Guillermo Tofoni pidió embargar el 30% de los ingresos de la AFA por los partidos amistosos de la Selección

A pocas semanas del amistoso que la Selección Argentina disputará con Qatar, el empresario Guillermo Tofoni, agente FIFA y CEO de la agencia organizadora de eventos World Eleven, solicitó a la Justicia el dictado de un embargo preventivo sobre el 30% del dinero que recaude la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el mundo por los amistosos de la selección mayor.

La presentación de casi 40 páginas —a la que Infobae tuvo acceso— ingresó la semana pasada en el Juzgado Comercial N° 8, a cargo del juez Javier Cosentino, donde tramita la causa por incumplimiento de contrato que Tofoni le inició a la AFA a fines de octubre de 2023. Además, el demandante exigió la designación de un interventor informante para asegurar el acceso a los datos contables y verificar los ingresos reales de la entidad deportiva por los encuentros internacionales.

Tofoni fundamentó la urgencia de la medida en el riesgo inminente de perder los millonarios ingresos que le garantiza el contrato exclusivo en disputa. Ese documento, firmado el 4 de mayo de 2021, le otorga a Tofoni el 30% de las ganancias netas de cada partido. El texto detalla que la AFA utiliza a la firma Tourprodenter LLC como agente de cobro en el extranjero. Esta sociedad estadounidense está a cargo de Erica Gillette, esposa del productor y empresario Javier Faroni. La pareja recibe los fondos de los partidos a través de esta empresa. Tofoni pidió notificar a la compañía en sus oficinas de Estados Unidos y Nordelta para evitar que su actuación contradiga la orden judicial.

El escrito expuso datos contables sobre el manejo de los fondos. La demanda señala que la firma radicada en Estados Unidos giró $142.893 dólares para pagar el alquiler de un yate utilizado por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en Mónaco. El texto subraya que en el último balance oficial de la entidad deportiva, Tourprodenter figura como el mayor deudor institucional con un saldo a favor de la asociación de $ 13.296.000.000.

Para ilustrar el circuito del dinero, la presentación cita un contrato firmado con una empresa de origen chino para disputar un evento deportivo. El acuerdo fijó el pago de $7.000.000 de dólares. El documento ordenó transferir ese monto de forma directa a una cuenta bancaria a nombre de Tourprodenter en el banco Synovus de Estados Unidos.

El expediente judicial incluye antecedentes sobre otras firmas operativas antes de la llegada de la actual agencia. Un grupo de sociedades manejadas por Marcelo Saracco funcionaron como intermediarias financieras. Odeoma Gestión SL, Q22 Services Limited y Stratega Group cobraron comisiones y canalizaron ingresos por más de $ 50.000.000 de dólares a través de cuentas ubicadas en Europa.

La AFA desconoció la validez del acuerdo con Tofoni desde el inicio del conflicto. El 28 de diciembre de 2023, la Justicia civil revocó un primer embargo a favor del empresario. La situación registró una novedad probatoria el 29 de diciembre de 2025. La perito calígrafa oficial Liliana Quintana dictaminó que “no surgen alteraciones o adulteraciones” en el contrato.

El informe determinó que las firmas “se les atribuyen pericialmente” a Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Al suscribir el texto, los dirigentes dejaron constancia de contar con facultades suficientes para celebrar el acuerdo. El consultor técnico Horacio López Peña, ex presidente del Colegio de Calígrafos, ratificó las conclusiones de la profesional designada por el juzgado.

A fines de febrero de 2026, la AFA solicitó la nulidad de la prueba. El abogado Federico Helfer presentó un escrito ante el juez Cosentino para pedir la remoción de la calígrafa. La defensa sostuvo que resulta imposible realizar pericias válidas sobre fotocopias. La institución cuestionó la falta de estudios técnicos sobre la antigüedad de las tintas y el tipo de papel. El representante legal afirmó que la especialista no informó el día ni la hora de las operaciones.

Las respuestas a esa impugnación ingresaron en los últimos días al expediente. Quintana presentó su descargo y ratificó las conclusiones de su trabajo. El representante legal de Tofoni afirmó en su escrito que el pedido de nulidad representa una mera disconformidad con el resultado adverso.

El pedido de embargo incorpora información sobre una reciente resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ). El 25 de febrero de 2026, el organismo solicitó la intervención administrativa de la AFA. La resolución firmada por el ahora ex titular de la IGJ, Daniel Vítolo, ordenó investigar la falta de presentación de los balances contables correspondientes a los años 2017 a 2024 y auditar las operaciones financieras con Tourprodenter.

La IGJ constató además que la AFA intentó modificar su sede social para eludir los controles gubernamentales. Las autoridades declararon un nuevo domicilio en la localidad de Pilar. Los inspectores verificaron un terreno baldío ubicado en una vereda impar al que le asignaron una numeración par.

La demanda sumó artículos periodísticos y registros audiovisuales. El escrito menciona videos publicados el 1° de marzo de 2026 sobre Juan Pablo Beacon. Las imágenes lo exhiben con fajos de dólares en efectivo provenientes de financieras porteñas. El documento judicial recordó además el episodio en el cual la dirigencia alteró el sistema digital de publicaciones oficiales para sancionar al club Estudiantes de La Plata. La presentación destaca que la AFA edita actas a su conveniencia y que apenas el dos por ciento de las resoluciones de la actual gestión trataron temas contractuales.

El juez Cosentino deberá resolver ahora el pedido de nulidad de la pericia técnica y luego definir si hace lugar a la medida cautelar requerida por Tofoni antes del próximo 31 de marzo, cuando el equipo nacional salga a la cancha en Qatar.