
La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró como testigo este miércoles ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y reveló que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compró su departamento del barrio porteño de Caballito con un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 a pagar en un año, sin interés.
Ese es el acuerdo al que llegaron con las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes estaban citadas a prestar declaración testimonial el jueves como ex propietarias de la unidad ubicada en la calle Miró al 500.
PUBLICIDAD
Las audiencias se suspendieron hoy a pedido del defensor de Adorni, Matías Ledesma.
Infobae pudo saber de fuentes judiciales que la escribana afirmó no tener detalles del origen de los fondos con los que Adorni compró las tres viviendas en las que ella intervino: la de Caballito, otro departamento en Parque Chacabuco y una casa en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
PUBLICIDAD
Además, el fiscal Pollicita le pidió acceder a conversaciones de su celular que pudieran ser de interés para la causa. La escribana dijo que no lo tenía.

Nechevenko también escrituró el departamento que el jefe de Gabinete tiene sobre la calle Asamblea. Y en esa transacción volvió a repetirse una operatoria similar, según reconoció la testigo.
PUBLICIDAD
En ese caso, Adorni accedió a una hipoteca y obtuvo un financiamiento de 100.000 dólares de parte de la comisario retirada de la policía Graciela Isabel Molina y de su hija, también uniformada, Victoria Cancio.
Molina es acreedora del 85% del crédito y Cancio del 15%. La devolución se pactó a dos años, con un interés del 11%, según indicó la escribana a la Justicia.
PUBLICIDAD
Esa operación se realizó en noviembre de 2024, lo que coincide con la compra de la casa en Indio Cuá que el vocero presidencial hizo junto a su esposa, Bettina Angeletti.
Al salir de la Fiscalía, la escribana Nechevenko aclaró a la prensa que la esperó en Comodoro Py que “no hubo ningún préstamo de dinero” a Adorni, y dijo que en rigor lo que existieron fueron “compraventas con hipotecas por saldo de precio”.
PUBLICIDAD
Sobre el origen de los fondos, se desligó y refirió que “hay que preguntarle a Adorni de dónde sacó el dinero”.
Ahora la investigación que conduce el fiscal Pollicita avanzará hacia la determinación de cuánto dinero tenían comprometido Adorni y su esposa mensualmente con sus acreedoras y el resto de sus deudas. El dato deberá contrastarse con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete.
PUBLICIDAD
Allanamientos en una inmobiliaria
El juez federal Ariel Lijo ordenó allanar tres sedes de Rucci Propiedades, la inmobiliaria que comercializó el departamento del matrimonio Adorni en Caballito.
Infobae pudo saber de fuentes del caso que la Justicia federal dispuso este miércoles una serie de órdenes de presentación con allanamiento en subsidio, en las sedes que la empresa tiene en Liniers, Mataderos y Villa del Parque.
PUBLICIDAD

Los investigadores buscan “la totalidad de la documentación, constancias, registros y soportes físicos o digitales vinculados con la comercialización y escrituración del inmueble de la calle Miró 550″.
El operativo, que fue revelado por el periodista Omar Lavieri en Infobae al Mediodía, ocurrió después de la declaración testimonial del exfutbolista Hugo Alberto Morales, primer dueño del departamento, y quien en mayo de 2025 se lo vendió a las jubiladas Sbabo y Viegas.
PUBLICIDAD
Morales se presentó como testigo el martes y mencionó que esas dos mujeres hicieron la operación con dos hombres que aún no están identificados. Uno de ellos se llamaría “Pablo”.
Los investigadores creen que podrían dar con esta persona mediante los papeles que hay en la inmobiliaria, a la que le requirieron su nombre y apellido completos, DNI, domicilio, teléfono, correo electrónico, su vínculo con la empresa y el rol que desempeñó en la compraventa.
El juez Lijo también solicitó avisos, fotografías, descripciones comerciales, tasaciones y valuaciones del inmueble. Además, se requirió toda la documentación previa a la escritura, como la reserva de compra, la seña, el boleto de compraventa, recibos y constancias de pago.
El fiscal Pollicita también quiere tener las comunicaciones entre los involucrados. Se pidieron correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, registros de contacto, planillas y archivos digitales, así como cualquier otra constancia de comunicación mantenida con el vendedor, el escribano, los compradores o terceros vinculados a la operación.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La Cámara de Casación revocó los sobreseimientos en una causa por presunta corrupción en la ANSES
Un funcionario del organismo está acusado de vender información confidencial a un estudio jurídico. Los abogados beneficiados volverán a estar bajo investigación judicial

Entró al quirófano por una operación de apendicitis y despertó con la espalda quemada: condenan a los médicos y al sanatorio
Un joven fue operado de urgencia en 2017 y terminó con quemaduras provocadas por una descarga eléctrica mientras permanecía anestesiado sobre la camilla. La Justicia condenó a los médicos y al sanatorio a pagar más de $5 millones por las secuelas físicas sufridas por el paciente

Se le cayó el cielorraso encima mientras dormía, demandó a su vecino y cobrará más de $28 millones
Una mujer resultó herida y con secuelas psicológicas cuando el cielorraso de su habitación se desplomó mientras dormía. El fallo atribuyó la responsabilidad al vecino del piso superior, al considerar que las filtraciones previas derivaron en el colapso

Compró un 0 km y a los tres meses se le fundió: el vehículo fue reparado, pero la Justicia ordenó un resarcimiento por daño moral
Una camioneta con apenas 7.000 kilómetros sufrió una falla mecánica que dejó a su propietario varado durante un viaje a la Patagonia. Si bien la garantía se hizo cargo del arreglo, la demora de cinco meses en la entrega del automóvil fue considerada suficiente para justificar una indemnización por los daños extrapatrimoniales

Sueños Compartidos: la fiscalía pidió seis años de prisión para Julio De Vido, José López y los hermanos Schoklender
El fiscal Diego Velasco sostuvo que existió un esquema de administración fraudulenta con fondos destinados a viviendas sociales. También reclamó penas para otros cinco acusados y el decomiso de bienes por un daño estimado en al menos 206 millones de pesos



