyeron que el valor asciende a 20 millones de dólares. Cuando lo compró, la sociedad de Pantano escrituró el predio por 1.8 millones.