La Cámara Federal de Casación habilitó la revisión de una multa millonaria fijada contra el abogado Jorge Oscar Chueco, uno de los condenados en la causa por lavado de dinero conocida como “la ruta del dinero K”, cuyo principal protagonista fue el empresario patagónico Lázaro Báez.
La decisión fue adoptada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes hicieron lugar a una queja presentada por la defensa pública de Chueco tras el rechazo de un recurso previo.
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El planteo se originó en una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 porteño, que en diciembre de 2025 fijó el monto de una multa impuesta al abogado en el marco de la ejecución de la condena dictada en la causa donde fue hallado culpable. En esa decisión, el tribunal estableció que Chueco debía pagar una suma equivalente a 219.491.466,76 dólares, convertida a pesos al tipo de cambio oficial vigente al momento del pago.
La defensa intentó impugnar ese cálculo mediante un recurso de casación, pero el tribunal oral rechazó concederlo. Frente a esa negativa, acudió directamente a la instancia superior mediante un recurso de queja.
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Al analizar ese planteo, los camaristas consideraron que el recurso había sido presentado en tiempo y forma y que los agravios invocados permitían habilitar la revisión del caso. En consecuencia, resolvieron declarar erróneamente denegado el planteo y concederlo para que sea analizado.
La decisión, en rigor, no se pronunció sobre el monto de la sanción económica fijada, sino que permitió que ese cuestionamiento sea examinado por la instancia de casación.
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La causa conocida como “la ruta del dinero K” investigó un esquema de lavado de activos que permitió mover millones de dólares al exterior mediante sociedades y operaciones financieras destinadas a ocultar el origen de los fondos y reintroducirlos luego en el circuito económico formal.
El principal condenado en ese expediente es Lázaro Báez, empresario de la construcción oriundo de la provincia de Santa Cruz y fundador del grupo Austral, que durante años fue uno de los principales contratistas de obra pública en esa región.
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En febrero de 2021, el Tribunal Oral Federal 4 lo condenó a 12 años de prisión por lavado de activos agravado, mientras que Chueco recibió ocho años de cárcel por su participación en el circuito financiero investigado.
La sentencia fue revisada en 2023 por la Cámara Federal de Casación, que confirmó las responsabilidades penales pero redujo varias penas. En ese fallo, la condena de Báez quedó fijada en 10 años de cárcel y la de Chueco en seis años.
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Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa de Báez, lo que dejó firme la sentencia y dio inicio a la etapa de ejecución de las diferentes condenas.
Chueco fue señalado en la investigación como parte de la estructura jurídica utilizada para canalizar parte de las operaciones financieras bajo análisis. Su nombre apareció en las primeras etapas del caso vinculadas a la financiera SGI -conocida como “La Rosadita”- y a la firma Helvetic Service Group, implicadas en las maniobras para mover al menos USD 55 millones al exterior.
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Durante el juicio oral, el abogado -hoy de 74 años- sostuvo que había sido contratado para realizar tareas de asesoramiento y que desconocía el origen ilícito del dinero. También afirmó que su vínculo con Báez se había iniciado a través del contador Daniel Pérez Gadín.
Además de esta causa, Chueco también fue condenado en el expediente conocido como “El Entrevero”, relacionado con la compra de una estancia en Uruguay por 14 millones de dólares mediante una estructura de sociedades utilizada para canalizar fondos vinculados al empresario.
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En ese caso recibió una pena de tres años y seis meses de prisión, mientras que Báez fue condenado a cuatro años y seis meses.
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