Sueños Compartidos: la fiscalía pidió seis años de prisión para Julio De Vido, José López y los hermanos Schoklender

El fiscal Diego Velasco, junto con el fiscal coadyuvante Juan Argibay Molina y el auxiliar fiscal Diego Puñet, pronunciaron su alegato acusatorio en la causa que investiga presuntas irregularidades en la construcción de viviendas sociales del programa Sueños Compartidos, que administraba la Fundación Madres de Plaza de Mayo con fondos del Estado Nacional.

Como corolario de sus argumentos, pidieron condena para el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender; su hermano, Pablo Schoklender; el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex subsecretario, Abel Fatala; y los referentes de Santiago del Estero Daniel Nasif, Karina Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin.

En resumen, la fiscalía solicitó las siguientes penas:

• Para Julio De Vido, José López, Sergio Schoklender y Pablo Schoklender, 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al considerarlos autores penalmente responsables del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.
• En tanto, para Daniel Nasif, Karina Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin, 4 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al considerarlos partícipes secundarios penalmente responsables del mismo delito.

En definitiva, para el fiscal Diego Velasco, Julio De Vido fue el diseñador del mecanismo y aprobó los actos administrativos que lo habilitaban; José López fue el eslabón que autorizó el desembolso de los fondos del Estado sin verificación; mientras que Abel Fatala contribuyó con ese propósito como garante de la maniobra.

En cuanto a Sergio Schoklender, le imputó haber participado suscribiendo todos los contratos del objeto procesal, como apoderado de la Fundación Madres Plaza de Mayo; Pablo Schoklender, tenía poder de administración de la totalidad de los bienes, las finanzas y los pagos; y los funcionarios de Santiago del Estero Daniel Nasif, Karina Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin fueron facilitadores de la maniobra y recibieron dinero de la Fundación, lo que “los colocó de los dos lados del mostrador”.

Por otro lado, anticipó el reclamo del decomiso de bienes de los procesados en caso de condena, como una consecuencia accesoria para el recupero del provecho del delito, que el Ministerio Público calculó como “piso del daño ocasionado” en 206 millones de pesos. La actualización del monto deberá ser actualizado a través del IPC, que mide el INDEC.

El pedido de la acusación se formuló en el marco del debate oral que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico.

Según el cronograma previsto, en la próxima audiencia está previsto el alegato de la querella, que representa a la Unidad de Información Financiera (UIF). Eso será el 5 de agosto, después de la feria de invierno. Luego continuarán exponiendo las defensas, por lo que se estima que el juicio alcanzaría el veredicto entre septiembre u octubre de este año.

Los fundamentos

Durante su alegato, el fiscal Velasco señaló que “luego de realizado el debate e incorporada la prueba documental, entendemos que se ha demostrado cómo a través de un esquema criminal pergeñado y organizado en connivencia por el Estado Nacional y los responsables del proyecto Misión Sueños Compartidos, existente en el ámbito de la Fundación Madres de Plaza de Mayo”.

Indicó que tanto Sergio como Pablo Schoklender, como apoderados de la Fundación “se adjudicaron mediante direccionamientos, esto es contratación directa, obras públicas de viviendas sociales, nexos de infraestructura, hospitales y salones de usos múltiples, en diferentes provincias afines al gobierno nacional de esos años”.

Remarcó que ese esquema “los convirtió de la noche a la mañana, en una de las empresas de la construcción más importantes de la industria nacional y en empresarios de la construcción”.

Según el planteo de la fiscalía, todo fue “enmascarando bajo un propósito noble” que es la política habitacional del Estado nacional, pero “género el efecto contrario”. En este sentido, sostuvo que "muchas de las obras asignadas fueron abandonadas y quedaron inconclusas“.

Sobre las que efectivamente fueron finalizadas, Velasco precisó que “recibieron concesiones escandalosas e ilegales” o “extensiones de plazos sin justificaciones para encubrir incumplimientos”, mientras que entre las obras abandonadas, “fueron concluidas después por el sistema de administración de los estados municipales, es decir por el mismo estado”.

A su vez, detalló que el mecanismo de contrataciones “fue manipulado en la Ciudad de Buenos Aires, el municipio de Tigre, de Almirante Brown, Ezeiza, la Ciudad de Rosario, de Santa Fe, San Carlos de Bariloche, y las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Misiones“.

Enfatizó que “fue muy claro a través de los testimonios que desapareció la voluntad estatal frente a la voluntad del privado, que era la Fundación”, y que “la decisión fue beneficiarla sin ninguna justificación legal, por el interés político del gobierno de ese momento”. En ese marco, completó: "No existía norma que permitiese lo que en realidad se hizo."