El Tribunal Oral Federal 4 dará inicio el próximo 21 de agosto a un nuevo juicio contra Enrique Blaksley Señorans, conocido como el Madoff argentino, por las supuestas maniobras de estafas vinculadas a Verazul, un ambicioso proyecto de barrio privado en la localidad bonaerense de Pilar, que fue impulsado por su empresa Hope Funds.
Este nuevo debate se realizará después de que la Corte Suprema ratificó un fallo de la Cámara de Casación Penal, que anuló una parte de la sentencia del TOF 4, en la que había dispuesto la absolución por prescripción de la acción penal en relación con los hechos perpetrados con anterioridad al 9 de abril de 2012.
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Los camaristas revocaron la sentencia del primer proceso oral porque entendieron que no se había analizado en profundidad la posible existencia de maniobras de lavado de activos en relación con el fideicomiso del emprendimiento inmobiliario.
De este modo, volverán a sentarse en el banquillo de los acusados Enrique Juan Blaksley Señorans, Pablo Andrés Willa, Federico Armando Dolinkue, María Paola D’Angelo y Felipe Badino.
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La imputación
El fideicomiso Verazul fue una estructura creada el 25 de julio de 2012 con el fin de desarrollar un emprendimiento urbanístico en Villa Rosa, Pilar, provincia de Buenos Aires. En su diseño participaron las sociedades Grileon S.A., bajo control de Hope Funds S.A., ligada a Enrique Juan Blaksley Señorans, y Willa Servicios Fiduciarios S.A., presidida por Pablo Andrés Willa.
La hipótesis del caso sostiene que se dedicaron a captar fondos de numerosos pequeños inversores, muchos de ellos de bajos recursos, mediante el engaño de que participarían de un negocio inmobiliario rentable.
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Blaksley Señorans se mostraba con famosos y era sponsor de grandes eventos. Recibió el apodo de “Madoff argentino” por la magnitud de las estafas que cometió a través de la fachada de su empresa Hope Funds.
Los créditos de los inversionistas fueron transferidos primero a la sociedad Wall Street Group SRL y luego a Hope Funds. Sin embargo, los aportantes nunca recibieron los lotes prometidos ni se concretó la obra.
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En este esquema, Blaksley Señorans quedó imputado como el supuesto líder del grupo, que decidía sobre el destino de los fondos. Willa apareció como el armador del fideicomiso y de los contratos utilizados para captar dinero.
Por su parte, Federico Dolinkue era el director suplente de Hope Funds S.A., que presuntamente tomó decisiones financieras. María Paola D’Angelo y Felipe Badino también habrían intervenido en la gestión de los fondos.
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Las condenas
En 2023, el Tribunal Oral Federal 4, por mayoría, condenó a Blaksley Señorans a ocho años de prisión como jefe de una asociación ilícita que estafó a 311 personas, por lavado de activos e insolvencia fraudulenta. A Dolinkue le aplicó cuatro años como miembro de la organización; a Willa, tres años y seis meses. El resto de los acusados recibió penas de un año y seis meses a tres años de cárcel.
Los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basilico y Jorge Gorini concluyeron que la banda operó al menos desde 2009 hasta 2016 mediante la captación masiva de dinero de particulares que firmaban contratos de mutuo, certificados de inversión, contratos de inversión y adhesiones a fideicomisos inmobiliarios.
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Las víctimas entregaban dinero en pesos, dólares estadounidenses o euros con la promesa de recibir intereses elevados y, en muchos casos, la posibilidad de rescate anticipado. El sistema se sostenía con un modelo piramidal, a través del cual cumplían con sus antiguos clientes con fondos de los nuevos aportantes, sin respaldo suficiente en actividades rentables que cubrieran el monto del compromiso asumido.
La sentencia estimó que la estafa verificada alcanzó USD 13.855.451,81, 42.234,59 euros y $32.249.332. El tribunal aclaró que ese cálculo, que se implementó para fijar el decomiso, sólo comprendía los casos comprobados y no agotaba el universo total de damnificados.
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Fuentes tribunalicias confirmaron que Blaksley actualmente se encuentra bajo el régimen de libertad condicional. Desde que comenzó la pesquisa, estuvo alojado en el penal de Ezeiza, y luego logró el arresto domiciliario en su casa del country de Pacheco bajo caución, monitoreado con una tobillera electrónica.
A todo esto, hace pocas semanas el juez Néstor Costabel condenó a Blaksley Señorans a tres años de prisión por lavado de activos, en un juicio abreviado por maniobras con inmuebles en Panamá.
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Además, unificó la pena en ocho años y dos meses, y lo absolvió por un tramo del expediente vinculado a propiedades en Estados Unidos por falta de certeza en las pruebas.
Esta sentencia ordenó el decomiso de USD 1.046.473,61 como producto del delito y dispuso, si no estuviera alcanzada por otra medida judicial, la incautación de un departamento en Panamá.
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