Perfil del nuevo candidato a la UIF: quién es Matías Álvarez, el fiscal impulsado por Mahiques

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, postuló al fiscal federal Matías Gabriel Álvarez para encabezar la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de prevenir y detectar maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La propuesta apunta a colocar al frente del organismo a un funcionario con trayectoria en la investigación de narcotráfico y criminalidad organizada, áreas en las que desarrolló gran parte de su carrera dentro del Ministerio Público Fiscal.

La postulación se produce en el marco de la renovación de autoridades del organismo, conducido hasta ahora por Ernesto Gaspari. La decisión forma parte además de una reorganización más amplia impulsada por el nuevo titular de la cartera de Justicia tras asumir el cargo.

Álvarez llega a la UIF desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde desarrolló su carrera en áreas vinculadas a la investigación de delitos complejos. Hasta el momento de su postulación se desempeñaba como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la unidad especializada del Ministerio Público dedicada a investigar organizaciones vinculadas al tráfico de drogas y las estructuras criminales asociadas.

Su trayectoria comenzó en 2015 como secretario de fiscalía. Entre 2019 y 2023 trabajó como auxiliar fiscal y posteriormente continuó su labor en PROCUNAR, participando en investigaciones centradas en redes criminales y en los circuitos financieros utilizados para canalizar ganancias ilícitas.

La elección de Álvarez imprime a la conducción de la UIF un perfil vinculado al seguimiento de las dimensiones económicas del narcotráfico y otras formas de criminalidad organizada. La PROCUNAR, en rigor, fue creada en 2013 con el objetivo de desarrollar políticas criminales frente a la expansión y complejidad del tráfico de drogas, un fenómeno que con frecuencia involucra mecanismos sofisticados de lavado de activos destinados a ocultar el origen de los fondos.

Antes de incorporarse al Ministerio Público Fiscal, Álvarez también trabajó en el Poder Judicial de la Nación, donde integró el equipo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 de la ciudad de Buenos Aires.

Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde obtuvo el Diploma de Honor con orientación en Derecho Penal. Actualmente cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes.

En paralelo con su actividad judicial, desarrolla tareas académicas. Es profesor adjunto de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y se desempeña como coordinador académico de la Especialización en Investigación de la Delincuencia Organizada del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. También integra el cuerpo docente del posgrado sobre Combate Global del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (CGLAFT), impulsado por la Facultad de Derecho de la UBA y la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT).

En el plano internacional, participa desde 2017 en la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica, que funciona dentro de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y promueve la cooperación entre fiscales de la región para enfrentar el narcotráfico y otras formas de criminalidad transnacional. Actualmente se desempeña allí como cocoordinador adjunto.

El funcionamiento institucional de la UIF y el procedimiento para designar a sus autoridades están regulados por la Ley 25.246 de prevención del lavado de activos, modificada por la Ley 26.119 sancionada en 2006. De acuerdo con ese marco normativo, el organismo está integrado por un presidente, un vicepresidente y un Consejo Asesor compuesto por siete vocales que representan a distintos organismos del Estado, entre ellos el Banco Central, la actual ARCA, la Comisión Nacional de Valores y distintos ministerios del Poder Ejecutivo.

El presidente y el vicepresidente de la UIF son designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Justicia mediante un procedimiento público que incluye la publicación de los antecedentes del candidato, la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y un período durante el cual ciudadanos, organizaciones civiles y entidades profesionales pueden formular observaciones.

Las autoridades del organismo antilavado ejercen sus funciones con dedicación exclusiva y tienen mandatos de cuatro años, con posibilidad de renovación. Las decisiones de la UIF son adoptadas por su presidente previa consulta al Consejo Asesor, cuya opinión no tiene carácter vinculante.