La causa por el presunto lavado de dinero detrás de una mansión y autos de alta gama valuados en poco más de 20 millones de dólares en Pilar, que involucra a supuestos testaferros de la AFA, volvió a quedar en el centro de una disputa de competencia que esta semana tendrá un nuevo round judicial.
Mientras el expediente continúa pasando de un juez a otro, la Cámara Federal de Casación Penal prepara una audiencia clave este miércoles para definir una vez más quién deberá conducir la investigación.
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Por ahora, la pesquisa recayó en el juzgado penal económico 10 a cargo como suplente de la jueza Verónica Straccia. La magistrada tomó la decisión de delegar el caso en la fiscalía de Claudio Navas Rial: se trata de quien intervino en una anterior etapa hasta enero pasado, antes del pase a Campana resuelto por la Cámara Federal de San Martín. De hecho, en un duro dictamen, el fiscal se opuso en esa ocasión a la ida del caso al juzgado federal de ese partido bonaerense.
Navas Rial es quien además impulsó con sus dictámenes las investigaciones al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, en la causa donde quedaron procesados por retención indebida de aportes y en sucesivas ampliaciones de esta pesquisa hacia otros posibles delitos.
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Una megacausa
La causa por la mansión de Pilar ya se convirtió en una megacausa que abarca presuntas maniobras de lavado de activos, y puso la lupa sobre empresas intermediarias contratadas en el exterior y casas de cambio locales.
El futuro del expediente todavía está en discusión: la Cámara Federal de Casación Penal convocó a las partes para el próximo 12 de agosto, cuando deberá resolver si la causa permanece en el fuero Penal Económico o debe regresar a la jurisdicción bonaerense, en concreto, a Campana como reclaman los supuestos testaferros imputados: Luciano Pantano y su madre Ana Conte, titulares de la sociedad ‘Real Central’, adquirente del predio.
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La tarjeta de crédito con que se pagaban gastos de mantenimiento, peajes y gasolina del medio centenar de vehículos de alta gama que se encontraron en el lugar era corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino, a cuya sede en la calle Viamonte llegaba el resumen mensual para el pago.
La denuncia apunta a que Pantano y su madre habrían actuado como prestanombres. Los investigadores buscan establecer si realmente tenían capacidad económica para afrontar la adquisición de una propiedad valuada en 17 millones de dólares más vehículos, motos y otros bienes encontrados en la casaquinta de Villa Rosa, en ese partido bonaerense.
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El expediente comenzó como una investigación por lavado de activos y con el avance de las medidas fue incorporando otras hipótesis vinculadas con el manejo de fondos de la AFA y la eventual utilización de intermediarios y sociedades para desviar dinero y luego reintroducirlo en el patrimonio de sus presuntos beneficiarios.
En la investigación aparece TourProdEnter, una empresa registrada a nombre de Erica Gillette, esposa del empresario Javier Faroni. La hipótesis es que determinadas operaciones e intermediaciones podrían estar vinculadas con un circuito de fondos que excedería la investigación puntual sobre la casaquinta de Pilar.
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Una causa y varios tribunales
El recorrido judicial explica buena parte de la situación actual.
La causa comenzó a tramitar en la Justicia Federal de Comodoro Py, pasó por el fuero Penal Económico y también llegó a los tribunales federales de Zárate-Campana. A mediados de mayo, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el envío del expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y ordenó que la disputa de competencia fuera resuelta por la Cámara Nacional en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Ese tribunal terminó asignando el caso al Juzgado Penal Económico 10, vacante y actualmente subrogado por Straccia.
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La defensa de Pantano y Conte, encabezada por el abogado Mariano Morán, cuestionó esa decisión con un planteo basado en la garantía del juez natural. El argumento fue que, una vez iniciado un proceso, los imputados no pueden quedar sometidos a modificaciones arbitrarias de jurisdicción.
La Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico rechazó ese planteo. Los camaristas sostuvieron que las decisiones sobre competencia no constituyen una sentencia definitiva y que, al tratarse de una controversia entre juzgados federales, no se había vulnerado la garantía invocada por la defensa. Morán llevó entonces la discusión a Casación mediante un recurso de queja.
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La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar, hizo lugar al planteo y consideró que el recurso había sido denegado de manera errónea. La discusión sobre el juez que deberá quedarse con el expediente quedó formalmente abierta otra vez en el máximo tribunal penal federal.
La audiencia fue fijada para el 12 de agosto a las 11.30, y allí las partes expondrán sus argumentos antes de que Casación defina el destino de la investigación.
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