La Secretaría de Seguridad Alimentaria advierte que 3,2 millones de guatemaltecos podrían caer en crisis alimentaria en 2026

SESAN advirtió que 3,2 millones de personas en Guatemala podrían enfrentar inseguridad alimentaria aguda en Fase 3 o superior entre julio y septiembre de 2026, un escenario asociado a la posible incidencia del fenómeno de El Niño, al encarecimiento de los alimentos y del transporte y al impacto que esas variables tendrían sobre la producción agrícola y el acceso a comida.

El análisis prevé una mejora moderada para el siguiente período, entre octubre de 2026 y febrero de 2027: la población en Fase 3 o superior bajaría a 2,6 millones, equivalentes al 14% del total. La proyección vincula ese descenso con las cosechas de fin de año, el aumento estacional del empleo agrícola y el ingreso de remesas.

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia, Mireya Palmieri en conferencia de prensa, informó que los resultados corresponden al Análisis de Inseguridad Alimentaria Aguda de la Clasificación Integrada de Fases para 2026-2027. El estudio fue elaborado por especialistas de entidades públicas, organismos de cooperación, la academia y la propia SESAN.

Entre quienes participaron figuran delegados departamentales de la secretaría y profesionales del Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Instituto de Fomento Municipal, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Da Vinci, la Universidad Galileo, Save the Children, Oxfam, el Programa Mundial de Alimentos, ACH y FewsNet, dijo la Secretaria.

Alta Verapaz es el único departamento en Fase 3 para los dos períodos proyectados

Para julio-septiembre de 2026, la proyección indica que 2 millones 981 mil personas, el 16% de la población, estarían en categoría de Crisis. Otras 197 mil, el 1%, quedarían en Emergencia.

A nivel territorial, Alta Verapaz es el único departamento clasificado en Fase 3, Crisis, en ambos períodos proyectados. En el Altiplano Occidental y el Corredor Seco, departamentos como Quiché, Huehuetenango, Suchitepéquez, Totonicapán, Chimaltenango, Retalhuleu, Jalapa, Jutiapa, Chiquimula y Zacapa mostrarían proporciones de entre 15% y 19% de su población en Fase 3 o superior durante la proyección de julio a septiembre de 2026.

El análisis atribuye esa vulnerabilidad a pobreza persistente, dependencia de la agricultura de subsistencia y acceso limitado a servicios básicos. Entre los factores que presionan el deterioro también aparecen la sequía y otras afectaciones climáticas, el alza del precio de los alimentos, el aumento del costo de los combustibles, el endeudamiento de los hogares, el agotamiento de reservas de granos básicos y las escasas oportunidades de empleo temporal al inicio de la primera siembra.

La secretaria Mireya Palmieri dijo que la respuesta oficial, ha contribuido a mejorar el consumo alimentario en el corto plazo. El documento presentado por la funcionaria concluye que, sin los programas gubernamentales en marcha, la severidad de la situación habría sido mayor.

La asistencia humanitaria prevista alcanzaría a 416 mil personas en cuatro departamentos

Entre las medidas en ejecución, el análisis menciona protocolos específicos para el abordaje de la desnutrición aguda y la mitigación del hambre estacional, aprobados en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. También incluye la entrega de raciones alimentarias a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y los Servicios de Atención a la Primera Infancia de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente.

Para el primer período proyectado, además, se contempla asistencia humanitaria financiada por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios que beneficiaría a 416 mil personas en Chiquimula, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango. Esa intervención se coordinaría con socios como el Programa Mundial de Alimentos, World Vision Guatemala, Acción Contra el Hambre, Save the Children, CARE, Plan Internacional, IRC, CRS y Oxfam-ACH.

El bloque técnico recomendó ampliar y focalizar la asistencia alimentaria y los programas de protección social hacia la población en Fase 3 o superior. También planteó reforzar las intervenciones en agua, saneamiento, salud y nutrición en las zonas con mayor vulnerabilidad.

La actualización del análisis CIF está prevista para septiembre de 2026. Esa revisión incorporará cambios en la situación alimentaria, los precios, las intervenciones humanitarias y de protección social, además de la evolución de las condiciones climáticas.

La CIF es una metodología con estándares internacionales que permite proyectar la inseguridad alimentaria en un territorio. En el caso de Guatemala, el ejercicio se realizó en su escala aguda, aunque se recomendó una actualización y una versión ampliada que incluya la inseguridad alimentaria crónica.

El propósito de la clasificación es aportar información para el diseño de políticas y programas de seguridad alimentaria en el mediano y largo plazo.