La justicia federal decidió ampliar el espectro de la investigación sobre la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y puso la lupa sobre los eslabones intermedios y logísticos de la maniobra. Por eso, al procesar este lunes a 19 acusados, entre ellos los líderes de la presunta asociación ilícita, el juez Sebastián Casanello citó a declaración indagatoria a otras seis personas.
Se trata de Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Mastropietro y Patricio Oscar Acosta, quienes deberán responder por su presunta participación en la estructura que direccionó contratos millonarios y lavó dinero público.
Algunos nombres ya habían aparecido en la causa. Mastropietro es el empresario de la aviación que protagonizó un escandaloso regreso al país en noviembre, cuando eludió Migraciones sin entregar su celular como había ordenado la Justicia. Está vinculado a la empresa Baires Fly, sospechada de participar en el circuito de lavado de dinero de la causa ANDIS.
A través de esa compañía habría facturado servicios inexistentes para justificar la salida de dinero de las empresas de la organización investigada.
La droguería Profarma, adjudicada a Miguel Ángel Calvete, transfirió sumas millonarias a Baires Fly bajo el concepto falso de “compra de kilómetros nacionales” para vuelos en avión que nunca se hicieron. Una de las facturas detectadas fue por un importe de $150.000.000, dinero que en realidad habría regresado a la banda en efectivo o se acreditaba en cuentas financieras para su libre disponibilidad.
Además, Mastropietro participó de reuniones presenciales en el domicilio del ex director de ANDIS, Diego Spagnuolo, junto a los jefes de la asociación ilícita.
En el circuito financiero y de lavado de activos, según estableció la investigación, se completaba con Alan Poccovi, señalado como un financista de confianza de Calvete que operaba una “cueva” o mesa de dinero para transformar las transferencias bancarias en efectivo.
Su rol, de acuerdo a la pesquisa que conduce el fiscal Franco Picardi, era recibir fondos de las droguerías y entregar dólares o pesos en billete, necesarios para el pago de sobornos y gastos no registrados. Los registros muestran que coordinaba entregas de dinero a intermediarios, como los 4.500 dólares que le dio al chofer Julio César Viera por orden de Calvete.
Más imputados
Dentro de la estructura administrativa de la agencia, la figura de Matías Palotti Bertola emerge como una pieza central en la gestión diaria de los intereses del grupo. Aunque formalmente figuraba como un consultor externo, la investigación determinó que en los hechos era la mano derecha del director Daniel Garbellini y ejercía un poder real equivalente al de un “jefe de gabinete en las sombras”.
Antes, entre 2018 y 2019, fue Secretario de Gobierno del Municipio de Morón.
En ANDIS, su rol incluía filtrar comunicaciones y ejecutar órdenes delicadas provenientes de los líderes de la banda, como la instrucción de despedir a 27 empleados “rápido y sin piedad”, según los chats recabados, para asegurar el control de áreas sensibles.
En el área operativa de las compras, Fabián Parlakian jugó un papel fundamental para garantizar que las empresas elegidas por la organización criminal pudieran ofertar, indicaron fuentes judiciales. Habría entrado al organismo por recomendación directa de Pablo Atchabahian -exfuncionario y presunto jefe-paraestatal junto a Calvete- y Garbellini.
Su función consistía en solicitar de manera urgente el alta en el sistema informático de proveedores que no cumplían los requisitos o no estaban inscriptos, como fue el caso de las droguerías Profarma, Génesis, Floresta y New Farma. Los correos electrónicos analizados muestran que Parlakian enviaba listas de prestadores exigiendo su habilitación inmediata bajo la excusa de que era de suma importancia para poder salir a cotizar ese mismo día, facilitando así el direccionamiento de las compulsas.
Por otro lado, Patricio Denholm, quien se desempeñaba como director de Gestión Descentralizada de la ANDIS, está acusado de ser el informante interno sobre el flujo de fondos. La Justicia detectó que Denholm enviaba reportes detallados a Miguel Ángel Calvete con las fechas exactas y los montos de los pagos que el Estado realizaba a sus empresas.
En una conversación de septiembre de 2025, le remitió una planilla con el detalle de transferencias que sumaban un total de $9.238.997.059,46, anticipándole que el dinero saldría “hoy o mañana”. Esta información privilegiada permitía a la banda tener previsibilidad financiera sobre los cobros ilegales.
Finalmente, Patricio Oscar Acosta cierra este grupo de citados en su calidad de presunto testaferro. Acosta es pareja de Lorena Di Giorno, una funcionaria de la ANDIS que actuaba como “doble agente”, contratada por el Estado pero que respondía directamente a intereses privados.
La Justicia determinó que Acosta prestó su nombre para figurar como socio en empresas controladas por Calvete y facturó sumas millonarias, como los $7.450.000 que cobró de Profarma en agosto de 2025, para retirar utilidades del esquema delictivo. Su perfil patrimonial no condecía con los movimientos de dinero que realizaba, y se comprobó que sus claves fiscales y declaraciones juradas eran manejadas directamente por los contadores de la organización criminal.
Con fecha a confirmar, también deberán presentarse en Comodoro Py representantes de las droguerías Profarma, Génesis, Floresta y New Farma para ser indagados sobre el accionar de estas empresas.
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