Va a juicio una causa por narcotráfico entre Salta y Bolivia: acusan a una organización que reclutaba mujeres para transportar droga

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta habilitó el avance a juicio oral de una causa compleja por narcotráfico transnacional, en la que cuatro personas están acusadas de haber integrado una asociación ilícita dedicada al transporte reiterado de estupefacientes, valiéndose de mujeres en situación de vulnerabilidad como correos humanos y articulando la operatoria entre el norte argentino y Bolivia. La decisión confirmó la acusación fiscal y resolvió mantener las medidas de coerción sobre todos los imputados, al considerar que subsisten los riesgos procesales y que la causa se encuentra próxima al debate oral.

El expediente se inició el 1 de agosto de 2024, a partir de una denuncia anónima recibida por la Unidad Fiscal Federal, que alertó sobre un esquema de reclutamiento de mujeres para trasladar pasta base en colectivos de larga distancia hacia la ciudad de Salta. Según esa información inicial, la organización ofrecía pagos en dólares y operaba desde Tartagal, en el norte de la provincia salteña, en el departamento San Martín, una zona cercana a la frontera con Bolivia.

Las primeras tareas investigativas permitieron identificar al matrimonio compuesto por Jessica Elisabeth de la Vega (39) y Alfredo Alberto Aguirre (41), señalados por la fiscalía como organizadores del esquema. Ambos residían en una vivienda del barrio Virgen de la Peña, donde además regenteaban un pequeño comercio. La acusación destacó que ambos registraban antecedentes penales por infracciones a la Ley de drogas 23.737, con modalidades similares a las ahora investigadas, y que Aguirre incluso ya se encontraba detenido por otras causas al momento de formalizarse esta investigación.

A partir de estos elementos, se desplegó una pesquisa de largo aliento que combinó intervenciones telefónicas, análisis de impactos de celdas y antenas, seguimientos, pericias sobre dispositivos móviles, registros de la CNRT y el rastreo de transferencias bancarias y billeteras virtuales. Ese trabajo permitió reconstruir una operatoria extendida al menos entre el 28 de enero de 2024 y el 23 de abril de 2025, con movimientos en Salvador Mazza, localidad salteña fronteriza con Bolivia, utilizada como punto de cruce hacia Yacuiba, y en Embarcación, otra ciudad del norte provincial empleada como escala en los traslados terrestres. El destino final, como se mencionó, era la capital salteña, mientras que el aprovisionamiento de la carga ilegal se realizaba en Pocitos y Yacuiba, ambas localidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

La fiscalía explicó que, si bien existieron maniobras de tráfico que no pudieron precisarse en condiciones exactas de “tiempo, modo y lugar”, otras quedaron acreditadas a partir del cruce de múltiples fuentes informativas. En ese contexto se incorporaron como elementos centrales varios expedientes conexos, que dieron cuenta de conductas reincidentes y reforzaron la hipótesis de una estructura criminal estable en el tiempo.

En una de esas causas, para el caso, se determinó que De la Vega y Aguirre estuvieron vinculados a un contrabando ocurrido el 28 de enero de 2024, ya que los celulares de las transportistas detenidas registraban contactos y conversaciones con ambos imputados y con el proveedor de la sustancia, Jueces Joel Huarayo Quiruchi, sobre quien pesan órdenes de captura nacional e internacional. En esos intercambios se hacía referencia directa al traslado de droga, a los pagos y a la logística del viaje.

Otro elemento estuvo vinculado a la detención de Jessica Natalia Alemán, una de las mujeres que oficiaba de transportista. Del análisis de su teléfono surgieron mensajes con el matrimonio donde se detallaban precios y horarios de pasajes, cantidades de estupefaciente a trasladar y modalidades de cobro. En una conversación del 13 de septiembre de 2024, la mujer informó que había viajado a Bolivia con otras dos personas para buscar la droga. Al día siguiente, los registros de celdas telefónicas ubicaron a De la Vega, Alemán y otra transportista desplazándose juntas desde Tartagal hacia la ciudad de Salta en el mismo colectivo.

La investigación también acreditó que, horas antes de uno de los procedimientos antidrogas, el material estupefaciente incautado fue entregado por De la Vega, según surge de los mensajes analizados y de los registros telefónicos analizados por la Gendarmería Nacional. En paralelo, del análisis de los dispositivos secuestrados surgieron comunicaciones que mostraban a Aguirre asegurando que las transacciones de dinero se completaran y llegaran a destino.

El circuito financiero fue otro de los ejes probatorios. Informes remitidos por plataformas digitales y entidades bancarias confirmaron transferencias a billeteras virtuales realizadas desde cuentas vinculadas a la pareja De la Vega y Aguirre hacia distintas mujeres que luego fueron detenidas por fuerzas federales transportando droga. En algunos casos se documentaron envíos sucesivos de dinero, lo que, según la fiscalía, exhibe un esquema de financiamiento sistemático de los traslados ilícitos.

Además, la acusación planteó que los informes socio ambientales incorporados al expediente dieron cuenta de que el matrimonio imputado repitió un patrón de búsqueda donde, a la hora de contratar transportistas, se fijaban en perfiles de mujeres en “estados de vulnerabilidad”.

A su vez, también puntualizó que Yesica Verónica Lorena Medina, de 45 años, se desempeñaba como la encargada de recibir el estupefaciente en la ciudad de Salta, con la colaboración de Silvia Rosana Acuña, de 46, quien oficiaba de intermediaria y alojaba a las transportistas en su domicilio del barrio Villa Juanita.

Según la acusación, De la Vega, Aguirre y Medina actuaron como jefes u organizadores de la asociación ilícita, al coordinar los tramos más relevantes de las diferentes operaciones. En cambio, Acuña habría cumplido un rol subordinado, limitado a tareas de intermediación y recepción de la droga y de las mujeres transportistas.

Durante la audiencia de control de la acusación, realizada esta semana, la defensa de De la Vega solicitó sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, invocando su situación familiar: un hijo de 19 años con síndrome epiléptico idiopático, con ataques frecuentes, y una hija de 15 años, sin presencia parental en el hogar debido a la detención de su padre, Aguirre. El planteo fue rechazado. En ese marco, el tribunal de alzada mantuvo la prisión preventiva efectiva sobre la pareja, mientras que Medina quedó bajo arresto domiciliario al igual que Acuña.

Al resolver en dicha audiencia, el juez de Cámara Guillermo Federico Elías explicó que tanto la escala penal del delito imputado, como “las circunstancias que rodearon el hecho” permitían inferir “la existencia de un riesgo procesal”, por lo que cabía ratificar las medidas de coerción sobre todos los involucrados. En ese plano tuvo en cuenta la cercanía del debate oral para asegurar la comparecencia de los imputados.

En consecuencia, el camarista dictó el auto de apertura a juicio, declaró admisible la acusación por asociación ilícita dedicada al tráfico de estupefacientes -agravada por su ejecución reiterada y ostensible- y ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal Federal que resulte sorteado para llevar adelante el juicio.