La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal habilitó el último viernes a la Unidad de Información Financiera (UIF) a apelar su apartamiento como querellante en la investigación por presunto lavado de activos vinculada al fallecido exsecretario presidencial Daniel Muñoz. A través de la concesión de un recurso de casación, el organismo estatal podrá llevar su reclamo para intentar revertir la expulsión ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El fallo lleva las firmas de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Al evaluar el planteo presentado por el abogado de la UIF, Mariano Galpern, los camaristas explicaron que, si bien una expulsión no es una decisión que ponga fin a la causa, correspondía hacer una excepción. Los jueces decidieron habilitar la apelación al advertir que, de no revisar la medida ahora, el Estado podría sufrir un daño irreversible o de “tardía reparación”, tal como había argumentado el organismo.
A partir de esta decisión, los camaristas ordenaron emplazar al organismo para que comparezca a mantener el recurso ante la Cámara de Casación. Para ello, la UIF contará con un plazo de tres días contados desde que el expediente ingrese a esa instancia superior.
El origen del apartamiento
El recurso concedido busca revertir un fallo emitido por la misma Sala I el 23 de diciembre de 2025. En esa oportunidad, la Cámara hizo lugar a un planteo de las defensas, revocó una decisión previa del entonces juez a cargo del caso, Sebastián Casanello -quien había optado por mantener al organismo en la causa- y ordenó excluir a la UIF de su intervención activa en el expediente.
Los abogados defensores habían cuestionado la legitimación del organismo estatal para seguir actuando como parte querellante en este tramo del proceso judicial. Ese apartamiento dictado por los camaristas benefició directamente a Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, y a otros acusados como Carlos Adolfo Gellert, Perla Aydeé Puente Resendez, Carlos Temístocles Cortez, Juan Manuel Campillo e Isidro Bounine.
La exclusión se resolvió con los votos favorables de los jueces Bertuzzi y Bruglia. Por su parte, el juez Mariano Llorens votó en disidencia al considerar que el organismo sí poseía facultades legales para sostener su rol acusador.
El requerimiento de elevación a juicio
La disputa procesal por la intervención de la Unidad de Información Financiera se desarrolla de forma paralela a la definición sobre el futuro de la investigación principal, que quedó en manos del juez federal Ariel Lijo. El pasado 3 de febrero, el fiscal Carlos Stornelli presentó el requerimiento de elevación a juicio para que 35 imputados enfrenten un tribunal oral, acusados de ser coautores o partícipes de una estructura dedicada a convertir, transferir, administrar, vender y disimular fondos ilícitos.
De acuerdo con el dictamen de elevación a juicio formulado por Stornelli, la nómina de los implicados abarca distintos niveles de participación:
- El entorno familiar: Carolina Pochetti y su círculo íntimo, incluyendo a su hermana Alejandrina Pochetti, su madre Stella Marys Blanco, su primo político Pablo Gastón Raies, y Franco Daniel Muñoz, hijo del exsecretario.
- El sector contable y financiero: Víctor Alejandro Manzanares, señalado en la acusación como el arquitecto de sociedades como Madaco S.A. y MM Servicios S.A.; junto a los contadores Daniel Roberto Eloy Bona y Gabriel Fernando Diéguez.
- Gestores y esquema societario: El empresario Sergio Esteban Todisco y su exmujer Elizabeth Ortiz Municoy; Carlos Temístocles Cortez; y los hermanos Rubén Horacio y Leonardo Daniel Llaneza.
- Vínculos políticos y asistentes: Ricardo Fabián Barreiro y Juan Manuel Campillo. La nómina incluye también a excolaboradores de Muñoz, como Roberto Néstor Sosa y Fausto Alejandro Machado.
- Otros implicados: la acusación del Ministerio Público Fiscal se completa con Mauro Gabriel Profético, Jorge Antonio Galitis, Luis Antonio Gugino, Gustavo Sergio Dorf, el escribano Mariano Antonio Montes, y Segundo Pantaleón Córdoba, entre otros acusados de prestar sus nombres para la operatoria.
Con esta habilitación formal, el futuro procesal de la UIF en la causa quedará de manera exclusiva en manos de la Cámara Federal de Casación Penal. El máximo tribunal penal del país será el encargado de analizar los argumentos del organismo y emitir un fallo que confirme su exclusión o le devuelva el rol de querellante en el expediente.
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