Una abogada argentina de 29 años quedó bajo la mira de la Justicia de Brasil tras ser acusada de proferir insultos racistas en un bar de Ipanema, Río de Janeiro, el pasado miércoles. Como consecuencia, las autoridades le retuvieron el pasaporte y le impusieron una tobillera electrónica.
Según consta en la denuncia, dada a conocer por la policía civil local, el episodio ocurrió en pleno horario nocturno, en la zona sur de la ciudad. Los hechos se habrían desencadenado a partir de una discusión sobre el pago de la cuenta en un bar.
De acuerdo a la reconstrucción realizada por medios locales, la mujer, identificada como Agostina Paez, estaba en el lugar acompañada por un grupo de amigas. Cuando se estaban por ir, un empleado del local detectó un error en la factura y fue entonces que comenzó la discusión.
En ese contexto, la joven oriunda de Santiago del Estero hizo gestos y expresiones interpretadas por el trabajador como racistas. Para constatarlo, el hombre se dirigió a revisar las cámaras. Mientras tanto, según consignó el medio O’Globo, el gerente del bar solicitó a la mujer que permaneciera en el establecimiento. Tras confirmar lo ocurrido, denunciaron los hechos ante la policía local.
De acuerdo a la información difundida por las autoridades de Río de Janeiro, Paez dirigió insultos y gestos ofensivos de contenido racial al empleado, además de utilizar la palabra “mono”, considerada discriminatoria en ese contexto.
Medidas cautelares
El caso quedó en manos de la 11ª Delegación Policial de Rocinha, que solicitó a la Justicia la retención del pasaporte de la joven argentina y la imposición de una tobillera electrónica para garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas. De acuerdo con G1, la abogada acudió a prestar declaración y recibió ambas medidas cautelares este sábado, tras comparecer ante la autoridad judicial.
La investigación, liderada por la Policía Civil, se centra en determinar la responsabilidad penal de la acusada y esclarecer las circunstancias exactas del incidente. Los registros de cámaras y los testimonios recabados forman parte de las pruebas que respaldan la causa. Las autoridades ratificaron que la acusada permanecerá bajo monitoreo electrónico y sin la posibilidad de abandonar Brasil mientras se resuelve su situación procesal.
El proceso judicial forma parte de la política de tolerancia cero que las instituciones locales aplican frente a actos de racismo y discriminación. La retención del pasaporte y el uso de tobillera electrónica buscan impedir cualquier intento de fuga y asegurar la presencia de la acusada en las etapas venideras del proceso.
El caso generó un amplio debate en medios y redes sociales, reactivando el reclamo social contra el racismo en Brasil. Según Diário da Guanabara, la Justicia impuso las medidas cautelares como respuesta inmediata al incidente y en consonancia con la legislación contra los delitos de odio. El sistema judicial brasileño prevé sanciones severas para este tipo de conductas, consideradas inaceptables tanto en el marco legal como en el orden social.
Las autoridades confirmaron que la investigación continuará durante las próximas semanas. La defensa de la acusada no respondió a los pedidos de declaración realizados por los medios, y hasta el momento no se informó sobre la existencia de antecedentes en su contra.
A su vez, el Ministerio Público evalúa la posibilidad de presentar cargos formales por discriminación racial, lo que podría derivar en una causa penal de mayor gravedad.
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