La Justicia pidió un informe detallado de los movimientos bancarios de la AFA y de las empresas investigadas por lavado de dinero

El juez Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, le solicitó al Banco Credicoop un informe detallado de los movimientos de las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino en esa entidad desde el 1° de enero de 2021 hasta la fecha, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero que involucra al Club Atlético Banfield y a la empresa Sur Finanzas.

Además, se le requirieron al santafesino Banco Coinag datos sobre el empresario Javier Faroni, su esposa Erica Gillette y los demás vinculados a TourProdEnter LLC, investigada por presunto desvío de dinero de la AFA en el exterior.

El requerimiento sobre la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia afecta a ”todas las cuentas de la que resulte titular o co-titular la Asociación de Fútbol de Argentina" y se pide que se señale “tipo, moneda y número de cuenta, número de CBU y los titulares, autorizados, cotitulares, apoderados, firmantes, debiéndose detallar todos los movimientos que cuenten en cada producto desde su apertura de cuentas”.

Asimismo, “en caso de poseer cajas de seguridad, se deberá indicar las medidas de las mismas, los titulares y autorizados, como así también sus registros de ingresos”.

Por otro lado, se solicitó que “se confeccione un cuadro detallando las sumas acreditadas y debitadas en la cuentas identificadas, agrupando los movimientos por concepto y por mes calendario, identificando asimismo, libradores y endosantes de los cheques debitados y acreditados, como así también a las personas humanas o jurídicas involucradas en las transferencias vinculadas a las cuentas (especificando en el caso de transferencias del exterior país receptor y beneficiario final), y de quienes hayan retirado o depositado dinero en efectivo”.

“Para el caso de cuentas comitentes se deberá brindar el detalle de posiciones, en relación a las operaciones de cambio se informen fechas y montos de las operaciones y documentación adicional que se hubiere presentado en caso de corresponder, de ser préstamos se informen montos iniciales y formas de evolución de cancelación de cuotas, y para los plazos fijos se detalle la inversión inicial, los intereses devengados, y en su caso si hubo reprogramaciones”, agrega el requerimiento.

Finalmente, se indicó que “se deberá informar si han realizado algún reporte de operación sospechosa (ROS)”. 

En la solicitud de información al Banco Coinag, además de Faroni y Gillette, se menciona a los cuatro titulares de las cuatro sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Florida, Estados Unidos, que recibieron 42 millones de dólares: Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice, “quienes figurarían como administradores, managers o beneficiarios formales” de las sociedades investigadas “pese a presentar perfiles económicos incompatibles con los montos administrados, lo que resulta consistente con esquemas de interposición de prestanombres”, según se explicó a fines del año pasado en un dictamen fiscal que levantó los secretos fiscal y bancario de los involucrados.

También están mencionados dirigentes y ex dirigentes del Club Atlético Banfield, así como el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña y la empresa Sur Finanzas PSP, de Ariel Vallejo, que tenía distintos tipos de vínculos con numerosos clubes, como Barracas Central, Platense, Racing Club, Los Andes, Temperley, Deportivo Armenio, Dock Sud y Excursionistas, entre otros.

En ese sentido, se le requirió a la División Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina que “realice un estudio integral sobre el patrimonio del Club Atlético Banfield Asociación Civil y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña, debiendo informar la trazabilidad de los ingresos extraordinarios: si los fondos provenientes del préstamo de la firma Auriga S.A. ingresaron efectivamente al patrimonio neto del Club, detallando fecha, cuenta bancaria de destino y concepto contable”.

Además, se pidió un “análisis de la operatoria con Sur Finanzas PSP, determinando si existen registros de fondos cursados a través de la plataforma de pagos de Sur Finanzas y si estos fueron debidamente exteriorizados en los balances de los del Club Atlético Banfield”, así como un “examen de pasivos y contratos: relevamiento de los contratos de mutuo, descuento de cheques y/o sponsorización, informando la Tasa Efectiva Real pactada en comparación con las tasas de mercado vigentes al momento de la suscripción, a fin de determinar el presunto perjuicio patrimonial para la entidad deportiva”.

También se requirió una “auditoría de sponsorización”, a fin de “determinar si los contratos de publicidad del Club Atlético Banfield con Sur Finanzas y sus vinculadas se corresponden con prestaciones reales. Para ello, deberán compulsarse las actas de allanamiento y material secuestrado buscando evidencia de activaciones publicitarias efectivas (estática, indumentaria, eventos) y si los montos abonados guardan correlación con valores de mercado para instituciones de similar jerarquía”.

Cuando en su momento la fiscal Cecilia Incardona pidió que se allanaran los clubes, en el mes de diciembre, destacó que “el crecimiento de Sur Finanzas como sponsor y prestamista coincide con la etapa en la que Tapia consolida su poder en AFA y en la Liga Profesional”.