El ex número 2 de ANDIS presentó un escrito en la Justicia y apuntó contra Spagnuolo: “Asumió la suma del poder”

Daniel María Garbellini, imputado en la causa ANDIS y ex director nacional de Acceso a Servicios de Salud, presentó un descargo ante la Justicia para defenderse de las acusaciones de corrupción. Negó haberse involucrado en cualquier maniobra ilícita y, en cambio, apuntó contra Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia, quien según sus dichos “asumió la suma del poder” del organismo.

De esta manera, las dos máximas autoridades que tenía la Agencia Nacional de Discapacidad al momento de los hechos investigados dejaron a la vista que tienen versiones cruzadas. Spagnuolo ya había expresado en su propio escrito que las compras presuntamente direccionadas y con sobreprecios “dependen exclusivamente de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, cuyo titular ni siquiera fue designado por mí”.

Garbellini se encargó ahora de desmentirlo: “Para fin del mes de mayo (de 2024), recibí una llamada telefónica del Dr. Diego Spagnuolo, quien se presentó como Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, y tras decirme que había visto mi curriculum, me ofreció entrevistarme ese mismo día a las 15.30 horas en la sede de la calle Dragones donde funcionaba la ANDIS”.

Relató cómo fue todo el proceso de su ingreso al organismo y nombró a varios ex funcionarios que supuestamente atestiguaron la reconstrucción de su desembarco en la ANDIS.

Además, Garbellini reconoció que tuvo “un trabajo ‘part time’ como asesor legal en la Obra Social del Personal de Seguridad e Investigaciones Privadas (OSPSIP)”, algo que ya había expuesto el fiscal Franco Picardi en uno de sus dictámenes.

En esa obra social el ex número 2 de la ANDIS trabajó con Roger Grant, otro imputado al que Garbellini habría hecho entrar al organismo, puntualmente para administrar el sistema de compras SIIPFIS. Mediante ese mecanismo se ejecutaban las compulsas de precios reducidas a un puñado de droguerías -Génesis S.A., Profarma S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A.- supuestamente elegidas a dedo.

La versión de Garbellini

El texto entregado al juez Sebastián Casanello detalló que, al asumir el cargo, la gestión de medicamentos de alto costo (PACBI) se realizaba de manera precaria, “mediante cotizaciones por correo electrónico (Gmail) y se registraban únicamente en una planilla Excel sin protocolo o trazabilidad institucional alguna”.

Según plasmó la defensa de Garbellini en su escrito de 32 páginas, al que accedió Infobae, su objetivo fue sistematizar los trámites a través de un software SIIPFIS. De acuerdo a su testimonio, la implementación de este sistema buscó dotar de trazabilidad y transparencia a los procesos de adquisición de insumos para los beneficiarios del programa Incluir Salud.

Uno de los puntos centrales de la defensa giró en torno a la estructura de poder dentro del organismo. Spagnuolo “asumió la suma del poder en la ANDIS, quedándose para sí con la facultad de hacer y deshacer siguiendo su criterio en todo lo relativo al manejo de la Agencia, decidiendo personalmente cuál era el proceso (Dirección de Administración), quién lo llevaría a cabo (Dirección de Recursos Humanos), qué se dictaminaba (Dirección de Asuntos Jurídicos), y quién tenía poder de firma y acceso a diferentes niveles de sistemas informáticos (Dirección de Modernización e Informática)”.

Garbellini afirmó además que él nunca contó con autorización para ordenar pagos en el sistema financiero estatal ni tuvo firma digital para aprobar gastos. “Con respecto al trato que yo mantenía con Spagnuolo debo manifestar que siempre fue laboral y cordial, aun cuando se mostrara siempre ocupado, nervioso y apurado”, completó.

Respecto a las sospechas sobre las compras de medicamentos mediante compulsas abreviadas, el descargo justificó este mecanismo por la necesidad de atender urgencias médicas impostergables.

El ex director señaló que la ley obliga al Estado a garantizar la cobertura inmediata de fármacos para patologías graves, como cáncer o hipertensión pulmonar, donde los tiempos burocráticos de una licitación ordinaria podrían poner en riesgo la vida de los pacientes.

El escrito también abordó la metodología de determinación de precios. Garbellini aseguró que siempre se adjudicó a la oferta más económica y que se verificó que los valores estuvieran por debajo de los precios de venta al público publicados en manuales farmacéuticos.

Para confrontar la acusación de sobreprecios, aclaró que no es posible comparar estas adquisiciones con las compras mayoristas que realizan hospitales o el PAMI, ya que el programa Incluir Salud adquiere remedios específicos para cada paciente y debe cubrir la logística de entrega en cualquier punto del país, lo que impacta en el costo final.

Finalmente, el ex funcionario solicitó diversas medidas de prueba para sustentar su posición. Por ejemplo, pidió que se cite a declarar a responsables de las áreas de informática y legales para corroborar el funcionamiento de los sistemas y la existencia de múltiples reclamos judiciales que motivaron las compras urgentes.

También requirió informes sobre su situación patrimonial, afirmando que sus ingresos provienen de su actividad profesional y que no existió enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública.