Qué se investiga en Comodoro Py sobre Quintela y López, mencionados por el presidente Milei en el Congreso

El presidente Javier Milei se refirió este domingo a las denuncias presentadas la última semana en los tribunales federales de Retiro contra el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela y la senadora de esa provincia, María Florencia López. En ambos casos fueron denunciados por declaraciones que volvieron a poner en el centro de la escena las circunstancias que rodearon la caída del gobierno de Fernando de la Rúa en el 2001 y si hubo maniobras organizadas para provocar la crisis que la precedió.

En su discurso, Milei también aludió a una presentación del fiscal federal Carlos Stornelli para reabrir esa investigación judicial, archivada desde 2013.

El contexto

Durante el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, Milei comparó lo ocurrido en esa crisis, que derivó en la renuncia del fallecido ex presidente con los embates iniciales que sufrió su Gobierno.

En la crisis de 2001, “la política no tenía problemas en tirar a la calle uno o todos los muertos que fueran necesarios con tal de volver al poder. Sin ir más lejos, esto quedó claro en declaraciones de los últimos días por parte del gobernador Quintela, y de la senadora riojana María Florencia López, que son de ustedes, golpistas”.

Los mencionados “no solo han sido denunciados por el fiscal Stornelli, sino que él mismo ha reabierto la causa por los hechos sucedidos en 2001. Esperemos que la Justicia avance no solo sobre los posibles actos de sedición, sino también sobre quienes pudieran ser sus beneficiarios directos e indirectos de dichas acciones”, agregó.

Qué se investiga en Comodoro Py

Milei hizo mención así a tres expedientes que tramitan en Comodoro Py 2002, dos de ellos a cargo del juez federal Sebastián Ramos y otro en manos de su colega María Servini. Todos impulsados por denuncias y presentaciones del fiscal Stornelli.

La denuncia contra la senadora López se originó a partir de la frase que se le atribuyó: “El pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes”, en alusión a la salida en helicóptero de la Casa Rosada del entonces presidente De la Rúa en diciembre de 2001.

Stornelli la denunció por presuntos delitos de acción pública, entre ellos instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y amenaza de rebelión. La causa fue asignada por sorteo al juzgado de Ramos.

En paralelo, el propio Stornelli solicitó el desarchivo de una investigación vinculada a las circunstancias que rodearon las renuncias de Fernando de la Rúa y Adolfo Rodríguez Saá durante la crisis de 2001. El planteo, también presentado ante Ramos, se apoya en supuestos “nuevos elementos” que —según el fiscal— permitirían avanzar en la hipótesis de una maniobra organizada para forzar la caída de ambos mandatarios.

El pedido de reapertura tomó impulso tras declaraciones públicas del gobernador riojano Quintela, quien sostuvo en una entrevista radial que en 2001 “tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido” y agregó que “hay sacrificios que valen la pena”, en referencia a las 39 muertes registradas durante aquella crisis.

El fiscal consideró que las manifestaciones del mandatario, quien también afirmó que el gobierno de Javier Milei “no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027”, tienen una connotación típica que justifica la reapertura del expediente de 2001.

La causa que investigó lo ocurrido en los días previos a la caída del gobierno de De la Rúa estuvo a cargo del juzgado federal 9, vacante y subrogado por Ramos. Se archivó en diciembre de 2013 y ahora el fiscal Stornelli reclamó el desarchivo ante nuevos elementos de prueba de delitos que atentaron contra el orden democrático y que son imprescriptibles.

En relación a los dichos de Quintela, Stornelli presentó otra denuncia el miércoles pasado y quedó radicada en el juzgado federal 1, a cargo de Servini, para que se investigue supuesta la incitación a la violencia colectiva y amenaza de sedición.

Fue por declaraciones radiales del gobernador riojano, quien “habría exteriorizado diversas manifestaciones públicas que, prima facie, podrían ser susceptibles de adecuación típica en figuras vinculadas a la incitación a la violencia colectiva, la eventual instigación a cometer delitos y la posible afectación del orden constitucional, entre otros, adquiriendo mayor trascendencias y gravedad institucional por tratarse de un funcionario público en ejercicio de altas responsabilidades”, sostuvo la denuncia.

Los dichos a los que se refirió Stornelli fueron realizados en el programa “Mañana Sylvestre”, conducido por el periodista Gustavo Sylvestre y emitido por Radio 10.

“...eso lo he planteado a mis colegas gobernadores y a los tres que conducen la CGT, que estaban acompañados por Héctor Daer y por el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez. Estábamos todos juntos y yo le planteé esto, tenemos que tomar decisiones, fuertes decisiones. Me dijeron: Sí, bueno, pero acordate, digo, en el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el que se vayan todos. Sí, tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, 39 compañeros muertos, ciudadanos argentinos muertos, es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme, como lo estamos teniendo (...) este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027, si llegamos así llegamos con un país totalmente destruido, entregado, guarda, guarda...”., habría manifestado Quintela, según la denuncia que ahora se investiga.