Comodoro Py le cerró la puerta al juez Salmain: su caso continuará en los tribunales de Rosario

El titular del Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad, acusado de varios hechos de corrupción, había denunciado Fernando Whpei, el imputado arrepentido que lo delató. Pretendía llevar el caso a la Ciudad de Buenos Aires

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Fernando Whpei y Gastón Salmain
Fernando Whpei y Gastón Salmain

La jueza María Romilda Servini envió a los tribunales de Rosario la denuncia que presentó en Comodoro Py Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad procesado por corrupción, contra Fernando Elías Whpei, el financista arrepentido que declaró en su contra.

Salmain denunció a Whpei en los tribunales porteños por, supuestamente, aportar información falsa durante su indagatoria como imputado colaborador en la causa “Attila”, donde se busca esclarecer si el juez rosarino manipuló resoluciones judiciales a cambio de coimas.

El beneficiado de la maniobra investigada, que consistió en habilitar la compra de 10 millones de dólares a valor oficial en diciembre de 2023, cuando había cepo cambiario, habría sido precisamente el financista arrepentido.

El fiscal federal Carlos Rívolo ya había dictaminado en contra de tramitar la denuncia del juez presuntamente corrupto en Comodoro Py. Argumentó, entre otras cosas, que los hechos referidos por Salmain están vinculados directamente con la investigación en curso en Rosario.

Infobae pudo saber de fuentes judiciales que la jueza Servini, en un fallo firmado este miércoles, compartió la postura de la Fiscalía.

“Habré de acompañar las consideraciones del acusador público, disponiendo la remisión de la causa al órgano jurisdiccional federal rosarino que se encuentra interviniendo en el proceso seguido contra el aquí denunciante Gastón Salmain, por entender que la acusación que aquí presenta no es más que su defensa respecto de un elemento probatorio reunido en su contra en aquellas actuaciones”, resolvió Servini.

Además, consideró que abrir otra investigación en Comodoro Py resultaría “contrario a los principios de economía procesal y de mejor administración de justicia”, por lo que remitió las actuaciones a su par del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, Carlos Vera Barros, magistrado subrogante que tiene a cargo la causa “Attila”.

Además, la jueza Servini rechazó el pedido formulado por Salmain para constituirse como querellante. Esa pretensión, según plasmó en el fallo, resulta incompatible con su condición de principal de imputado.

María Romilda Servini, jueza federal.
María Romilda Servini, jueza federal. EFE/Fernando Alvarado

Según Salmain, Whpei mintió para perjudicarlo cuando declaró como imputado colaborador ante la PROCUNAR el pasado 2 de octubre. Esa audiencia ocurrió en Buenos Aires, otro argumento que usó el juez federal de Rosario para intentar que investiguen a su delator en Comodoro Py.

Salmain denunció que el financista habría incurrido en “un largo listado de inconsistencias, incompatibilidades, contradicciones y manifiestas falsedades”, de las que advirtió una “evidente malicia” en su contra y “el propósito deliberado de obtener beneficios procesales indebidos en violación al régimen legal del imputado colaborador”.

Sucede además que la ley prevé un plazo máximo de un año para que el juez o la Fiscalía corroboren la veracidad y utilidad de las declaraciones aportadas por los imputados arrepentidos. Ese tiempo no se venció en el caso del financista.

“Dado que la declaración de Whpei habría tenido lugar en octubre de 2025, el plazo legal para corroborar la información aún está vigente en la causa de Rosario. Por ello, cualquier análisis sobre la falsedad o inexactitud de los dichos del imputado colaborador debe realizarse en ese expediente, no en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires”, completó la jueza Servini.

La causa Attila

La acusación contra el magistrado versa sobre una resolución que firmó en diciembre de 2023, con la que autorizó a la empresa Attila Fideicomisos S.R.L. a comprar dólar oficial por un monto de 10 millones en moneda extranjera, supuestamente para girar los fondos al exterior.

Detrás de esa firma estaba el financista Fernando Whpei, quien admitió la maniobra fraudulenta al declarar como arrepentido. Es el mismo imputado colaborador que admitió pagar coimas y planificar extorsiones con otro juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, detenido con domiciliaria luego de renunciar a su cargo.

Según la sospecha de los investigadores, Salmain y su presunto cómplice, el escribano Santiago Busaniche -también imputado-, pidieron una coima del “10% de la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el dólar blue”, lo que representaría un soborno de 200.000 dólares.

Toda la maniobra se habría pergeñado justo en el cambio de gobierno. La devaluación con la que inició la gestión de Javier Milei, que prácticamente pulverizó la brecha cambiaria, habría frustrado el plan criminal.

“Cuando llegan los fondos, Milei devalúa y eso significó solo 19.000 dólares -de margen de ganancia-; Busaniche me saca cagando y después me exigió la diferencia, amenazando con denunciar si no se pagaba”, declaró en su momento Whpei.

Salmain está procesado por incumplimiento de deberes de funcionario público, prevaricato y cohecho pasivo agravado. El juez Carlos Vera Barros también le dictó la prisión preventiva, pero no puede ser detenido por la inmunidad que le otorga su cargo.

En el Consejo de la Magistratura lo están investigando para determinar si, a partir de su conducta, debe ser sancionado o destituido. La Comisión de Acusación está revisando todas las causas en contra del titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario.

El cuerpo se reuniría la semana próxima para avanzar con el proceso disciplinario del juez. La jueza Servini remitió una copia de su fallo al Consejo, que pondrá sobre la mesa por primera vez esta última jugada de Salmain contra su delator.