La investigación por el origen de los fondos para la compra de una quinta en Pilar, valuada en 17 millones de dólares, avanzó este martes con diversas medidas solicitadas por Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Campana, quien recibió la causa la semana pasada.
Se trata del primer movimiento en el expediente que investiga a los presuntos testaferros de la AFA Luciano Pantano y Ana Conte desde que Charvay heredó el caso, de manos del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, tras una definición de la Cámara Federal de San Martín.
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Este miércoles, el juez de Campana emitió cuatro oficios y 30 órdenes de presentación con diferentes requerimientos a distintas entidades públicas y privadas, indicaron fuentes del caso a Infobae.
Al mismo tiempo, el magistrado solicitó tres estudios periciales a otras entidades y organismos especializados.
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Por último, dio intervención a ocho dependencias policiales en la investigación.
La causa
El juez de Campana recibió el caso durante la feria judicial y ya empezó a ordenar medidas tendientes a continuar las averiguaciones que recibió de los jueces Marcelo Aguinsky y Daniel Rafecas, quienes habían investigado primero.
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Por cuestiones de jurisdicción territorial, el juez de feria de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones, entendió que era el Juzgado de Campana al que le correspondía intervenir, por lo que la causa dejó de tramitar en la Ciudad de Buenos Aires.
El caso se originó con una denuncia de la Coalición Cívica por la mansión de Villa Rosa, ante las sospechas de que pertenecería a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, aunque en los papeles está a nombre de la firma Real Central, propiedad de Conte y Pantano, una jubilada y su hijo monotributista que no tendrían cómo justificar de dónde sacaron el dinero para comprar todos los bienes que dicen tener.
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Con el avance de las averiguaciones, el juez Aguinsky también puso la lupa sobre una supuesta estructura financiera internacional utilizada para desviar y ocultar fondos vinculados a la AFA, a partir de una ampliación de la denuncia del espacio de Elisa Carrió.
En ese capítulo entró en juego la empresa TourProdEnter LLC, del exdiputado provincial Javier Faroni, quien tenía el manejo exclusivo de los contratos de la AFA en el exterior y se llevaba un 30% de comisión por cada transacción.
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Sobre esto también hay otra pulseada entre jueces. Es que las maniobras que involucran a Faroni y su esposa Erica Gillete, presidenta de TourProdEnter, también se están investigando en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora que subroga Luis Armella.
Mientras tanto, el Juzgado Federal de Campana continúa en una etapa de análisis de las pruebas recabadas en los despachos de Comodoro Py y el fuero Penal Económico. Hay informes, pericias, tasaciones y declaraciones testimoniales que permiten reconstruir lo ocurrido.
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El predio de Pilar cuenta, entre otros lujos, con autos y motos de alta gama y de colección, un haras dedicado a la cría de caballos árabes y pura sangre de carrera, helipuerto, entre otras commodities.
La hipótesis principal sostuvo, hasta ahora, que se ingresaron fondos de origen ilícito al circuito legal mediante la compra de la quinta de los 20 millones de dólares. Para concretar estos movimientos patrimoniales, se sospecha sobre el uso de la sociedad comercial Real Pilar, que habría funcionado como pantalla para ocultar a los verdaderos dueños de los bienes.
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De forma paralela, existe otro expediente contra la AFA y sus autoridades por presuntos delitos tributarios. En esa causa, a cargo del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, se investiga a la entidad deportiva por la retención indebida de impuestos y aportes a la seguridad social, mediante la cual se habrían apropiado de más de 19.000 millones de pesos.
Ese caso tiene la particularidad de que el Gobierno se constituyó como querellante, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por lo que tiene acceso al expediente y puede apelar y proponer medidas.
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El contraataque de “Chiqui” Tapia
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, denunció ante la Justicia bonaerense que fue extorsionado por el empresario Leandro Camani y dos dirigentes de la Coalición Cívica (CC), Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, quienes dieron a conocer las sospechas sobre la quinta de Villar Rosa.
En un escrito de 20 páginas, Tapia expuso que las acusaciones recientes sobre su patrimonio y su gestión de la AFA no surgieron de manera espontánea, sino que respondieron a una represalia por haber impedido un negocio millonario relacionado con las fotomultas, entre agosto y septiembre del año pasado.
El denunciante, a través de su abogado Gregorio Dalbón, relató ante el Juzgado de Garantías N° 7 del Departamento Judicial de San Isidro que el conflicto se originó por su rol como director de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE).
Camani, a través de la firma Secutrans S.A., -según la versión de Tapia- buscaba instalar y renovar cámaras de fotomultas en rutas y predios administrados por el CEAMSE, para ampliar su negocio con las infracciones viales.
Según la denuncia, ante la negativa del titular de la AFA, Camani habría amenazado -a través de intermediarios- con que si no se aprobaba su pedido, se lanzarían falsas denuncias penales en su contra.
“El contenido del mensaje no dejaba margen de duda, estableciendo una alternativa extorsiva clara: o se habilitaba el negocio solicitado, o se iniciaría una ofensiva judicial”, continuó Tapia.
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