La Justicia Federal de Rosario citó nuevamente a indagatoria a la ex interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF) María Laura Garrigós, quien está imputada en la causa donde se investiga si durante su gestión existió una complicidad de las autoridades del organismo que les permitió a los presos usar celulares dentro de las cárceles.
La ex jueza y ex funcionaria del gobierno de Alberto Fernández iba a declarar en agosto del año pasado, pero presentó un recurso para apartar al equipo de fiscales que la investiga. Este martes, tal como reveló Infobae, la Cámara Federal de Rosario ratificó a los agentes del Ministerio Público impugnados por Garrigós y así quedó allanado el camino para que el caso se reactive.
Fuentes judiciales consultadas por este medio precisaron que el juez Carlos Vera Barros, subrogante del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, citó a la ex directora del SPF para el próximo 17 de marzo. Luego deberán comparecer en tribunales el resto de los imputados: Sonia Mariela Álvarez, subdirectora del SPF, lo hará el 18; y Diego Alberto García, director de Seguridad Penitenciaria, fue convocado para el 19 del mismo mes.
Está previsto que las indagatorias sean presenciales, aunque las defensas pueden pedir que las audiencias sean virtuales.
El expediente tenía un cuarto funcionario involucrado, Guillermo Eduardo Migueles, ex director Principal de Seguridad, quien falleció.
El caso
Los fiscales que investigan a la cúpula del SPF durante la gestión anterior son Claudio Kishimoto y Matías Scilabra, Unidad Fiscal Rosario; Diego Iglesias y Martín Uriona, de la PROCUNAR; y Andrea Garmendia Orueta, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Al pedir que los corrieran del caso, Garrigós advirtió una “manifiesta falta de objetividad” de los acusadores. Lo entendió así porque acotaron sus averiguaciones solamente al período transcurrido entre junio de 2020 y diciembre de 2021.
La defensa se quejó de que la investigación no contemplara a otras gestiones previas o posteriores, teniendo en cuenta que la normativa para colocar inhibidores de señales que bloqueen llamadas en las cárceles está vigente desde mediados del 2017.
Aunque mantuvo a los fiscales de la causa, la Cámara Federal de Rosario entendió que el planteo de la ex funcionaria tiene sentido. Por eso, el fallo del camarista Aníbal Pineda encomendó que la cronología del caso se extienda desde julio de 2017 hasta la actualidad, para revisar si existieron irregularidades también en esos meses.
Durante el gobierno de Cambiemos, quien estuvo a cargo del SPF fue Emiliano Blanco -había sido designado en enero de 2014- y actualmente encabeza la cúpula del organismo el inspector Fernando Julián Martínez.
La causa por la que Garrigós será indagada se disparó a principios de 2022, cuando agentes penitenciarios requisaron la celda de Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de “Los Monos”, en el Complejo Federal II de Marcos Paz. El capo narco tenía escondido dentro de un televisor un celular gris marca LG, junto con su batería y un cable para cargarlo.
Desde entonces se empezó a investigar la “complicidad estructural de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal”, según dictaminó la Fiscalía, no solo por la falta de colocación de inhibidores de señal -como lo exige la ley-, sino por el permanente ingreso de teléfonos dentro de los pabellones.
Las máximas autoridades del SPF “no dieron cumplimiento con la normativa específica que debían implementar para impedir las comunicaciones no autorizadas de internos alojados en dependencias de ese organismo, vinculadas con la planificación y la realización de maniobras destinadas a mantener extra muros la vigencia de las organizaciones delictivas que lideraban, ya sea mediante el uso de dispositivos de telefonía celular u otros medios de comunicación ingresados en violación a la normativa penitenciaria”, sostuvo el Ministerio Público Fiscal al pedir las indagatorias.
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