Por primera vez desde que comenzaron las indagatorias, uno de los imputados por el endeudamiento millonario del Grupo Vicentin decidió hablar. Javier González Fraga, ex presidente del Banco de la Nación Argentina entre 2017 y 2019, rompió el silencio esta semana y se defendió de la acusación del fiscal Gerardo Pollicita, quien investiga los créditos por más de 264 millones de dólares que recibió la empresa.
En la causa hay 26 imputados, entre ellos el ex vicepresidente del BNA, Lucas Llach, y las máximas autoridades de la cerealera, Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Oscar Vicentin y Herman Roberto Vicentin.
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Todos los indagados hasta ahora se habían negado a declarar. Esta tendencia se cortó con González Fraga, quien respondió preguntas, negó todos los hechos que le atribuyen y presentó nueva documentación con la que buscó desligarse de las presuntas maniobras ilícitas.
Además de ser titular del BNA durante la presidencia de Mauricio Macri, González Fraga también estuvo a cargo del Banco Central de la República Argentina entre 1989 y 1991, cargo al que llegó de la mano de Carlos Menem en plena época de hiperinflación.
El caso BNA - Vicentin
La Fiscalía detectó que entre agosto y diciembre de 2019 habría existido una connivencia entre los funcionarios públicos y los empresarios para llevar adelante la defraudación al Estado.
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De los 264 millones de dólares en cuestión “unos $4.600.000.000 fueron transferidos a otras cuentas del Grupo Vicentin, mientras que más de U$S 20.000.000 fueron desviados por los empresarios mediante transferencias al exterior y facturación apócrifa”, dictaminó el fiscal Pollicita.
Al solicitar las indagatorias, la acusación reconstruyó la operatoria y señaló que el Grupo Vicentin era el cliente más importante del banco, al punto de concentrar una porción del crédito disponible superior a lo permitido por las normativas de riesgo crediticio.
A pesar de que la agroexportadora dejó de pagar sus obligaciones el 9 de agosto de 2019, los directivos del BNA no gestionaron el cobro de la deuda vencida, que escalaba por entonces a 150 millones de dólares.
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La investigación reveló que, en lugar de reclamar el dinero o retener los fondos que la empresa tenía depositados en cuentas de garantía, las autoridades del banco permitieron su liberación y así Vicentin pudo retirar los fondos que tenía congelados en el sistema bancario.
De acuerdo con el dictamen fiscal, los funcionarios del BNA “omitieron deliberadamente cobrar la millonaria deuda” y, aún peor, “les otorgaron nuevos empréstitos cuando aquello se hallaba expresamente prohibido por la normativa que regula a la actividad”.
Esto último ocurrió en noviembre de 2019, cuando el banco aprobó nuevos créditos por un total de 105.500.000 dólares. Esta decisión se tomó a pesar de que la compañía ya registraba deudas vencidas, no tenía calificación crediticia vigente y el propio Banco Central había emitido normativas que impedían seguir prestando dinero en esas condiciones.
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Para concretar estos nuevos préstamos, se montó una “puesta en escena” en la cual “los funcionarios simularon que hacían todo lo posible para asegurar el cobro, a la vez que los empresarios, que desde octubre de ese año sabían que les serían otorgados los créditos, aparentaron que hacían todo lo posible por cumplir”, sostuvo Pollicita en su dictamen.
El dinero que salió del control estatal tuvo destinos que complicaron su recuperación. La pesquisa detectó que se utilizaron facturas apócrifas para justificar gastos falsos por un valor cercano a los 3,7 millones de dólares. Además, se realizaron transferencias al exterior por casi 17 millones de dólares mediante operaciones simuladas, y parte de esos fondos terminaron en cuentas bancarias ubicadas en paraísos fiscales.
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El perjuicio total calculado ascendió a una cifra cercana a los 264,5 millones de dólares en concepto de deuda vencida y exigible hacia fines de 2019. Para la Fiscalía, la maniobra requirió la participación coordinada de toda la línea jerárquica del banco, desde el presidente del directorio hasta los gerentes de sucursal, quienes autorizaron los movimientos de fondos prohibidos por la normativa interna.
Más indagatorias
El juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa, aceptó varios pedidos de postergación de las defensas y corrió las indagatorias que faltan para el año que viene. Una vez que concluya esta etapa el magistrado decidirá si procesa o sobresee a los imputados.
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Lucas Llach, ex vicepresidente del BNA, deberá comparecer ante la Justicia el próximo 9 de marzo.
La lista sigue con los jerarcas de la cerealera: Herman Vicentin (11 de marzo), Martín Sebastián Colombo (12 de marzo), Roberto Oscar Vicentin (16 de marzo), Máximo Padoan (17 de marzo), Alberto Julián Macia (18 de marzo) y Daniel Buyatti (19 de marzo).
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