El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, pidió unificar en su juzgado las causas en las que se investiga el contrato entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni y Erica Gillette a cargo de las gestiones comerciales de la entidad deportiva en el exterior.
González Charvay también es el magistrado que está al frente del expediente por la quinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares que, presuntamente, dirigentes de la AFA habrían adquirido a través de testaferros. En las últimas horas se completó la Sala de la Cámara Federal de Casación Penal que decidirá si el caso permanece en Campana o vuelve al fuero Penal Económico, como pidió el Ministerio Público Fiscal.
La AFA y TourProdEnter
TourProdEnter funcionó como agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, en cualquier parte del mundo excepto Argentina. Tenían a cargo “la representación comercial para promover acuerdos de esponsoreo, concertación de eventos deportivos y/o comerciales en los que participe AFA y/o sus Selecciones Nacionales, tareas de logística y, de manera exclusiva, el cobro en contratos de esponsoreo y/o patrocinio que celebre AFA en el exterior”, según consta en la causa.
La firma se llevaba un 30% de comisión más otro 10% por tareas logísticas. Según la denuncia presentada por los dirigentes de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso y Matías Yofe en Campana, existiría una red internacional de intermediarios financieros que, entre 2021 y 2025, habría canalizado por fuera del circuito bancario argentino más de 300 millones de dólares.
En la documentación bancaria aportada por la Justicia de los Estados Unidos también hay indicios de que existieron transferencias de dinero hacia sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA.
Por el presunto desvío de dinero se abrieron varias causas. El hecho se investiga en Campana, también en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, que subroga Luis Armella, y en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo de la jueza Paula Petazzi.
A criterio del juez González Charvay, corresponde unificar las pesquisas para evitar investigaciones duplicadas o fallos contradictorios.
La causa de TourProdEnter en Campana se acumuló a la que existía previamente por la mansión de Villa Rosa. Como en febrero la Cámara Federal de San Martín le otorgó competencia a ese juzgado, el magistrado entendió que el criterio debe ser el mismo para el capítulo del presunto desvío a “sociedades fantasmas” constituidas en el estado de Florida, entre ellas Soagu Services LLC, Marnasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.
El dinero, según estableció el juez Armella en los tribunales de Lomas de Zamora, terminaba en empresas cuyos titulares tienen “perfiles de insolvencia” que coincidirían “con el patrón de ‘prestanombres’ detectado por ARCA en la operatoria local que se investiga habría realizado Sur Finanzas”.
En la Justicia Nacional, quien denunció el caso fue Guillermo Tofoni, dueño de la agencia organizadora de eventos World Eleven, que tenía contrato con la AFA antes del desembarco de TourProdEnter. Advirtió una supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la asociación.
Según el denunciante, “las maniobras que integraron la administración infiel fueron en principio ejecutadas por el presidente de la entidad Claudio Fabián Tapia y su tesorero Pablo Ariel Toviggino”, en complicidad con Erica Gilette, presidenta de la empresa, y su esposo y exdiputado provincial Javier Faroni.
La jueza Paula Petazzi ya había declarado su incompetencia para investigar la causa, pero la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional revocó esa decisión y le ordenó que conserve el expediente. A criterio de esa magistrada, el caso debía pasar al juzgado que subroga Armella en Lomas de Zamora.
Sin perjuicio de lo dictado en ese fallo, “surge que el delito de administración fraudulenta investigado habría afectado intereses federales, en particular, se desprende la posible afectación al sistema tributario argentino”, valoró ahora el juez federal de Campana, entre sus argumentos para solicitar la inhibición de esa causa.
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