Abuso sexual grupal contra un hombre con discapacidad en Misiones: hay dos detenidos y un prófugo

El martes 10 de marzo, en Posadas, provincia de Misiones, se denunció un ataque sexual grupal contra un hombre que sufre de una discapacidad mental. El hecho está siendo investigado por la policía y hay dos hombres que ya fueron detenidos mientras que el tercero está prófugo.

Según las fuentes policiales, la investigación comienza luego de que una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer de Itambé Miní e hizo la denuncia. Allí, aclaró que la victima se negaba a hablar y narró que a un hombre de 40 años con una discapacidad lo habrían abusado sexualmente. Además, declaró que los culpables serían tres hombres identificados como “Matías”, “Maxi” y “Wana”.

Tras la denuncia, los efectivos policiales actuaron con rapidez y comenzaron la intervención y las tareas de investigación. Unas horas después, dos personas fueron aprehendidas por estar, aparentemente, implicados en el caso. Ambos sospechosos fueron trasladados a una comisaría que está ubicada en la Unidad Regional X mientras siguen determinando su participación en los hechos.

Por otro lado, se ordenó que la víctima realice trámites médicos en el Cuerpo Médico Forense para establecer las circunstancias y la veracidad de la denuncia. La Policía sigue buscando al tercer acusado que, hasta el momento, no fue localizado.

La mujer que hizo la denuncia contó: “Resulta que la víctima vino hasta mi casa anoche con dos vecinas que él conoce. Él fue gritando que le dolía. Yo dije: ‘vamos a llamar al 911’. Quería ir al hospital porque decía que le dolía la panza, que no podía orinar”.

“Tiene mamá y hermanos, pero cuando va a la casa le corren. Yo les dije a los serenos que es una persona especial, tiene tratamiento psiquiátrico y toma medicación”, describió la mujer sobre la difícil situación que vive la victima, según Misiones Online.

Abusó sexualmente a una niña de su entorno familia

Un hombre fue imputado este lunes 9 de marzo en Neuquén capital por abuso sexual agravado contra una niña de su entorno familiar, en una causa penal que investiga ataques reiterados contra la integridad sexual de la menor cuando tenía entre nueve y once años, hechos que obligaron a tomar medidas judiciales para proteger a la víctima, según informó el medio Río Negro.

La acusación, presentada por Guillermo Prime, asistente letrado de la Unidad Fiscal de Violencia Contra la Mujer, Diversidades y Delitos Sexuales, sostiene que las agresiones ocurrieron durante múltiples visitas de la niña al domicilio del acusado. En cada ocasión, el hombre se aprovechaba de la confianza familiar y la privacidad del encuentro para dirigirse con la menor hacia un sector del fondo del terreno. Allí, en aislamiento, cometía actos de índole sexual que incluyeron al menos un episodio con acceso carnal.

La investigación formalizó cargos bajo figuras legales de “abuso sexual con acceso carnal” y “abuso sexual simple continuado”. Ambas conductas fueron calificadas con agravantes dobles: por el vínculo familiar y por la guarda que el imputado ejercía en esos momentos sobre la menor. Este encuadre pone de relieve la extrema gravedad de la acusación, dado que la ley estipula penas más severas para quienes cometen estos delitos bajo esas circunstancias.

La Defensoría de Niñez y Adolescencia intervino en la audiencia en calidad de querella institucional, adhiriendo a la imputación y reforzando la representación de los derechos e intereses de la niña. Durante el acto judicial se propusieron medidas cautelares para salvaguardar tanto a la víctima como a su entorno cercano.

El juez de garantías Juan Manuel Kees dispuso la prohibición de acercamiento para el imputado, quien no podrá aproximarse a menos de 500 metros de la residencia de la niña. Además, impuso una restricción total de comunicación, que le veda establecer contacto bajo cualquier modalidad, tanto con la menor como con el grupo familiar.

Las medidas de coerción impuestas tendrán una vigencia inicial de seis meses, mientras que el plazo fijado por el magistrado para la investigación preparatoria será de cuatro meses, periodo durante el cual el Ministerio Público Fiscal deberá reunir las pruebas finales que permitan avanzar hacia la siguiente etapa procesal: el debate oral en juicio.