La Corte Suprema dejó firme la condena al ex policía que torturó a un acusado por el secuestro de Mauricio Macri

La Corte Suprema dejó firme la condena a ocho años de prisión para el ex policía Carlos Jacinto Gutiérrez por la privación ilegal de la libertad y la imposición de torturas a Juan Carlos Bayarri, uno de los investigados en el secuestro extorsivo de Mauricio Macri en 1991. Este fallo puso fin a un extenso proceso que expuso graves violaciones a los derechos humanos y la responsabilidad del Estado argentino en estos hechos.

El máximo tribunal, integrado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó por inadmisible el recurso presentado por la defensa de Gutiérrez. La resolución utilizó el artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, desestimando los planteos sobre presunta arbitrariedad, vulneración del plazo razonable, derecho de defensa y debido proceso.

Mauricio Macri, quien en ese entonces era vicepresidente de SOCMA, fue secuestrado el 24 de agosto de 1991, en la puerta de su casa del barrio Parque, golpeado, trasladado en una camioneta y encerrado en un ataúd durante el viaje hasta una vivienda en avenida Juan de Garay al 2800, en el barrio de Boedo. Permaneció catorce días encadenado, lapso que terminó tras el pago de un rescate de seis millones de dólares por parte de su familia.

La investigación judicial señaló como responsables a "La Banda de los Comisarios“, grupo conformado por policías federales retirados implicados en secuestros extorsivos similares durante esos años. Entre los principales involucrados se encontraban Carlos Alberto Sablich (fallecido), Carlos Jacinto Gutiérrez y el ex secretario del Juzgado de Instrucción N°25 Eduardo Albano Larrea. En un principio, el Tribunal Oral en lo Criminal N°19 dictó una condena de 16 años de prisión para los tres acusados.

El proceso judicial atravesó varias instancias de revisión. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las sentencias, aunque ordenó ajustar el cálculo de la pena. Luego, otro tribunal redujo la condena a tres años de ejecución condicional. Más adelante, la Cámara Nacional de Casación Penal intervino nuevamente y fijó en forma definitiva la pena en ocho años de prisión.

A lo largo del proceso, Juan Carlos Bayarri, ex suboficial arrestado en esa causa, permaneció diez años en prisión y fue después sobreseído. Denunció haber sido secuestrado por fuerzas de seguridad el 18 de noviembre de 1991 y forzado bajo tortura a confesar una supuesta participación en la banda y en el secuestro de Macri.

En 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino tras ratificar que la confesión de Bayarri se había obtenido mediante tormentos.

La defensa de Gutiérrez agotó las instancias de apelación. El fallo de la Corte Suprema rechazó el recurso y confirmó la condena a ocho años de prisión. El año anterior, el máximo tribunal había ordenado que se investigara la actuación del entonces juez del caso, Luis Zelaya, por la omisión de denuncia ante las torturas perpetradas contra Bayarri.

Los detalles de la investigación del secuestro

Aunque los integrantes de la llamada “Banda de los Comisarios” fueron arrestados entre 1991 y 1992, las condenas por esos delitos recién llegaron cerca de 2001. El juez Rodolfo Canicoba Corral condenó a reclusión perpetua al líder de la organización, pena que luego fue reducida y alcanzada por el beneficio del 2x1. Camilo Ahmed apareció muerto tras caer desde un balcón en Mar del Plata: su cuerpo tenía además un disparo en la cabeza. Sobre él ya pesaba una orden de captura.

Bayarri y Benito lograron dar por probado que habían “confesado” bajo tortura. Ya habían pasado al menos diez años en la cárcel. Según la declaración de Bayarri, durante tres días y noches había sufrido no sólo golpes en la cara, la cabeza y el pecho, sino la aplicación de picana y del llamado “submarino seco”, uno de los varios tormentos aplicados por los represores de la última dictadura, que implica asfixiar a una persona metiendo su cabeza en una bolsa. El integrante de la Policía aseguró que, en efecto, las torturas habían sido en El Olimpo, un centro clandestino de detención del sur de la Ciudad.

Las investigaciones sobre los secuestros extorsivos atribuidos a “los Comisarios” sostuvieron que el objetivo era “hacer caja” no sólo para la banda, sino también para financiar proyectos políticos vinculados a sectores de las más altas esferas militares.