ANDIS: rechazaron la probation del jefe de seguridad de Nordelta acusado de obstaculizar allanamientos

La jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, denegó la probation solicitada por la defensa de Claudio Ariel De Vincentis, excomisario de la Policía Federal Argentina (PFA) y actual jefe de seguridad de Nordelta. Está acusado de haber alertado a uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker, de que estaba a punto de ser allanado por la causa ANDIS. El empresario logró evadir la requisa.

La magistrada rechazó la suspensión del juicio a prueba al considerar que De Vicentis incurrió en el delito de encubrimiento doblemente agravado por la magnitud del delito precedente y la condición de funcionario público.

En su fallo, Arroyo Salgado introdujo una lectura novedosa: aunque se trata de un comisario retirado, el acusado sigue siendo policía. La ley prevé que los funcionarios públicos no pueden acceder al beneficio de la probation.

Es así que la jueza se declaró incompetente para continuar con el trámite correccional -hasta el procesamiento era solo por desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento simple- y dispuso remitir el expediente a los Tribunales Orales Federales de San Martín, donde el jefe de seguridad de Nordelta podría ser juzgado y condenado a un máximo de seis años de prisión.

El caso

Los hechos que originaron esta causa ocurrieron entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de agosto de 2025. Una comitiva de la Policía de la Ciudad, bajo las directivas del juez federal Sebastián Casanello, había llegado al barrio “La Isla”, dentro del complejo Nordelta, en el partido de Tigre. El objetivo del procedimiento consistía en cumplir órdenes de presentación, allanamiento, registro domiciliario y requisa personal sobre -entre otros- Jonathan Simón Kovalivker, directivo de la firma Suizo Argentina S.A., quien se encontraba bajo investigación por presuntos desvíos de fondos públicos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Al comenzar el operativo, el comisario Lucas Alberetti, jefe de la División Conductas Tecnológicas Ilícitas y encargado de coordinar las tareas de preservación de pruebas, ordenó a los vigiladores de la garita de acceso que se abstuvieran de realizar llamadas telefónicas para evitar filtraciones que pusieran en riesgo el éxito de la medida. Sin embargo, la disposición policial enfrentó severos obstáculos, según la reconstrucción que consta en la causa.

De acuerdo con las constancias judiciales, el personal de la guardia privada comenzó a recibir insistentes comunicaciones de su supervisor, Claudio Ariel De Vincentis, quien pretendía conocer los motivos exactos de la presencia policial y el sector específico hacia donde se dirigían. Ante la insistencia, el propio comisario Alberetti atendió una de las llamadas para notificar la vigencia de una orden de presentación general y cortó la comunicación.

Posteriormente, a las 00:42 del 22 de agosto, el vigilador Hugo Martín Bogarín atendió un nuevo llamado de su jefe. Durante esa conversación, el empleado de seguridad privada le reveló a De Vincentis que los efectivos buscaban a Jonathan y a su hermano Emmanuel Kovalivker. Al advertir la situación, los policías interrumpieron la comunicación y retiraron el aparato telefónico. Apenas tres minutos después, a las 00:45 horas, Jonathan Kovalivker salió del barrio privado a bordo de un Audi S3, logrando eludir la requisa personal dispuesta en su contra.

En simultáneo, arribaron al acceso de Nordelta cuatro patrulleros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los uniformados bonaerenses acudieron al lugar tras recibir una denuncia efectuada por el área de seguridad del country, la cual alertaba sobre la presencia de “personas no identificadas que pretendían realizar un procedimiento sin orden judicial”.

Una vez que se constató la legalidad de las órdenes de allanamiento, los móviles provinciales se retiraron. El posterior registro de la vivienda de Kovalivker evidenció, a criterio de la jueza Arroyo Salgado, que los dueños de la Suizo Argentina habían sido alertados previamente.

Los empresarios se presentaron días más tarde en Comodoro Py para entregar sus celulares.

La denegación de la probation

La defensa de De Vincentis pretendió suspender el proceso penal a cambio de la realización de tareas comunitarias y una reparación económica. No obstante, la jueza Arroyo Salgado rechazó la solicitud al aplicar la exclusión prevista en el artículo 76 bis del Código Penal, que impide otorgar este beneficio a los funcionarios públicos que participen en un delito en el ejercicio de sus funciones.

La resolución judicial determinó que el imputado conserva el carácter de funcionario público a pesar de encontrarse en situación de retiro de la PFA. Conforme a la ley orgánica de dicha institución (N° 21.965), el estado policial no se extingue con el retiro, sino únicamente mediante la baja. El personal retirado mantiene la obligación legal de concurrir al mantenimiento del orden público y a la prevención y represión de conductas delictivas, considerándose sus actos como si fuesen realizados por efectivos en actividad, interpretó la jueza.

A su vez, el fallo remarcó que la normativa de seguridad privada de la provincia de Buenos Aires (Ley N° 12.297) impone a los jefes de seguridad el deber de cooperar activamente con las autoridades públicas. Por lo tanto, la magistrada concluyó que De Vincentis no actuó como un ciudadano común, sino que utilizó su posición de control territorial y su condición policial para obstruir el accionar de la justicia.

El caso De Vincentis podría sentar un precedente relevante para un fenómeno cada vez más común en barrios privados: personas con poder que son advertidas por agentes de las empresas de seguridad contratadas minutos antes de ser allanadas y usan el tiempo a favor para ocultar pruebas o deshacerse de sus celulares y computadoras.

Así, en más de un caso, se vio comprometida la capacidad de los tribunales para llegar en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos. Una frase atribuida a De Vincentis mientras el operativo estaba frenado en el acceso a La Isla ilustra la cuestión: “Creen estar en Fuerte Apache o algún otro lugar parecido, se confunden”, les dijo a sus subordinados en un grupo de WhatsApp, sobre el accionar de la Policía de la Ciudad.

Camino a juicio oral

La defensa del jefe de seguridad de Nordelta podrá apelar la resolución de Arroyo Salgado ante la Cámara Federal de Casación Penal. Al tratarse de un caso novedoso, el máximo tribunal penal del país deberá revisar el criterio de la jueza sobre la condición de funcionario público que reviste el policía retirado.

Originalmente, el juez Sebastián Casanello procesó a De Vincentis por desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento simple, calificación que fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín en febrero de 2026. Como la sumatoria de estos delitos preveía una pena máxima de tres años de prisión, el caso se elevó para ser juzgado mediante un juicio correccional ante Arroyo Salgado como magistrada unipersonal.

Sin embargo, la jueza modificó el encuadre legal al considerar que se configura la figura de encubrimiento doblemente agravado.

El hecho principal que se investiga en la causa ANDIS consiste en una presunta asociación ilícita destinada a cometer fraudes contra la administración pública, mediante la cartelización de empresas, sobreprecios en medicamentos y coimas a funcionarios públicos. Al tratarse de maniobras que afectan directamente fondos del Estado y a personas de sectores vulnerables, la magistrada aplicó los estándares internacionales de las convenciones contra la corrupción de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, que exigen un mayor rigor en la persecución de estas conductas.

Con la nueva calificación penal, la expectativa de pena para De Vincentis se elevó a un rango de entre uno y seis años de prisión. Al superar el límite de la competencia correccional, la jueza declinó el conocimiento del caso y ordenó remitir las actuaciones para que un Tribunal Oral Federal de San Martín, mediante sorteo, lleve adelante el juicio público, si eventualmente la Casación confirma el nuevo rumbo del caso.

Los hermanos Kovalivker serán indagados en la causa ANDIS este miércoles por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi.