Agostina Páez, ciudadana argentina acusada de injuria racial en Brasil, permanece bajo prisión domiciliaria en Río de Janeiro, después de que la justicia local rechazara trasladar el proceso a Argentina. En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer, su defensa adviertió sobre la falta de intervención del gobierno argentino y señaló riesgos legales y diplomáticos para los derechos de la acusada.
La abogada Carla Junqueira representa a Agostina Páez en Brasil. Junqueira sostiene que se necesita una intervención más firme del gobierno argentino. La letrada considera que el traslado del proceso a Argentina constituye una cuestión diplomática, no jurídica, y reclama mayor protagonismo de la Cancillería.
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“Lo que me parece que está faltando en este caso, y yo entré para aportar esta parte, estoy tratando de hacerlo, es una movida un poco más contundente del Gobierno de Argentina, porque la posibilidad de responder el proceso en Argentina no es un derecho, es un movimiento mucho más diplomático que jurídico, y solo con asistencia consular no llega”, afirmó.
En la actualidad, Agostina Páez permanece bajo prisión domiciliaria en Río de Janeiro. La defensa buscó que el proceso judicial continúe en Argentina, pero las autoridades judiciales brasileñas rechazaron esta posibilidad. Junqueira explicó que la decisión sobre el traslado del caso corresponde al juez, aunque la opinión de la fiscalía incide de manera relevante en el proceso. “Por ahora no hay una decisión sobre este pedido. Lo que hay es una opinión de la fiscalía”, sostuvo.
La Fiscalía Estadual de Río de Janeiro manifestó su oposición al pedido de la defensa. Junqueira detalló que, si bien el juez aún no resolvió el traslado, la postura del Ministerio Público dificulta la solicitud. Según la abogada, la intervención del gobierno argentino es clave, ya que el procedimiento requiere gestiones diplomáticas directas y la asistencia consular resulta insuficiente.
Obstáculos judiciales y diplomáticos en el caso de Agostina Páez
Junqueira afirmó que la defensa de Páez apeló a tratados internacionales para solicitar que la acusada pueda esperar el juicio en su país de origen. “La posibilidad de responder la demanda en Argentina lamentablemente no es un derecho que tiene la demandada, es una discrecionalidad del juez”, señaló. La abogada aclaró que el análisis del juez suele depender en gran medida de la posición del Ministerio Público.
La defensa argumentó que la situación económica de Páez y su bajo riesgo de fuga justifican el traslado. Sin embargo, Junqueira subrayó que el proceso no garantiza ese derecho y que la decisión final corresponde a la discrecionalidad del juez. Consideró que, sin una acción diplomática contundente, el proceso seguirá en Brasil.
Junqueira manifestó que ingresó a la causa para reforzar la estrategia diplomática y buscar alternativas a través de canales institucionales. Insistió en que solo mediante gestiones de alto nivel el gobierno argentino podría influir en la situación de Páez, dado que la vía judicial muestra pocas probabilidades de éxito.
Riesgo de prisión efectiva y condiciones actuales de detención
Actualmente, Agostina Páez se encuentra bajo prisión domiciliaria en Río de Janeiro, con monitoreo electrónico. Junqueira explicó que existe la posibilidad jurídica de que el juez disponga su traslado a una cárcel común si acepta el pedido de la fiscalía. No obstante, la abogada considera poco probable que el tribunal opte por esa medida, ya que la defensa acreditó la ausencia de riesgo de fuga.
La situación judicial de Páez genera preocupación entre sus allegados, quienes advierten sobre el impacto emocional del proceso. La defensa sostiene que la acusada enfrenta dificultades económicas y que el caso adquirió relevancia política en Brasil, lo que influye en el tratamiento judicial.
Junqueira remarcó que la continuidad de la prisión domiciliaria depende de la evaluación judicial y del contexto procesal. La abogada reiteró que el gobierno argentino debe asumir un rol más activo para lograr una resolución favorable o el eventual traslado del expediente.
Denuncia de violencia policial durante la detención
En el transcurso de la entrevista, Carla Junqueira relató que Agostina Páez denunció haber sufrido episodios de violencia por parte de agentes policiales brasileños al momento de su detención. La abogada detalló que estas situaciones ocurrieron durante la etapa en la comisaría, antes de que el caso pasara al ámbito judicial.
Junqueira señaló que la actitud de algunos policías y del delegado responsable resultó especialmente hostil hacia Páez. La letrada advirtió que la comisaría no actúa con la imparcialidad propia de un tribunal, lo que habría generado un trato más severo hacia la acusada.
La defensa incluyó estas denuncias en la estrategia legal, considerando que los hechos podrían incidir en la evaluación del proceso y en la protección de los derechos de Páez durante la detención.
Perspectivas y próximos pasos en el proceso judicial
El caso de Agostina Páez continuará en la justicia brasileña hasta que el juez se expida sobre el pedido de traslado del proceso o sobre una eventual revisión de las condiciones de detención. Junqueira subrayó que, en la actualidad, la única vía para modificar la situación pasa por una gestión diplomática eficaz del gobierno argentino.
La abogada reiteró que la defensa agotará los recursos disponibles en Brasil y, en paralelo, insistirá en la necesidad de una intervención oficial argentina. Junqueira anticipó que informará a la Cancillería sobre los últimos avances y sobre la importancia de una acción coordinada para proteger los derechos de Páez.
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