El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, declarará este miércoles a las 11 en la causa por presunta retención indebida de aportes que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impulsó contra la casa madre del fútbol argentino. Su presentación llega luego de que el juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazara un planteo de los imputados para anular las indagatorias.
El camino hacia esta declaración incluyó una fuerte disputa legal. Las defensas de la cúpula de la AFA interpusieron un incidente de nulidad absoluta contra las convocatorias. Los abogados argumentaron que el juzgado carecía de facultades para avanzar con el trámite. Explicaron que actualmente el tribunal de alzada revisa un recurso previo donde solicitaron el cierre definitivo del proceso por atipicidad manifiesta.
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Los representantes legales consideraron que obligar a los directivos a declarar consolida una imputación formal de manera anticipada. Sostuvieron que la habilitación misma de la acción penal se encuentra cuestionada. Sumaron un reclamo adicional al indicar que el fiscal del caso no pidió las citaciones. Expresaron que la medida resultó impulsada de forma exclusiva por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en su rol de querellante.
Los argumentos del juez
Amarante rechazó todos los cuestionamientos mediante un fallo firmado el lunes. El magistrado precisó que la ley procesal ordena tramitar las excepciones legales por vía separada. Explicó que la interposición de un recurso de apelación no frena el curso de una investigación principal. El juez subrayó que la indagatoria constituye el acto de defensa material por excelencia. Detalló que representa el momento exacto donde la persona toma conocimiento de la acusación y ejerce su derecho a dar explicaciones.
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El fallo también abordó la queja sobre el rol de las partes. El tribunal dictaminó que convocar a un acusado resulta una facultad exclusiva de la jurisdicción. La medida se dispone al existir estado de sospecha, sin importar si la petición provino de la querella o del fiscal. Claudio Navas Rial, en representación del Ministerio Público Fiscal, respaldó al juez al afirmar que el llamado a declarar no provoca un perjuicio real ni concreto para los acusados.
Previamente, el dirigente intentó eludir su traslado físico a los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950. Su abogado, Marcelo Rocchetti, solicitó que la audiencia se concrete por videoconferencia para “evitar una innecesaria exposición”. El defensor detalló por escrito que el tesorero necesitaba “tranquilidad al declarar, la que sin ninguna duda perderá de verse acosado al momento de concurrir al llamado del Señor Juez”.
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Amarante desestimó esa petición al considerar que las audiencias exigen la presencia física de los acusados y ordenó un operativo especial de seguridad en la zona para prevenir incidentes. La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico avaló esa determinación.
La ronda de indagatorias y el futuro del caso
La ronda de indagatorias quedó formalmente inaugurada el pasado viernes con la presentación del director general Gustavo Lorenzo, quien entregó un escrito y se negó a contestar preguntas. Misma postura adoptaron este lunes el exsecretario general Víctor Blanco y quien lo sucedió en el cargo, Cristian Malaspina.
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El expediente investiga la falta de pago de impuestos retenidos durante los años 2024 y 2025. La deuda original alcanza los $ 19.350 millones. El monto comprende obligaciones del impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias y los aportes de la seguridad social. La ley penal tributaria sanciona esta conducta con penas de dos a seis años de prisión.
La institución del fútbol regularizó su situación impositiva. Abonó una parte de la deuda en efectivo y suscribió planes de pago por el saldo restante. Los dirigentes enmarcan el caso dentro de una persecución política. Remarcan que la entidad resulta la única asociación civil sin fines de lucro denunciada ante los tribunales bajo estas condiciones.
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La estrategia de los acusados se apoya en normativas vigentes del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. Afirman que esas reglas impiden ejecutar deudas fiscales a entidades de bien público. Basados en esa premisa, deducen que una deuda inexigible no configura un delito penal.
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, declarará este jueves 12 de marzo a las 11 para concluir el cronograma. Finalizada esa audiencia, el juez Amarante dispondrá de un plazo de 10 días para definir la situación procesal de todos los implicados.
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Ese mismo jueves, los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos evaluarán en una audiencia las apelaciones presentadas contra la prohibición de salida del país que pesa sobre los directivos. Para el próximo 18 de marzo, el tribunal de alzada convocó a las partes a un debate oral decisivo. En esa fecha analizarán el pedido de la defensa para cerrar la investigación por inexistencia de delito.
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